El pasado 26 de setiembre fue presentado en el Congreso el Proyecto de Ley N.° 289, que busca intervenir en el mercado de estacionamientos a través de la modificación de la ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se presenta este tipo de iniciativa intervencionista en el sector de parqueo vehicular, con el supuesto objetivo de solucionar el déficit existente.

En 2009, se promulgó la Ley N.° 29461, con el fin de regular el servicio de estacionamiento vehicular, sobre todo en temas de seguridad. Se buscó delimitar las responsabilidades de la empresa y el usuario, así como proteger al usuario respecto de pérdidas reportadas o daños comprobados en sus vehículos, dentro de los parqueos.

Ahora, esta ley pretende ser modificada en dos puntos principales: primero, busca que el cobro del servicio de estacionamientos esté determinado por unidades de quince minutos, cuando no se cumplan las horas exactas de uso, y segundo, busca eliminar el concepto de penalidad adicional en caso de pérdida del comprobante de ingreso.

Con este tipo de iniciativas, el Legislativo pretende, una vez más, intervenir sobre un mercado que no lo requiere, ya que la imposición de un sistema tarifario no solo afecta la libre fijación de precios, sino que atenta contra los artículos 61º y 62º de la Constitución, que garantizan la libre competencia y la libre contratación entre las partes.

Punto por punto

Sobre el primer punto, una posible intervención en la fijación del sistema tarifario perjudicará tanto al sector privado como a los usuarios. En primer lugar, generaría sobrecostos en las empresas por un mayor uso de tecnología y tiempo de atención debido a un mayor control de los tiempos. Dichos sobrecostos deberán ser internalizados por las empresas, por lo que finalmente se trasladarán a los precios y perjudicarán al consumidor. Este último también se verá afectado porque se desalentaría la aplicación de tarifas preferenciales y tarifas planas por un tiempo determinado. Debido a ello, el consumidor se vería inducido a optar por la vía pública o establecimientos informales. Opciones que, actualmente, también son limitadas y generan mayor congestión vehicular.

Por otro lado, el sector de parqueo vehicular se encuentra en una situación deficitaria. Los inversionistas ven a este sector como poco rentable, debido a la falta de disponibilidad de terrenos y sus elevados precios, así como a los largos plazos de recuperación de su inversión. Por estos motivos, la oferta de parqueo vehicular es limitada y el Estado debería promover una mayor inversión en el mismo. Sin embargo, el presente proyecto de ley provocaría todo lo contrario y desincentivaría la competencia en el sector de parqueo vehicular. La fijación del sistema tarifario enviará una mala señal a los inversionistas, quienes tendrán mayores sobrecostos y preferirán disminuir sus inversiones, lo que agudizará el déficit del sector.

El segundo punto, referido a la eliminación de la penalidad en caso de pérdida del comprobante de ingreso, también atentaría contra la libre contratación del servicio y generaría un sobrecosto para las empresas. En general, esta medida busca disuadir a los usuarios de cometer conductas perniciosas: por ejemplo, utilizar el parqueo durante un largo periodo de tiempo y perder su ticket de ingreso intencionalmente para evitar pagar la tarifa total del servicio. En ese sentido, la empresa establece una penalidad adicional para no incurrir en sobrecostos y para que el usuario asuma la responsabilidad de costear efectivamente el tiempo del servicio prestado.

Las razones sobran para considerar que esta iniciativa no lograría el objetivo central de enfrentar el déficit de estacionamientos. Al contrario, el usuario se perjudicaría con mayores precios, debido a los sobrecostos impuestos a las empresas, y estas últimas se verían desincentivadas a invertir en un sector que lo requiere urgentemente, pero parece que el Legislativo no se ha dado cuenta. A enviar mejores señales.

Como mencionamos al inicio del presente artículo, no es la primera vez que se pretende intervenir en este mercado, así que, antes de reciclar proyectos de ley, sería bueno que los señores congresistas evalúen realmente la viabilidad y el impacto final en el consumidor, y no limitarse a suponer que las medidas que plantean “no generan gasto al tesoro público”, como si de ello dependiera una correcta aplicación de las leyes.