Muchas veces, en las políticas públicas o regulaciones sucede que una buena intención no es suficiente para beneficiar a quienes se pretende. Tal es el caso de recientes iniciativas legislativas presentadas ante el Congreso de la República, que con la intención de mejorar la atención sanitaria terminarían por afectar a los usuarios, además de que reflejan una carencia en la focalización de los problemas reales del sector.

Esto sucede porque, en general, los proyectos de ley carecen de un análisis de impacto regulatorio, que implica delimitar el problema, analizar y comparar alternativas de solución, examinar su proporcionalidad y legalidad, y finalmente realizar un análisis costo-beneficio. De esta manera, los problemas identificados normalmente parten de noticias mediáticas, pero no presentan criterios técnicos ni evidencia rigurosa que permita sustentar la regulación propuesta.

La gran mayoría de estos, independientemente del mecanismo planteado, buscan regular el mercado privado de la salud sin prestar mayor atención al sistema público, desconociendo que, en nuestro país, solo el 4%[1] de la población se atiende en establecimientos del sector privado, por lo que las intervenciones en este son limitadas para asegurar un sistema sanitario óptimo. Claramente, desde el sector privado reconocemos que existe un gran margen de mejora y que es necesario ser críticos y no dejar pasar el mal accionar de algunos actores, pero en realidad la clave está en mejorar la provisión pública para solucionar estructuralmente el sector.

VEAMOS SU MÁS RECIENTE EJEMPLO

En esta línea, el Proyecto de Ley 5490/2020-CR, que establece disposiciones que garanticen la transparencia, el derecho a la información y la protección de los usuarios de los servicios de salud, evidencia esta mala focalización del problema. Primero, resulta abiertamente discriminatorio, ya que solo se enfoca en los establecimientos privados, sin incluir a los públicos que, como hemos dicho, es donde se atiende la gran mayoría de ciudadanos. Segundo, plantea mecanismos de regulación de precios, a todas luces inconstitucionales y que terminan por perjudicar a los consumidores que pretende beneficiar. Tercero, busca que las clínicas informen sobre el costo de cada prestación y su desagregación para conocer el margen de utilidad, debiendo incluir el detalle de costos fijos y variables con su justificación probatoria, sin considerar que esta es información privada protegida por la Constitución y por las leyes de propiedad industrial y de datos personales. Incluso, se faculta al consumidor a resolver el contrato si no se encuentra de acuerdo con los gastos del servicio, a pesar de que inicialmente estos se hayan aceptado libremente, lo que limita la seguridad contractual.

Además, establece criterios bastante subjetivos para determinar un aprovechamiento económico abusivo, limitando su aplicación. Por ejemplo, la diferencia irracional entre los costos del servicio de salud y la ganancia del establecimiento privado constituye uno de ellos, o un cobro excesivo de medicamentos con relación al monto promedio de los mismos en su venta externa o una ausencia o insuficiencia de reciprocidad y solidaridad. Ambos casos, además de ser subjetivos, reflejan un control de precios que, como hemos manifestado en ocasiones anteriores, al margen de su inconstitucionalidad, genera incentivos para que los productores no participen en el mercado y se reduzcan las opciones para los consumidores (ver Semanario 1026).

Es claro que iniciativas de este calibre persiguen objetivos válidos, los cuales también compartimos, pero sus propuestas de solución se quedan en la popularidad y no responden a criterios técnicos que garanticen o promuevan su éxito. Por ello, son urgentes acciones que coloquen al paciente en el centro del debate, más allá de intereses particulares que terminen desviando la atención de lo importante. Proyectos como el anterior abundan en las últimas legislaturas, pero finalmente su impacto sobre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos es discutible y no responde a las necesidades de un sistema integral de salud.

Hacemos un llamado al Congreso para que, más allá de formular propuestas que a simple vista puedan parecer beneficiosas, promuevan legislaciones que tengan al ciudadano como su activo más importante. Necesitamos un Poder Legislativo que promueva una mayor innovación en el sector público y así más pacientes se beneficien, o mayor prevención para evitar costos futuros.

[1] De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020 – Trimestre I, un 78.4% de peruanos contaba con algún tipo de seguro a inicios de este año. En particular, el 75.5% tenía un seguro público (SIS, EsSalud, sanidades de FF. AA. y PNP) y solo un 4%, un seguro privado (EPS, seguro privado, escolar, universitario, otros).