Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un séptimo retiro a los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con la aprobación de esta medida, la gran mayoría de los afiliados sumarían menos de una unidad impositiva tributaria (UIT) ahorrada en su cuenta de jubilación. Es decir, menos de S/ 5,150. 

El sistema previsional ya enfrentaba serias limitaciones para la cobertura universal de la población. Ahora, también carece de ahorros suficientes para asegurar pensiones dignas a sus afiliados. Frente a este contexto, se hace inminente una reforma del mencionado sistema. 

Para ello, es importante tener presentes dos aspectos fundamentales: i) en 2023, solamente 6,922,953 trabajadores estuvieron afiliados al sistema previsional (40.3% del empleo total); ii) el 69.2% de esos trabajadores lo hizo mediante una AFP, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Esto demuestra que la población peruana prefiere el mecanismo de ahorro individual, lo cual debe priorizarse en una eventual reforma del sistema, en lugar del uso de fondos comunes que caracteriza el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 

El fracaso del sistema previsional peruano repercute en las pensiones para la vejez, pero también en las condiciones de empleo. Por ejemplo, en las zonas rurales, donde la proporción de trabajadores afiliados al sistema previsional fue de apenas un 13.7% durante el año pasado, el 69.9% de la población adulta mayor de 65 años participó activamente en el mercado laboral, dado que requieren de estos ingresos para subsistir. En contraste, en las zonas urbanas, el 46.5% de los trabajadores está afiliado al sistema de pensiones y solo el 34.9% de la población adulta mayor trabajó o buscó empleo durante 2023. 

Dado que el empleo decente implica el acceso a seguridad social, es imposible reducir la informalidad laboral sin una mayor cobertura del sistema de pensiones. En ese orden de ideas, ¿cuántos trabajadores se formalizarían si existiera una cobertura universal? 

De acuerdo con estimaciones de la EPEN, el año pasado se registraron 12,222,044 trabajadores informales en todo el país, con lo cual la tasa de informalidad laboral se situó en un 71.1%. De este total, 2,106,129 empleos informales se generaron en empresas que sí estaban registradas ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) (17.2%). Más aún, se estima que 1,460,537 trabajadores informales que operaron en empresas “formales” no estuvieron afiliados al sistema previsional. 

En ese sentido, si se llevara a cabo una reforma que asegurara la cobertura universal de pensiones, habría un potencial de formalización de 1.5 millones de puestos de trabajo. En el supuesto de que hubiese existido un mecanismo de afiliación universal al sistema de pensiones en 2023, la tasa de informalidad laboral se podría haber situado en un 62.6% y no en un 71.1%. 

En otras palabras, una reforma adecuada del sistema previsional representa la posibilidad de reducir en casi 10 puntos porcentuales (pp) la tasa de informalidad laboral. Cabe resaltar que, entre 2010 y 2019, apenas disminuyó en 4.4 pp y parte importante de dicho progreso se disipó en la pandemia. 

Entre los departamentos más beneficiados por una reforma como la mencionada destaca Lima, donde se registraron 659,409 trabajadores informales, sin afiliación al sistema de pensiones y que laboraban en empresas registradas ante la Sunat. Ellos representaron el 45.2% de los empleos en estas condiciones en todo el país durante el año pasado. En la capital, la formalización de dicha cantidad de trabajadores hubiese generado una reducción en su tasa de informalidad del 59.4% al 48.6%. 

El segundo departamento con mayor potencial de beneficios es La Libertad, con 92,802 empleados en esa situación, cuya formalización hubiera permitido una reducción en la tasa de informalidad de 8.0 pp. En tercer lugar se encuentra Piura, con una disminución potencial de 6.7 pp. 

Y ¿QUÉ PROPONE EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL SISTEMA?

En octubre del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió el proyecto de ley N.° 6120/2023-PE al Congreso, en el cual se desarrolla la propuesta para la creación del nuevo Sistema Previsional Peruano. Esta iniciativa considera la organización del sistema previsional en cuatro pilares: i) No Contributivo, ii) Semicontributivo, iii) Contributivo y iv) Voluntario. Cada uno está diseñado para perfiles específicos de la población, según su condición socioeconómica y preferencias de ahorro. 

El pilar No Contributivo se caracteriza por una administración y financiamiento pública, a fin de garantizar la cobertura asistencial de la población en edad de jubilación que no tenga una pensión en función de sus aportes y que cumpla con los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Esto se asemeja al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, que establece los mismos criterios. Por ello, es importante tener presente que los criterios actuales de priorización de hogares distan de ser óptimos, además que, como los demás programas sociales, están infiltrados por población que no cumple los requerimientos para acceder a los programas, y aun así es atendida por estos. 

El pilar Semicontributivo permite el financiamiento complementario para los afiliados al SPP que cuentan con el número de aportes requeridos, pero carecen de un monto suficiente para acceder a una pensión mínima, y aquellos que pertenecían al SNP. El Contributivo promueve la afiliación automática de la población mayor de edad. Y el Voluntario representa un incentivo de ahorro adicional, con libertad de aportes adicionales. 

No es la primera vez que se propone una reforma del sistema previsional ni es la única propuesta de reforma que se evaluaría en el Congreso, porque las comisiones de Economía y de Trabajo también han elaborado alternativas adicionales. Sin embargo, al margen de los detalles adicionales que deben discutirse dentro de cada una de estas, la prioridad debe ser la cobertura universal, que facilite el acceso a los trabajadores más vulnerables. Esto es indispensable para reducir la elevada informalidad.