Los principios de libre mercado, libertad empresarial y rol subsidiario del Estado son los ejes de la economía social de mercado, que está claramente establecida en la Constitución Política del Perú. El sector privado se desenvuelve en este marco, invierte, produce, genera empleo y formalidad bajo reglas predecibles y transparentes, y en condiciones competitivas que debe garantizar el Estado, quien a su vez está obligado a impulsar la provisión de servicios de salud, educación, velar por la seguridad y asegurar la inversión en infraestructura para la conectividad del país. Cada uno, sector privado y Estado, tienen roles y responsabilidades claramente definidos.

Desde hace meses venimos alertando de cómo el Estado (Ejecutivo y Legislativo) viene vulnerando gravemente estos principios, al trabar la labor del sector privado en su generación de inversión y empleo o postergar reformas urgentes, en un escenario donde perdemos todos, pero sobre todo el ciudadano, aquel que está a la espera de oportunidades de empleo, el que lucha día a día por salir de la pobreza, y al que solo le queda trabajar duro mientras los políticos lo hacen por sus propios intereses.

Se ha recuperado, sin duda, el liderazgo político, fortaleciendo la imagen presidencial, lo cual es fundamental para establecer el orden en el país. Sin embargo, es momento de que ese liderazgo se traduzca en liderazgo económico, sentando claramente la ruta que el país debe seguir para recuperar el dinamismo del crecimiento sostenido y así generar oportunidades de trabajo para los peruanos. ¿Y qué implica este liderazgo económico? Damos un par de ejemplos.

Es fundamental darle un verdadero impulso político al Consejo Nacional de Competitividad, para que sea el que lidere las reformas pendientes que resultan cruciales para generar eficiencia, facilitación y encender la maquinaria para promover la inversión privada en el país, motor del crecimiento económico. En este sentido, es inaceptable que dentro del propio Ejecutivo se busque menoscabar el rol estratégico que debiera tener esta instancia, como ha venido sucediendo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el Plan de Competitividad que se encuentra en fase de elaboración, interfiriendo en su labor y en la urgencia de una reforma laboral que solo beneficia al trabajador, al crear más oportunidades de empleo formal. Incluso en contra de lo declarado por el propio presidente y su ministro de Economía y Finanzas.

Por otro lado, es urgente un diálogo y entendimiento entre Legislativo y Ejecutivo sobre los principios que rigen la economía peruana. El Congreso no puede seguir desempeñando sus funciones de espaldas a los intereses del país, motivado por intereses particulares o políticos, y creando leyes que generan graves distorsiones a la economía, frenan la inversión en el país y vulneran la seguridad jurídica y los principios constitucionales. Es inadmisible que el Congreso señale que no se extendieron las exoneraciones tributarias a los alimentos o a la inversión en minería e hidrocarburos porque el MEF no sustentó su importancia. O que se haya exonerado del pago del ISC a los casinos y tragamonedas cuando claramente se requiere de un impuesto al consumo para atender la externalidad negativa de este tipo de negocios. Más ejemplos como estos hay muchos y los hemos señalado reiteradamente.

¡Se está perdiendo el norte! Estamos en un círculo vicioso en el que nos empezamos a hundir día tras día, y lo peor de todo es que dejamos la mesa servida a esquemas políticos probadamente fallidos y que solo quieren patear el tablero.

¡Retomemos el liderazgo económico! Trabajemos sector público y privado de manera conjunta, con los intereses del país por delante.