De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el Perú ocupa el puesto 128 (de 140 países) en lo que a calidad regulatoria se refiere, con una nota equivalente a 05 sobre 20, puntaje que lo convierte en uno de los de peor calidad normativa en comparación con las economías pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, ocupa el puesto 103 en el pilar de eficiencia del marco legal para cuestionar regulaciones, muy por debajo del desempeño de Chile, que ocupa el puesto 54, y de México, en el puesto 95, países con los que conformamos la Alianza del Pacífico. Por tanto, el análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) y la simplificación administrativa constituyen las bases de una urgente y profunda reforma del sistema de gobernanza pública en el Perú, ya que, sin una adecuada identificación de los objetivos de política pública, sumada a innecesarias propuestas de regulación, no se puede ser un país eficiente que impulse la actividad económica y el desarrollo, sino todo lo contrario.

En este contexto, recientemente, la congresista Mercedes Aráoz ha presentado el Proyecto de Ley 4654/2019-CR, que propone la creación de la Oficina de Asuntos Económicos del Congreso, como órgano técnico y especializado en optimizar la eficacia de la legislación y mejorar la calidad normativa de las iniciativas legislativas, a través de la inclusión de un sistema de análisis técnico mediante informes del costo-beneficio sobre el impacto en la sociedad de los dictámenes elaborados por las comisiones y el estudio del control ex post de las leyes vigentes. Asimismo, en lo que respecta a la metodología utilizada, esta sería establecida por un consejo consultivo de la misma oficina, para así atender de manera prioritaria aquellos dictámenes que tengan un impacto de presupuesto significativo, en materia de competitividad, productividad, empleo, competencia, apertura de mercados, inversión, innovación, ambiente u otros afines, tratados internacionales ratificados por el Perú, y también que tengan impacto en lo establecido por el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público no Financiero.  

Cabe mencionar que, con la promulgación de los decretos legislativos 1310 y 1448, el Poder Ejecutivo ya ha asumido una política de mejora de la calidad regulatoria, que tiene al análisis de calidad regulatoria y al RIA como principales exponentes. Desde su promulgación, hemos insistido en la necesidad de que ese mismo estándar se aplique al Congreso (ver semanarios 897 y 899). La carencia de un riguroso RIA en proyectos normativos ha traído como consecuencia la expedición de normas sin sustento técnico ni evidencia alguna, lo que genera cargas no razonables en la forma de exigencias y costos de cumplimiento desproporcionados que no generan beneficios que compensen estas ineficiencias. Por citar algunos ejemplos, tenemos el Proyecto de Ley 4560/2018-CR, el Proyecto de Ley 3945/2018 y la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

Por tanto, consideramos que la iniciativa planteada por la congresista Araóz es una oportunidad para extender el ámbito de aplicación del RIA a la labor legislativa del Congreso, ya que la propuesta promueve la calidad de proyectos de ley en línea con las mejores prácticas regulatorias a nivel internacional. Sin embargo, lo que debería ser materia de revisión es la estructura institucional de esta oficina. Si su éxito dependerá de su nivel de tecnicidad, autonomía e independencia de los intereses políticos, el que cuente con un consejo consultivo designado por el mismo Congreso y por su mismo periodo de vigencia, pone esto en entredicho. En todo caso, la posibilidad de que la designación del director de la oficina sea realizada por un concurso público llevado a cabo por una universidad de prestigio podría asegurar en mayor medida ese grado de autonomía necesario, y que su permanencia no se sujete a los tiempos del Congreso, sino que tenga carácter indefinido, con causales claras de revocatoria o remoción.

Es momento de emprender un cambio radical para mejorar el nivel y calidad de la producción legislativa en nuestro país, ya que un marco regulatorio inadecuado restringe la competencia y competitividad, genera incertidumbre y desincentiva la inversión, lo que a la par limita el crecimiento económico y desarrollo del país. ¡Apoyemos medidas que beneficien nuestra institucionalidad!