Las asociaciones público-privadas (APP) son un mecanismo para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos con participación privada. ProInversión, promotor de estas asociaciones, proyecta adjudicar 28 proyectos por US$ 7,634 millones al cierre de 2025, con 13 ya programados. Fortalecer estos mecanismos es clave para cerrar brechas en sectores como saneamiento y salud. 

ProInversión cerró 2024 con 16 proyectos adjudicados bajo el mecanismo de APP, por un monto de inversión de US$ 9,000 millones. Este resultado cuadruplica la inversión de 2023, que fue de US$ 2,332 millones, impulsado en gran parte por el proyecto minero Los Algarrobos, el cual considera una inversión de US$ 2,700 millones. 

Actualmente, existen 13 proyectos programados para ser adjudicados en 2025, con una inversión total de US$ 3,326 millones. Estos forman parte de la meta de ProInversión de adjudicar 28 proyectos que, en conjunto, alcanzarían los US$ 7,634 millones al cierre del año. 

El sector de saneamiento lidera la lista de proyectos programados para 2025 bajo esta modalidad, con 7 proyectos por ser adjudicados, que acumulan una inversión de US$ 1,554 millones. Le sigue el sector irrigación y tierras, con un proyecto valorizado en US$ 619 millones. El sector salud ocupa el tercer lugar, con 2 proyectos valorizados en US$ 520 millones, mientras que los sectores educación y puertos y vías navegables registran un proyecto cada uno por US$ 255 millones y US$ 245 millones, respectivamente. Esta asignación de recursos reflejaría una estrategia orientada a fortalecer los servicios básicos del país. 

En la cartera de proyectos de saneamiento previstos para 2025 destacan dos iniciativas clave. El primero es el Proyecto de obras de cabecera y conducción para abastecimiento de agua potable en Lima Este y Sur, con una inversión estimada de US$ 472 millones. Esta iniciativa estatal y autofinanciada se encuentra en fase de estructuración. Por otro lado, el Proyecto de tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso en Trujillo y Chepén, en La Libertad, tiene una inversión de US$ 427 millones. Esta iniciativa privada y cofinanciada también está en fase de estructuración. 

Los proyectos reflejan la prioridad asignada a mejorar la infraestructura hídrica. Por una parte, el 18.9% de los ciudadanos de Lima Sur señala la falta de agua potable como uno de los principales problemas que afecta su calidad de vida, mientras que en Lima Este alcanza el 13.5%, según el informe de Lima Cómo Vamos 2024. Por su parte, las 9 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operativas, 8 en Trujillo y 1 en Chepén presentan deficiencias en su funcionamiento, según una visita técnica de ProInversión en 2023. La precariedad de su infraestructura impide el tratamiento adecuado de las aguas. Cabe recordar que, a nivel urbano, el Plan Nacional de Saneamiento proyecta elevar la cobertura del tratamiento de aguas residuales del 70.2% en 2021 al 79.7% en 2026, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). 

En la cartera de irrigación y tierras, se encuentra el proyecto Sistema hídrico integral del valle Chancay, ubicado en Lambayeque, con una inversión estimada de US$ 619 millones. Esta iniciativa privada y cofinanciada se halla en fase de planeamiento y programación. Actualmente, el valle de Chancay enfrenta una limitada capacidad de almacenamiento de agua, como lo demuestra el bajo nivel del reservorio Tinajones, que a 2024 solo alcanza 39 millones de metros cúbicos. Esta restricción afecta al sector agrícola y se agrava durante los periodos de ausencia de lluvias, según la Gerencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), la cual se encarga de la gestión del reservorio. 

En la cartera de salud se encuentra programada la Operación y mantenimiento del nuevo Hospital de Emergencias en Villa El Salvador, con una inversión de US$ 290 millones, de iniciativa estatal y cofinanciada. El proyecto se encuentra en fase de transacción, es decir, en los procesos finales para adjudicarlo a la concesión ganadora. Es pertinente mencionar que, en Lima Metropolitana, el 98.1%[1] de los establecimientos de salud del primer nivel de atención presentan una capacidad instalada inadecuada, según un informe del Minsa. 

Si el Estado no ha logrado una reducción en las brechas de infraestructura tras años de inversión, el sector privado puede convertirse en un aliado estratégico a través de las APP, correctamente estructuradas y reguladas. Este modelo permite combinar los incentivos de eficiencia y rentabilidad propios del sector privado con la protección de los intereses públicos, lo que impulsa la creación de proyectos que respondan a las necesidades de la población de forma oportuna y aceleren el cierre de las brechas.

[1] Se considera el valor logrado en 2023.