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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PRESUPUESTO NACIONAL?

Por ComexPerú / Publicado en Junio 08, 2018 / Semanario 940 - Hechos de Importancia

El aumento de impuestos fue la medida que tomó el Gobierno hace algunas semanas para frenar la estrepitosa caída de los ingresos públicos en los últimos años. Con ese fin, se tomó la decisión de incrementar el impuesto selectivo al consumo de ciertos productos, como los combustibles, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas y algunos vehículos, lo que produjo malestar en ciertos sectores de la población, como el de transportistas, que amenazó con paros y huelgas por el impacto de dicha medida en sus actividades.

Por su parte, el sector empresarial viene percibiendo políticas más rígidas con respecto a las devoluciones de impuestos, así como un recrudecimiento en la aplicación de los mecanismos que generan recaudación relativamente sencilla para la Sunat, como el de los sistemas de pago adelantado del IGV, pero que generan cargas a los contribuyentes para atender estos requerimientos de “recaudación delegada”. Ante esta situación, cabe preguntarnos qué está pasando con los ingresos tributarios en el Perú y por qué el Gobierno está tomando dichas medidas.

Para ponernos en contexto, es importante tener en cuenta que, en 2017, los gastos del Gobierno excedieron a sus ingresos. Así, el Perú registró un déficit fiscal que representó un 3.1% del PBI, el resultado más alto de los últimos cinco años (obtuvo un resultado positivo del 0.9% del PBI en 2013, pero luego inició los resultados deficitarios con un -0.3% en 2014, un -2.1% en 2015 y un -2.6% en 2016), de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).




Frente a esto, podemos decir que son dos factores los que nos están jugando en contra. El primero es la inversión casi paralizada, producto de las señales ambiguas que como país seguimos enviando a los empresarios, sobre todo en los sectores petrolero, minero y agropecuario, de los más grandes e importantes para nuestro país. La inversión privada fija cayó un 2.2% en 2014, un 4.3% en 2015 y un 5.7% en 2016. En 2017, se recuperó, aunque muy levemente, con un crecimiento del 0.3%. Debemos entender de una vez por todas que sin inversión privada no se dinamiza la economía, no se generan puestos de trabajo, no se compran bienes a la industria local para producir y operar, no se obtienen mayores pagos de impuestos a la renta privada ni transferencias como canon o regalías. Poner piedras en el camino a la inversión no solo afecta la economía del país, sino que le quita la oportunidad a los ciudadanos de a pie de tener mayores oportunidades de empleo y, con ello, un mayor ingreso que mejore su calidad de vida.

El segundo es el incremento año a año de los gastos corrientes del Estado, sin asegurar ni la inversión privada ni un ingreso tributario sostenido. Mientras que en 2015 y 2016, los ingresos del Gobierno peruano caían un 3.9% y un 0.4% con respecto al año anterior, los gastos crecían un 5.1% y un 0.8%. Incluso, en 2017, si bien logramos recuperar en parte los ingresos, con un incremento del 3.2% con relación a 2016; los gastos se incrementaron también, y en nada más y nada menos que un 7%. Así no hay bolsillo que aguante. Es interesante resaltar, además, que entre 2011 y 2017 casi se duplicó el gasto en sueldos del sector estatal. De hecho, de los S/ 107,436 millones de gasto corriente que registró el Gobierno en 2017, un 40% fueron remuneraciones, que además crecieron un 9% con respecto a 2016 y un 20% frente a 2015, de acuerdo con cifras del BCRP.

Entonces, una inversión privada relativamente estancada, ingresos tributarios que no aumentan (producto, en buena parte, de la gran informalidad en nuestro país), un gasto público corriente que crece cada año y la necesidad de atender urgencias en nuestro país (como la reconstrucción del norte, la mejora de la provisión de servicios básicos de salud y las instalaciones de los juegos panamericanos) forman parte de la receta perfecta para el caos.

Urgen políticas claras y concretas para atacar y reducir la informalidad en nuestro país, la cual supera el 73%. Mientras esto no sea una política de Estado, con objetivos cuantificables y medidas muy bien especificadas y efectivas, el margen para incrementar la recaudación y sostener el nivel de gasto que necesitamos será muy pequeño.


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