El Estado aprobó seis retiros de fondos de AFP desde 2020 hasta 2023. Estos totalizaron S/ 114,000 millones, equivalentes al 11.4% del PBI de 2023, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En abril del año pasado se aprobó un séptimo. Inicialmente, estaban orientados a aliviar la crisis económica de la pandemia, pero ahora se justifican para mitigar la situación económica adversa, la inflación y estimular el consumo. 

Actualmente, existen seis iniciativas legislativas que incluyen retiros masivos de fondos de AFP. Tales son los proyectos de ley presentados por los congresistas Américo Gonza, Darwin Espinoza, Segundo Quiroz, Guido Bellido, Paul Gutierrez y Waldemar Cerrón. Todos estos, al igual que anteriores retiros postpandemia, tienen en común que se justifican en brindar asistencia frente a la crisis económica, la inflación y la necesidad de estimular la economía vía el consumo. 

Como indicamos, los retiros postpandemia se sustentaron como una medida de apoyo ante el menor crecimiento económico y la mayor inflación para los más vulnerables. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) estimó que el beneficio para los hogares más vulnerables fue mínimo o nulo. Esto se explica por el hecho de que los mismos ya habían agotado sus fondos en los primeros retiros o porque nunca contaron con uno al pertenecer al sector informal o independiente. 

Además del reducido beneficio, los retiros perjudicaron los fondos de ahorro para la jubilación de los afiliados. El BCRP estimó que 9 de cada 10 afiliados prácticamente agotaron sus fondos de ahorro para la vejez. Y que fueron utilizados, en su mayoría, para el consumo, mientras que lo poco reservado para el ahorro y la inversión fue a parar a cuentas de ahorro de muy bajo rendimiento. Si bien se observó un aumento del consumo, este impacto fue limitado y solo se dio en un muy corto plazo. 

En respuesta, múltiples entidades nacionales e internacionales han advertido sobre el aumento del riesgo para los afiliados de caer en pobreza durante su jubilación, situación que se vería agravada de aprobarse más retiros. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendaron detener los retiros, reformar el sistema previsional y ampliar las redes de seguridad social para asistir a los trabajadores frente a las dificultades económicas sin arriesgar su jubilación. 

Por otro lado, frente la demanda masiva de retiros, las AFP tuvieron que recomponer sus carteras de inversión para atender las solicitudes de efectivo. Esto significó la venta de activos a menores precios y la necesidad de los portafolios de adquirir otros productos financieros que los previstos originalmente. Esto se ha traducido en una menor rentabilidad esperada para las pensiones futuras, incluso para aquellos afiliados que no realizaron retiros. 

Estas medidas también incrementan el costo de financiamiento en la economía peruana, porque la venta masiva de activos financieros a menor precio elevó las tasas de interés durante los retiros anteriores. Finalmente, el BCRP ha advertido que el Estado podría verse en un problema fiscal en el futuro, ya que muchas personas se han quedado sin jubilación. Se espera que el Estado los cubra con fondos públicos; sin embargo, puede que, llegado el momento, este no sea capaz de asumir dicho gasto. 

¿Cuál es el futuro del sistema previsional?

La situación actual es insostenible, con una fracción reducida de peruanos con acceso a fondos previsionales. Por esto, en setiembre pasado, se aprobó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley N.° 32123), la cual establece una pensión mínima para los afiliados, mayor edad para la jubilación anticipada, limitaciones para los retiros de fondos, afiliación universal, incorporación de los trabajadores independientes, mayor competencia en la administración de fondos y aportes por consumo. 

La reforma recibió opiniones mixtas, pero representa un punto de partida para atender las necesidades del sistema previsional peruano. Entre las principales advertencias destaca la presión fiscal que podría generar por establecer una pensión básica universal y el hecho que no atiende problemas de fondo como la informalidad laboral, el principal reto del sistema, al no permitir que la mayor parte de los trabajadores aporten a un fondo de jubilación por estar efectivamente fuera del sistema laboral y, con eso, del previsional. 

En contra de la reforma aprobada, como mencionábamos inicialmente, existen actualmente seis iniciativas legislativas en el Congreso de la República para aprobar un octavo retiro masivo de fondos de AFP. Además de ir en contra de la ley de reforma, que permite retirar fondos si el afiliado se encuentra en dificultad financiera extrema, también agravará la insostenible situación del sistema actual.

Los problemas que los retiros buscan atacar son mejor atendidos con otros instrumentos de política pública. Asistir a las personas en desempleo se logra mediante la implementación de redes de bienestar social, como han recomendado diversos organismos internacionales. La estimulación del consumo depende mucho del impulso a la inversión. Mayor inversión significa mayor empleo, mayores ingresos y mayor consumo.