En diciembre de 2021, el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó el documento normativo denominado “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”.

En detalle, la norma describe el funcionamiento de los tres tipos de prestación del servicio educativo: presencial, semipresencial y a distancia; y dispone que el retorno a las aulas se realizará entre el 01 y el 14 de marzo. Ante ello, resulta oportuno preguntar cómo está la infraestructura educativa a la que se volverá.

De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE), una infraestructura de calidad se define como aquella que es segura (salvaguarda la vida y es resistente ante desastres naturales), funcional (servicios básicos, accesibilidad para personas con discapacidad, adecuación pedagógica) e integrada al territorio (localización adecuada, distribución óptima, relación armónica con el entorno).

El PNIE elabora el diagnóstico de estado físico de la infraestructura educativa a través de cuatro objetivos: (i) Asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la infraestructura educativa existente; (ii) Ampliar la capacidad de infraestructura educativa para atender la demanda aún no cubierta; (iii) Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa; y (iv) Fortalecer la gestión de la infraestructura en todos sus niveles.

Sobre la base de la información existente, el PNIE estimó que el costo de atender esta brecha en infraestructura educativa pública asciende a S/ 100,499 millones, en valor real de 2015. Asimismo, el 72.4% de esta brecha se destina al primer objetivo, es decir, S/ 72,747 millones sería el costo de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura existente ante amenazas naturales, mejorar la provisión de los servicios básicos y la accesibilidad para personas con discapacidad. Para el segundo, tercer y cuarto objetivo se estimó un costo de S/ 21,021 millones (20.9%), S/ 6,591 millones (6.6%) y S/ 140 millones (0.14%).

El diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios del sector educación para el PMI 2022-2024, por su parte, estimó la brecha de calidad en educación a través del siguiente indicador: porcentaje de locales educativos con capacidad instalada inadecuada[1]. En 2020, esta brecha en educación inicial, primaria y secundaria fue del 88.8%, 94% y 87.8%, respectivamente.

A su vez, el Minedu estima el porcentaje de los locales públicos con acceso a los tres servicios básicos. En 2020, este solo alcanzó el 29.1%, lo que resulta preocupante, dado que aproximadamente el 70% de instituciones educativas públicas del Perú no cuenta con estos servicios. 

Los departamentos que tienen este indicador mayor al 50% son Lima Metropolitana (86.8%), Callao (76.9%), Ica (72.5%), Tumbes (68.5%), Moquegua (58%), Tacna (56.5%) y Arequipa (54.5%). Por otro lado, los departamentos que apenas alcanzan el 20% o se encuentran muy por debajo son Loreto (7.2%), Ucayali (8.5%), Huancavelica (14.3%), Cajamarca (18.6%) y Madre de Dios (19.3%).

Ante la crisis sanitaria que estamos enfrentando, preocupa que en regiones como Loreto y Ucayali más del 90% de sus colegios no cuenten con estos servicios, y que más del 80% de locales educativos tengan capacidad instalada inadecuada. Con el retorno a clases, es necesario atender esta situación cuanto antes.

Otro punto importante por evaluar es la ejecución en los proyectos de inversión en educación. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2021, se destinó un presupuesto de S/ 8,097 millones, de los cuales se ejecutó el 72.5%. Asimismo, los Gobiernos nacionales, locales y regionales recibieron S/2,996 millones, S/3,513 millones y S/1,587 millones, de los cuales se ejecutaron el 75.2%, 66.7% y 80.3%, respectivamente.  

Los departamentos que tuvieron una mayor ejecución el año pasado a nivel nacional fueron Moquegua (99.5%), Arequipa (99.2%), Madre de Dios (95.7%), Ucayali (92.6%) y Amazonas (92.1%). Los que tuvieron una menor ejecución fueron Pasco (13%) Junín (49.7%), Cusco (49.8%), Callao (54.5%) y Tacna (62.8%).

A nivel de los Gobierno locales, los departamentos que tuvieron una mayor ejecución fueron Callao (100%), Tacna (90.3%), Ayacucho (79%), Amazonas (76.5%) y La Libertad (74.9%); en tanto los que tuvieron una menor ejecución fueron Cajamarca (52.5%), Apurímac (54.7%), Arequipa (56.4%), Ica (57.3%) y Junín (60.9%).

A nivel de los Gobiernos regionales, los departamentos que tuvieron una mayor ejecución fueron Callao (100%), Tacna (90.3%), Ayacucho (79%), Amazonas (76.5%) y La Libertad (74.9%); en tanto, los que tuvieron una menor ejecución fueron Cajamarca (57.5%), Tumbes (59.5%), Ica (60.4%), Junín (60.5%) y Piura (66.1%).

Como se ha evidenciado, existe una disparidad en la ejecución tanto a nivel de gobierno como departamental. Cabe resaltar que la ejecución en los Gobiernos subnacionales ha sido mayor al 50% en todos los departamentos.

A pesar de la mejora en inversión y ejecución por parte del Gobierno, aún queda mucho por hacer. Al hecho de que la mayoría de los colegios no cuenten con acceso a los tres servicios básicos o tengan capacidad instalada inadecuada debemos sumarle el deterioro de las condiciones físicas de las instituciones educativas, debido a su cierre por dos años.

La pérdida de capital humano, sin lugar a duda, ha sido enorme (ver Semanario 1099, 1090, 1089). Como menciona el economista Pablo Lavado, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, la pérdida de estos dos años de clases significaría S/ 78,991 menos durante la vida laboral de cada escolar de esta generación. Esto equivale a S/ 645,177 millones durante la vida laboral de todos los estudiantes peruanos en conjunto y al 118% del producto bruto interno (PBI) actual.

Si bien el país está enfrentando una tercera ola, no podemos seguir desatendiendo la educación. Las decisiones de política que se realicen deben estar basadas en la evidencia técnica. Aprender a convivir con el virus será vital para continuar con la funcionalidad de las actividades económicas, así como de la educación y nuestro día a día como sociedad.

En suma, el retorno a clases trae consigo una serie de desafíos por atender, situación que demanda planificación e implementación de medidas integrales para encaminar nuevamente la educación de los escolares.

[1] Se entiende por capacidad instalada inadecuada aquella infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente.