Recientemente (semanarios 1003 y 1004), señalamos que el Perú ha retrocedido dos puestos en la última edición del Reporte de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), al ocupar la posición 65 de 141 países. Como hicimos en su oportunidad con la edición de 2018, consideramos oportuno desarrollar a profundidad cada uno de sus doce pilares, para entender cuáles son nuestras mayores debilidades y cómo atacarlas, tomando como referencia tanto las medidas realizadas por otros países como nuestras propias iniciativas. A continuación, iniciaremos con el pilar 1, referido a Instituciones, que agrupa ocho subpilares y 26 indicadores.

En dicho pilar, el Perú se ubicó en el puesto 94, cuatro posiciones menos con respecto al año pasado. De los ocho subpilares, nos encontramos en el tercio inferior en la mitad de ellos: seguridad (puesto 120), desempeño del sector público (98), derechos de propiedad (95) y orientación del Gobierno hacia el futuro (108). En el resto, capital social (80), controles y equilibrios (64), gobernanza corporativa (59) y transparencia (91), nos encontramos en el tercio medio. Dicho ello, solo en tres de los 26 indicadores estamos en el tercio superior, mientras que en doce nos ubicamos por encima del puesto 100. Al mirar con mayor detalle, vemos que el Perú es uno de los peores países en términos de costos causados por el crimen organizado (134), la confianza en la policía (131), la independencia judicial (122), la carga regulatoria (128), la protección de propiedad intelectual (124) y la eficiencia del sistema legal para resolver disputas (134), entre otros.  

Estos resultados son un fiel reflejo de que nuestras instituciones no ofrecen la confianza y calidad suficientes para brindar un mínimo de seguridad física y jurídica al ciudadano ni a las empresas, y son también, en la mayoría de los casos, una traba para quien interactúe con ellas. En ese sentido, vale preguntarnos qué hicieron los países que hoy cuentan con buenas instituciones para aprender de sus mejores prácticas.

POLÍTICAS BASADAS EN EVIDENCIA Y EN LAS PERSONAS

A nivel mundial, Finlandia desplazó a Nueva Zelanda como el país con las mejores instituciones al obtener la mejor posición en los subpilares de seguridad, controles y equilibrios, y derechos de propiedad. Estos resultados son consecuencia de una arraigada política de prevención de delitos, un poder judicial independiente en términos de fiscalización, y la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la protección de patentes. En esa misma línea ha actuado Chile, que en Latinoamérica nuevamente encabeza el ranking de instituciones (puesto 32). El país sureño se caracteriza por un uso avanzado de las TIC a nivel público, para combatir el crimen, administrar de forma eficiente los trámites relacionados a patentes, y mostrar transparencia, por ejemplo, en su sistema de compras públicas[1].

Asimismo, cabe resaltar que ambos países se caracterizan por tomar decisiones de política basadas en evidencia científica, una forma de trabajar en las instituciones públicas que ha cobrado más fuerza en los últimos años. Esto en Finlandia ya se encuentra muy desarrollado, al punto de que no se limita a acciones del propio Gobierno, sino que incluye iniciativas de la misma ciudadanía, aspecto importante al evaluar los controles que la población puede ejercer sobre sus instituciones. Quizás uno de los ejemplos más novedosos y llamativos de esta práctica es el experimento del Gobierno finlandés para evaluar la implementación de un ingreso mínimo universal. Los primeros resultados[2], publicados a inicios de 2019, mostraron que, aunque hubo aumentos en varias mediciones de bienestar, no se identificaron cambios en los niveles de empleo, lo que significó un alto a esta política para su mayor revisión.

En cuanto a Chile, uno de sus avances más notorios en este tema fue la creación de la Comisión Nacional de Productividad, institución netamente técnica que realiza estudios por mandato del Gobierno para sustentar reformas y políticas. Entre sus principales hitos, este organismo ha generado evidencia sobre la calidad regulatoria en la normativa de los cinco sectores más grandes de su economía, la productividad de su sector minero, y actualmente se encuentra revisando la propuesta de reducción de la jornada laboral. ¿Se imaginan si nuestro Estado aplicara este tipo de rigurosidad científica?

