Propuestas de campaña en contra de una economía abierta, como prohibir las importaciones, alegan que su principal objetivo es beneficiar a la producción local; no obstante, este tipo de iniciativas solo traen consigo perjuicios para el mercado nacional, así como para los consumidores y la economía en su conjunto. 

Basta con remontarse a los años setenta y ochenta para recordar la fallida política de sustitución de importaciones, cuyo objetivo era desarrollar el mercado interno y eliminar la dependencia del exterior. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las restricciones y prohibiciones a la importación fueron acompañadas por un sistema arancelario que contemplaba más de 56 tasas que oscilaban entre el 10% y el 84%, y a falta de capital en determinadas industrias se procedió a crear empresas estatales. La escasez originada por la baja productividad de sectores como el agrícola, propició la creación de la Empresa Nacional de Comercialización e Insumos (ENCI), cuyas importaciones tenían precios subsidiados. Sostener tantas políticas populistas no fue viable, por lo que llegó el punto en el que la crisis económica empezó a reflejarse también en la inflación, que a partir de 1970 se mantuvo al alza. Fue en 1990 que se alcanzó una inflación de 7,481.7%, pero a partir del siguiente año decreció drásticamente, gracias a las reformas económicas aplicadas en la década, entre ellas la promoción del comercio exterior mediante la reducción de las tarifas arancelarias.

Estas medidas ocasionaron que el crecimiento promedio anual del PBI sea de solo un 1.3% entre 1970 y 1990, muy inferior al 4.7% de crecimiento promedio anual entre 1990 y 2010, resultado obtenido gracias a políticas como la apertura comercial y la integración con el mundo.

HABLEMOS CON CIFRAS

Las importaciones alcanzaron US$ 36,759 millones en 2020, lo que evidenció un incremento del 21.6% respecto de lo registrado en 2010. Específicamente, las importaciones de bienes de consumo aumentaron a US$ 9,012 millones en 2020, apenas el 24.5% del total. Por otro lado, el 75.5% importado corresponde a los bienes intermedios, que ascendieron a US$ 16,061 millones, y los de capital, que sumaron US$ 11,668 millones, con un crecimiento del 11.4% y el 16.4% con relación a 2010, respectivamente.

Estos resultados no solo son relevantes por el monto importado per se, sino que también generan empleo a través de las empresas dedicadas al rubro. Entre 2010 y 2020, estas empresas pasaron de ser 25,596 a 38,177, un incremento del 49.2%. Las microempresas son las que mejor explican este dinamismo, pues aumentaron a 25,546 (+52.9%). Por su parte, las pequeñas empresas se incrementaron a 9,520 (+44.1%); las medianas, a 2,580 (+40%), y las grandes, apenas a 531 (+20.7%), durante el periodo de análisis.

En términos de valor de importación, las medianas y grandes empresas sumaron US$ 32,993 millones en 2020, un incremento del 19.3% respecto de 2010, y representaron el 89.8% de las importaciones totales. No obstante, las micro y pequeñas empresas mostraron un mayor dinamismo al alcanzar US$ 3,759 millones (+46.2%), lo cual permitió que aumentaran su participación en el total importado, del 8.5% al 10.2%, durante la última década.

Si volvemos a los bienes intermedios y de capital, aparte de ser mayoritarios en la canasta de importación, contribuyen a la cadena productiva de distintos bienes de producción nacional, como el maíz amarillo duro, los insumos para la confección de prendas y las laptops.

El maíz duro amarrillo se posicionó como la tercera partida más importante de los bienes intermedios durante el año pasado, con US$ 740 millones, lo que representa un 4.6% del total de esta categoría, pero con un incremento acumulado del 70.6% durante la década pasada y un incremento del 96.7% en volumen, tras pasar de 1,903,273 a 3,743,131 toneladas en el mismo periodo. Con ello, se evidencia la caída del precio del maíz importado y la alta demanda, lo cual reflejaría que no basta con el mercado nacional para abastecer su demanda.

Si se evalúa su impacto en la canasta básica, el precio del pollo sería afectado, puesto que este tipo de maíz, junto con la soya, son los principales alimentos para estas aves. Ante la restricción de la importación de maíz y la escasa y aún deficiente producción nacional, los precios se incrementarían ya que la alimentación representa aproximadamente el 80% de sus costos de producción. Cabe resaltar que el pollo representa aproximadamente el 42% de la canasta básica, asevera Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Por ello, es natural que la transferencia de los costos de producción afecte notoriamente la capacidad adquisitiva de las familias y eleve la inflación. 

Asimismo, respecto de los bienes de capital, en 2020, la importación de laptops alcanzó los US$ 678 millones, lo cual reflejó un crecimiento del 69.7% respecto de 2019. Este dinamismo sería explicado por el incremento del trabajo remoto debido a la pandemia. La restricción de importaciones reduciría la productividad de diversos sectores que operan bajo esta modalidad, cuyo principal insumo es la tecnología. Además, la restricción de importaciones no haría más que perjudicar a los más de 220,000 trabajadores que laboran bajo esta modalidad, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la cual mantiene una tendencia creciente.

La restricción de importaciones solo originaría escasez de productos, no solo por la falta de bienes extranjeros, sino por la afectación que recibiría la producción local; además, se generarían represalias por parte de nuestros socios comerciales, lo que perjudicaría el ingreso por exportaciones. Por tanto, en vez de beneficiar al ciudadano, lo sitúa en riesgo de desempleo e inflación. El proteccionismo no solucionó ni solucionará los problemas de fondo de la industria, tales como la baja productividad y competitividad; más que cerrar la economía, son necesarias medidas que ayuden a mejorar el desempeño de los sectores atacando sus principales problemas estructurales, mas no prohibiendo las importaciones.