De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en 2017, el déficit fiscal fue del 3.1% del PBI. En abril de 2018, este bajó al 2.6% y, para 2019, se estima un déficit fiscal del 2.9%, lo que sería consistente con una consolidación fiscal. En ese sentido, asegurar los recursos públicos resulta fundamental, ya que estos financian los proyectos de inversión pública necesarios para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Si bien nuestro país viene inmerso en una serie de discusiones con respecto a decisiones de política que el Ejecutivo ha tomado en materia fiscal y tributaria, así como acciones en sectores clave de la economía; es necesario llamar la atención sobre un hecho que se estaría soslayando: la promoción de la inversión privada (que representa alrededor de un 20% del PBI), que juega un rol sumamente importante no solo para asegurar ingresos públicos, sino para lograr un crecimiento sostenido. Es en esta variable en la que el Ejecutivo debe poner un especial énfasis, para recaudar mayores recursos, pues, como veremos, existen evidencias de que los “rendimientos” de la inversión en nuestro país se encuentran, en algunos sectores, muy venidos a menos, como consecuencia de las políticas internas y las “señales” que se envían al mercado.

Un claro ejemplo de lo anterior es la tendencia decreciente que los recursos de la minería y del sector de hidrocarburos han presentado en los últimos años de la actual y la anterior gestión, aunque con un ligero repunte desde finales de 2017 debido al alza en los precios internacionales del crudo y de algunos metales. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estos sectores representaron un 14% del PBI en 2017, por lo que las políticas para su desarrollo son de especial relevancia para la actividad económica del país. De acuerdo con cifras de la Sunat, los ingresos recaudados de estas actividades cayeron sostenidamente entre 2011 y 2017, al pasar de S/ 15,153 millones (23.6% del total recaudado) a S/ 9,138 millones (11.3% del total). No obstante, hacia abril de 2018, se recuperaron en un 70.4% más que lo recaudado en el mismo periodo de 2017.

Así, los ingresos tributarios por concepto del impuesto a la renta (IR) de tercera categoría en estos dos sectores también se contrajeron un 68% en el periodo 2011-2017. Sin embargo, hacia abril último, debido en parte a la tendencia alcista en el precio de los commodities, el IR por minería e hidrocarburos repuntó un 87.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Otros indicadores son los ingresos por concepto de canon y regalías en estos sectores, que se vieron afectados en los últimos años. Por ejemplo, según información del Ministerio de Energía y Minas (Minem), las transferencias de recursos (canon, regalías, derechos de vigencia) generados por la minería para las regiones cayeron un 35.6% en el periodo analizado, mientras que, de acuerdo con información de Perupetro, las regalías por contratos de licencia y servicios en hidrocarburos cayeron un 58.5% en el mismo periodo.

Las condiciones y la normativa nacional de estos sectores resultan menos atractivas que aquellas ofrecidas por potenciales competidores, lo que incide en los niveles de inversión en la actividad minera y de hidrocarburos en nuestro país. Por ejemplo, en diciembre de 2017, Perupetro dio a conocer que 22 contratos fueron suspendidos por razones de fuerza mayor: 7 por gestión y aprobación de estudios de impacto ambiental y 11 por conflictos sociales. Así, 2017 fue el año con el mayor número de contratos acumulados suspendidos por fuerza mayor desde 2011.

En este contexto, y ante la tendencia a la baja de los recursos del Estado en sectores clave como los analizados, los indicadores muestran que urge dar un mayor papel a la inversión como medio de recaudación, mediante medidas de promoción como la simplificación y el respeto de la institucionalidad en el marco normativo de estas actividades. Debemos asegurar mayores recursos a través de medidas sostenibles y razonables, pues estas, probadamente, dan réditos al país. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la inversión minera contribuye significativamente, y se estima que cada S/ 1 invertido incrementa el bienestar nacional en S/ 0.58 a lo largo de 10 años.

Con un nivel de pobreza del 21.7% y una larga brecha por cubrir en educación, salud e infraestructura, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo recursos. Asegurémoslos, sí, pero de manera sostenible, promoviendo un ambiente para continuar creciendo.