El proyecto de ley N.° 6566/2023-CR busca autorizar de manera extraordinaria y facultativa, a los afiliados al sistema privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), el retiro de fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización (CIC). El monto en cuestión asciende hasta un máximo de 4 UIT (S/ 20,600) y, si se aprueba, sería el séptimo retiro que permite el Gobierno a la fecha desde el inicio de la pandemia. Dicho retiro podría hacerse hasta en un plazo de 90 días de publicada la norma, con el fin, según la iniciativa legislativa, de hacer frente a los rezagos de la COVID-19, el fenómeno de El Niño, las presiones inflacionarias y para aliviar la economía familiar.  

Esta medida representa una iniciativa recurrente del Gobierno en los últimos tiempos, con un primer retiro en abril de 2020, que buscaba mitigar el efecto económico generado por la pandemia y el aislamiento social obligatorio, con un monto permitido de hasta S/ 2,000 para la población sin aportes previsionales en los últimos seis meses. Posteriormente, se amplió la población “beneficiada” para incluir a aquellas personas en condición de suspensión perfecta de labores. Estos fueron seguidos por cuatro retiros adicionales, tres de ellos con un máximo de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) y uno con máximo de tres UIT. 

En total, los últimos cuatro retiros aprobados permitieron que cualquier persona con aportes en los fondos AFP pueda retirar hasta S/ 68,100, mientras que, para quienes cumplieron los requisitos de los primeros dos retiros, la cifra asciende a S/ 70,100. A esto se sumaría la iniciativa en discusión, que permitiría un retiro de hasta S/ 20,600. Como consecuencia de estas medidas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estima que alrededor de 8,000,000 de los 9,220,198 afiliados que sumó el sistema en octubre del año pasado quedarían con una cuenta completamente vacía. 

Esta situación permite la libertad de cada aportante de administrar sus ahorros como considere óptimo (consumir, ahorrar en otras alternativas o invertir), en contraste con la obligatoriedad que impone el actual sistema de pensiones. Sin embargo, una inadecuada administración de estos fondos supone el riesgo de problemas de falta de ahorro suficiente para la vejez. Los retiros aprobados, en realidad, representan iniciativas populistas en búsqueda de mayor aprobación y no se sustentan en un análisis técnico que determine su viabilidad. 

Al respecto, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), indicó, en una de las sesiones de la Comisión de Economía, que un nuevo retiro de los fondos de las AFP devendría en una necesidad de aumento del ahorro previsional, un mayor riesgo de pobreza y un incremento del riesgo país. También destacó que, al carecer de un sistema de pensiones alternativo, se está limitando la posibilidad de financiamiento de muchas personas. 

Del mismo modo, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, señala que los quiebres a este esquema no se remontan solo a la pandemia, sino que ya desde el año 2009 nuestros hacedores de política vulneraban el concepto básico de seguridad social (según el cual los aportes, por definición, solo pueden utilizarse al momento de la jubilación), al disponer que las gratificaciones de julio y diciembre estuvieran exoneradas del pago a ONP, EsSalud y AFP. 

Por otro lado, según datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), un 46.8% de los trabajadores que están suscritos al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) radican en el sector informal. Asimismo, un 34.5% de los trabajadores afiliados a una AFP operan en situación de informalidad. 

Dado que las personas más vulnerables se encuentran en la informalidad, tampoco supondría una medida particularmente beneficiosa por este lado. Cabe resaltar que los afiliados que más han hecho uso efectivo de estos retiros se encuentran en los fondos 2 y 3, y específicamente en el rango de edad entre 26 y 40 años. Es decir, quienes más retiran sus fondos de las AFP son personas interesadas en una mayor rentabilidad o adultos jóvenes en plena edad de trabajar, por lo que el verdadero impacto de esta medida no estaría llegando a quienes enfrentan las limitaciones económicas que se argumentan como objetivo del proyecto de ley. 

Debido a la concentración de los fondos y el perfil promedio del afiliado, es cuestionable tanto la capacidad de esta medida como instrumento para mitigar los efectos mencionados al inicio, como el hecho de que vaciar los fondos conduciría a una carga fiscal importante en el futuro cercano. Desde ComexPerú, recomendamos la consistencia en las instituciones, así como la importancia de contar con opciones adicionales para diversificar el riesgo y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo.