El aumento de la remuneración mínima (RM) fue un tema recurrente en los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia en el último proceso electoral. La propuesta se presentaba como una alternativa de solución a diversos problemas, pues incrementaría los ingresos y el nivel de vida de un segmento de la fuerza laboral, dinamizaría el consumo y, de esa forma, reactivaría la economía en una época de lento crecimiento. Sin embargo, existen diversos factores a evaluar para que el aumento de la RM no sea contraproducente.

En recientes declaraciones, el ministro Alfonso Grados, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señaló que la RM, luego del aumento dado en mayo último, es satisfactoria y un cambio en esta no sería analizado desde el Ejecutivo, sino que debería ser evaluada por el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción de Empleo (CNTPE). Al respecto, cabe mencionar que el CNTPE es un mecanismo de diálogo social y concertación laboral que integra a organizaciones sindicales, gremios empresariales, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y representantes de las organizaciones sociales vinculadas al sector trabajo. Es positivo que se incluya en la decisión a los diversos actores a quienes concierne la política en evaluación, ya que es un paso importante para llegar a una decisión consensuada. No obstante, es indispensable que el CNTPE analice la productividad y las características de la fuerza laboral peruana antes de tomar una decisión, pues existen escenarios desfavorables económicamente que se darían a partir de una decisión equivocada.

Factores a tomar en cuenta

Un eventual incremento de la RM puede ser perjudicial si no se consideran todos los factores que esta medida involucra y sus posibles efectos. El punto más importante a tomar en cuenta es la productividad de la fuerza laboral. Un aumento no respaldado por un incremento en la productividad generaría desempleo, ya que expulsaría de la fuerza laboral a quienes sean menos productivos que el salario exigido por ley; esto afectaría a los trabajadores menos experimentados o poco calificados. Sin lugar a dudas, un grupo en riesgo son los jóvenes, debido a su poca experiencia en el mercado laboral. 

En un análisis realizado por Juan Carlos Hidalgo, Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute, sobre el mercado laboral de Costa Rica, se evidencia que una de las principales causas del desempleo juvenil es el alto nivel del salario mínimo. Cabe resaltar que Costa Rica posee uno de los salarios mínimos más altos de la región. Este, a diferencia del Perú, no es único, sino que varía dependiendo del trabajo y nivel de especialización. Por ejemplo, para un trabajador promedio no calificado, el salario mínimo es de US$ 530 al mes. Asimismo, dicho país posee una de las tasas de desempleo juvenil más elevadas, que ronda el 25%. En el Perú, cuando se pretendió implementar la ley del régimen laboral juvenil, mal llamada ley “pulpín”, las protestas por parte de los jóvenes no tardaron, pues consideraron que una ley que planeaba beneficiarlos, por ejemplo, asegurando su capacitación permanente por parte del empleador, podía perjudicarlos. El aumento de la RM tendría un efecto similar en este grupo si no ocurre un aumento en la productividad, ya que se dificultaría el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

En un reciente estudio de los investigadores de la Universidad del Pacífico, Pablo Lavado, Nikita Céspedes y Nelson Ramírez, se indica que el crecimiento de la productividad laboral en Perú se ha desacelerado a la par con el crecimiento económico. Esto es consistente con las cifras de un informe de The Conference Board, en el que se muestra que el crecimiento anual de la productividad laboral en el periodo 2007-2013, años de crecimiento económico acelerado, fue en promedio del 3.5%; mientras que en 2015, año de desaceleración económica, fue del 1.8%. Y, aunque el crecimiento de la productividad laboral peruana es uno de los más altos de la región, la productividad total es una de las más bajas y supera solo a las de Bolivia, Jamaica y Guatemala.

Otro punto a considerar, previo a un incremento de la RM, es el nivel de informalidad en nuestro país. El 73.2% de la fuerza laboral trabaja en el sector informal y, por ello, este aumento no afectaría a gran parte de la fuerza laboral; es decir, resulta absurdo imaginar que con dicha política se aseguraría el bienestar del trabajador. Asimismo, un aumento de la RM sin un sustento productivo, además de generar desempleo, incentivaría aún más la informalidad. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2015, un 34.2% de empresas informales no se formalizó por su baja producción. Así, serán más las empresas que no se formalicen por este motivo si aumentan los costos de la formalidad y, peor aún, no mejoran en lo que a producción se refiere.

Aunque el aumento de la RM sea una medida políticamente favorable, no siempre lo es económicamente. Si no se realiza tomando en cuenta la productividad de la fuerza laboral y el nivel de informalidad, puede que sea contraproducente y se obtengan resultados contrarios a lo que se pretendía lograr. Debido a su reciente incremento y a la baja productividad, todo indica que no es el momento idóneo para otro aumento; lo que sí es urgente es trabajar en la productividad a través de la educación. El CNTPE debe incluir los diversos factores en su análisis para que la decisión que tomen no perjudique a ningún grupo dentro de la fuerza laboral peruana.