Como tercer caso, hablaremos de Seychelles (puesto 42), un archipiélago que, en tan solo dos años, aumentó 30 puestos en el ranking de Instituciones, ¡el mayor incremento entre todas las economías! El país africano ha construido políticas y regulaciones que facilitan la actividad empresarial trabajando de la mano con el sector turismo, su principal actividad económica. Esto ha traído un importante crecimiento, acompañado por una elevada inversión social, lo cual, según el Banco Mundial, ha incrementado la confianza de la población en el Gobierno.

Pero lo más resaltante de este país es su “economía azul”. El Gobierno de turno, desde 2016, ha instaurado una mayor relación con la población, dedicada a la pesquería, para tomar en cuenta sus preocupaciones e intereses en el diseño de políticas, especialmente aquellas relacionadas con el uso de aguas marítimas. A raíz de esta interacción, en los últimos años, se ha invertido en mejorar las capacidades públicas en administración de estos recursos naturales y, a finales de 2018, Seychelles emitió el primer Bono Azul del mundo para empresas grandes y pequeñas por US$ 15 millones, que será utilizado como fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo marítimo sostenible.

Vemos entonces que estas economías incluyen en sus instituciones tecnología, evidencia y una mayor participación ciudadana, algo que no podemos decir de nuestro caso. Esto genera que dichos países nos superen en siete de los ocho pilares en cuanto al puntaje absoluto.

¿Y CUÁL ES NUESTRO PLAN?

En términos de iniciativas del Gobierno, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) tiene como objetivo prioritario número ocho fortalecer nuestras instituciones. Cuatro medidas plantean reformas en el sistema de justicia que lo volverían más transparente y, sobre todo, más eficiente al momento de interactuar con los agentes económicos. Hitos como la masificación del expediente judicial electrónico y la implementación de un repositorio digital de resoluciones representan un uso positivo de las TIC en aras de simplificar la resolución de disputas legales, a lo que se le puede sumar el hito que busca la reducción paulatina de procesos ineficientes en las procuradurías públicas. Todo ello, a su vez, representaría una menor carga burocrática. Las reformas judiciales y la creación de un sistema de información anticorrupción también cuentan como medidas que generan instituciones más transparentes y confiables.

Adicionalmente, dos medidas buscan mejorar la gestión y calidad de los recursos humanos del Estado, principalmente a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Trabajadores y organizaciones públicas de mejor calibre permitirían una prestación de servicios más ágil, lo que mejoraría su desempeño ante las empresas y personas. Por su parte, existen tres medidas de gestión territorial que pueden contribuir a mejoras en eficiencia, producto de una mayor articulación entre instituciones a nivel regional. Finalmente, existen dos medidas en el objetivo prioritario seis[3] que pueden contribuir a la mejora del desempeño del sector público: la implementación del análisis de calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio, además de la estandarización y simplificación de procedimientos administrativos.

De esta manera, hemos repasado un grupo de buenas prácticas de países que sobresalen por sus instituciones, las cuales el Perú podría seguir y adaptar, además de la hoja de ruta planteada por el PNCP. Pero todas estas propuestas se quedarán solo en eso si no existe la voluntad política para implementarlas. Recordemos también que el PNCP no abarca el tema de seguridad, uno de los subpilares en los que tenemos un pésimo desempeño. En aras de un mayor crecimiento económico y social, nuestras instituciones deben hacerse un lavado de cara que pasa por volverse más técnicas y empáticas con la ciudadanía.

[1] Mayor detalle de las políticas de estos países se encuentra en los Semanarios 959, 960, 962 y 963.

[2] Disponibles en el siguiente enlace.

[3] Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo.