Los Proyectos de Ley 10321/2024-CR, 10329/2024-CR y 10369/2024-CR pretenden derogar la Ley 31914, que garantiza las fiscalizaciones y busca frenar el abuso municipal. En lugar de ello, deben promoverse iniciativas eficientes orientadas a salvaguardar la vida y seguridad de las personas, como el empleo de la gestión de riesgos. 

Estos proyectos, presentados por Silvana Robles (Bancada Socialista), Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Alfredo Pariona (Bancada Socialista), respectivamente, fueron presentados a raíz de la tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza Trujillo. De acuerdo con sus correspondientes exposiciones de motivos, la Ley 31914 habría impedido el desarrollo de actividades de fiscalización municipal. Nada más alejado de la realidad. 

La Ley 31914 es la base legal para realizar fiscalizaciones. Esta norma regula cómo deben hacerse las observaciones y otorga plazos a las municipalidades para revisar subsanaciones. Adicionalmente, permite las clausuras de los establecimientos ante la detección de riesgos inminentes contra la vida y salud de la ciudadanía. 

Antes de la promulgación y publicación de la Ley 31914, las municipalidades contaban con amplia discrecionalidad en los tipos de observaciones que motivaban clausuras de locales. Ello permitía que dispongan el cierre de establecimientos por supuestos de inmediata subsanación como la colocación de un extintor adicional a los declarados o la falta de impresión de un papel. Ello afectaba principalmente a comerciantes locales como pollerías, bodegas, panaderías, entre otros. 

Durante la evaluación de la iniciativa legislativa que dio origen a la Ley contra el abuso municipal, diversas organizaciones que reúnen a pequeños comerciantes presentaron información sobre los efectos de las prácticas abusivas de las autoridades ediles. Por ejemplo, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería informó que en 2022 se registraron pérdidas de S/ 1,700,000 derivadas de clausuras abusivas. La Asociación de Bodegueros del Perú, por su parte, precisó que los cierres abusivos generan pérdidas económicas a sus locales, de los que dependen más de 2 millones de personas. Asimismo, resaltó que se busca combatir los actos de corrupción y de abuso de autoridad. 

Las recientes clausuras de múltiples establecimientos (restaurantes, centros comerciales y tiendas) se han dado precisamente con la Ley 31914 vigente. Ello demuestra que la ley contra el abuso municipal no impide que las autoridades ediles realicen su trabajo. Lo que hace esta norma es reducir los abusos y los espacios para que puedan darse actos de corrupción, lo que fortalece la defensa de la legalidad en la salvaguardia de la vida e integridad. 

SE NECESITAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA

Contrariamente a lo argumentado en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que buscan derogar la Ley 31914, esta norma no ha impedido la actividad fiscalizadora de la autoridad. 

Para evitar que tragedias como la ocurrida en Trujillo se repitan, se requiere de iniciativas que complementen la Ley 31914. Específicamente, con relación al otorgamiento de los Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y una revisión a la normativa vigente que contiene especificaciones técnicas para construcciones. 

Por ejemplo, se debería articular con instituciones académicas, think tanks y organizaciones profesionales, la revisión y actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, debería considerarse la creación de un cuerpo colegiado relacionado con el Ministerio de Vivienda que otorgue los Certificados ITSE (para reducir así los espacios para el abuso y corrupción de autoridades). 

En esa línea, se propone la evaluación de parámetros internacionales en seguridad de edificaciones y su certificación, así como la aplicación del enfoque de gestión de riesgos. Dicho enfoque es un principio recogido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), como parte de las mejores prácticas de regulación y fiscalización del cumplimiento normativo. 

La tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo no debe ser instrumentalizada para derogar normas que promueven la defensa de la vida a través de la fiscalización sin abusos. Las autoridades deben coordinar y articular para la implementación de medidas que complementen la normativa vigente y reduzcan los espacios de corrupción y abuso de autoridad, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía.