Estamos en el segundo tiempo del mismo partido de fútbol, con un nuevo capitán y recambio de jugadores. Los hinchas peruanos esperan los goles y, como en todo partido, los primeros minutos son los más importantes. Así se encuentra nuestro país, ante un mismo Gobierno, pero con un nuevo presidente de acuerdo con el marco constitucional y un cambio en el gabinete que quiere marcar un nuevo ritmo en la ejecución de políticas públicas. Los primeros meses de este segundo tiempo son cruciales para lograr resultados concretos, atender las expectativas de la población y dar mensajes que impulsen el desarrollo de la economía durante los próximos 3 años.

Mucho se viene hablando en los últimos días sobre las medidas que debe tomar este Gobierno, que pasan por la urgencia de la ejecución de las obras asociadas a la reconstrucción con un marco legal más ágil y eficiente; el impulso a la inversión pública y privada; la publicación del reglamento de la Ley 30737, que reemplaza al DU 003, para salvaguardar los intereses del Estado sin paralizar la economía; atender el tema fiscal a través del aumento de la recaudación, incrementando la base tributaria, eliminando exoneraciones y no gravando más a los pocos formales, así como la reducción de gastos corrientes.

En términos generales, el principal objetivo debe ser, sin duda, el impulso de la inversión pública y privada, al ser esta el verdadero motor del crecimiento económico y social, además de una fuerza generadora de empleo. Para ello, se deben respetar los principios de rol subsidiario del Estado, libre competencia, economía abierta y libre mercado; asegurar un marco legal predecible y transparente, y además impulsar la simplificación administrativa, que representa un gran obstáculo para el impulso a la inversión.

Esa maraña burocrática, que a la larga genera corrupción, sumada a la incapacidad institucional, es la que causa una inadecuada ejecución de los recursos de la reconstrucción, que proyectos mineros o petroleros se encuentren paralizados, que se tenga casi US$ 2,000 millones de inversión en infraestructura retail bloqueados por la Municipalidad de Lima (y varios cientos de millones más como consecuencia de una reciente ordenanza aprobada), que se tenga que esperar al menos 2 años (cuando el plazo es de 90 días) para el registro sanitario de un medicamento, o sufrir una demora injustificada de 2 años para la aprobación del estudio de impacto ambiental para una inversión en zona de selva que generaría cientos de empleos formales, por pura desidia de funcionarios. En suma, plazos que no se cumplen, normas que colisionan unas con otras, funcionarios sin capacidades técnicas, falta de equipo, normas carentes de rigurosidad de calidad regulatoria y demás; todo eso caracteriza al aparato administrativo que crece cada año.

Las facultades legislativas que se solicitarán próximamente al Congreso generan una oportunidad para atender esta problemática y que se aprueben normas de simplificación administrativa y de impulso a las inversiones que corrijan temas aparentemente sencillos, pero de gran relevancia, como el cumplimiento de los plazos que indican las propias regulaciones, fortalecer los análisis de calidad regulatoria y realizar una urgente reingeniería de procesos dentro del Estado.

Hay grandes reformas pendientes que, sin duda, son urgentes; pero si somos capaces de empezar atendiendo temas que probablemente tengan menos problemas para lograr el consenso político, habremos hecho mucho para retomar el impulso de las inversiones y así recuperar el dinamismo de la economía peruana. ¡A meter goles en este segundo tiempo!