La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la mayor cantidad de población con acceso a internet y smartphones, y el veloz desarrollo de aplicaciones han permitido la aparición de un modelo económico alternativo al tradicional: la economía colaborativa. Este modelo se basa en la conexión entre oferta y demanda para intercambiar y compartir bienes y servicios a través de plataformas digitales. Así, sectores como el transporte, el alojamiento, el turismo y el ocio, por citar algunos, han vuelto más eficientes sus procesos de producción, distribución y consumo (ver Semanario 993).

Particularmente, en el sector de transporte urbano se ha evidenciado una gran evolución en su actividad a partir del desarrollo de aplicaciones que crean plataformas de intermediación entre conductores privados y pasajeros. Esto ha generado una serie de beneficios para los agentes involucrados en la actividad, como por ejemplo, brindar mayor confianza a los usuarios pasajeros al brindar información relevante, como la identificación del conductor, mediciones de reputación, la placa, marca y modelo del vehículo que maneja, además le da la capacidad de rastrear la unidad antes y durante el servicio mediante GPS. Asimismo, el costo del servicio es conocido antes de tomada la decisión y puede ser comparado entre distintas aplicaciones, por lo que el usuario pasajero puede realizar una elección eficiente de acuerdo con sus requerimientos específicos. Además, en una coyuntura de crisis económica, las aplicaciones de movilidad son una importante fuente de generación de ingresos para los usuarios conductores.

De igual manera, las aplicaciones de transporte privado brindan seguridad al ser necesario un proceso de verificación que incluye la revisión de antecedentes penales y policiales, licencias de conducir, SOAT y evaluaciones psicológicas de los conductores. Además, se generan beneficios en términos de optimización de desplazamientos, pues sus socios conductores circulan por lugares y en horarios en los cuales realmente se requieren sus servicios, lo que disminuye el tránsito ineficiente en vías públicas y la contaminación; por otro lado, las aplicaciones de transporte cuentan con pólizas de seguro contra accidentes que cubren tanto a conductores, como a pasajeros y terceros que pueden verse involucrados en accidentes durante el viaje.

Con los beneficios mencionados, se reconoce que la economía colaborativa es un modelo que promueve la eficiencia y competitividad en el sector de movilidad urbana. Actualmente, se destaca su crecimiento en el país, particularmente en Lima, con una mayor presencia de empresas privadas con plataformas digitales que apuestan por este mercado. La mayor oferta se encuentra respaldada por una demanda creciente debido a una mayor relación entre la población y el uso de tecnologías. Esto se evidencia en los recientes resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones de Osiptel, donde se menciona que, en 2019, el 81.8% de habitantes de Lima Metropolitana hacía uso de internet, en comparación con el 67.7% de 2015, y que el 78.8% tenía acceso a un smartphone en 2019, cuando en 2015 esta cifra era apenas del 52.8%.

De esta manera, se confirmaría que la población se encuentra más conectada, lo que genera la expectativa de un mayor desarrollo de la economía colaborativa. Es importante mencionar que esta impulsa el desarrollo de la economía digital, por lo que, como hemos mencionado en ediciones anteriores (ver semanarios 1013, 994 y 963), es importante no generar barreras de entrada en los sectores donde se desarrolla el modelo. Por ello, se debe promover una regulación eficiente del transporte de movilidad urbana, que considere la diferencia del servicio tradicional de taxi con la actual dinámica de las aplicaciones móviles, pues de otra manera se actuaría en detrimento del actual modelo y se generarían pérdidas de eficiencia, lo cual sería inaceptable frente a los altos niveles de informalidad en la movilidad urbana y de congestionamiento.

Así, sobre el actual Proyecto de Reglamento que regula la prestación del servicio público de transporte especial de taxi en Lima y Callao, debe considerarse que la imposición a las plataformas tecnológicas de vincular exclusivamente a los usuarios de la plataforma con conductores que se adecúen a la definición de operadores, según el numeral 13 del artículo 5 del proyecto, atenta contra el desarrollo de la economía colaborativa, pues impone cargas regulatorias adversas a la tendencia. Asimismo, en los artículos 29 y 30 se enuncian condiciones y requisitos que encarecerían las operaciones de los conductores al generar sobrecostos obligatorios y desincentivarían el uso de plataformas digitales. 

Lo último significaría una menor oferta para satisfacer la necesidad de transporte de un usuario, por lo que el precio aumentaría y, de igual manera, la ineficiencia en el transporte, con las consecuentes pérdidas económicas para la población. Por tanto, es importante que el servicio de transporte intermediado por aplicaciones digitales sea considerado como el servicio privado que es, y no categorizado como un servicio público.

Las aplicaciones intermediadoras de transporte privado han solucionado graves problemas de orden público, por lo que debe reconocerse la singularidad de sus operaciones y fomentar la competitividad del sector, no cargarlo de regulaciones innecesarias que, finalmente, se transformarían en perjuicios para la sociedad.