De acuerdo con el informe El fin del trámite eterno, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú fue el segundo país de la región con mayor porcentaje de uso de canales totalmente digitales. Así, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe fue del 3.7%, la cifra de Perú fue del 6.7%, superada únicamente por Chile (7.2%).

Además, el reciente reporte e-Government Survey 2020 dio a conocer que nuestro país se encuentra en el puesto 71 de 193 economías según el Índice de Desarrollo de e-Government (EDGI, por sus siglas en inglés) y se mantiene entre los países de América con un alto nivel de desarrollo en la materia. De esta manera, comparte el grupo con México y Colombia, en los puestos 61 y 67, respectivamente; mientras que Chile logró ascender al puesto 34 y ubicarse en el grupo con muy alto nivel de desarrollo.

Si bien aún queda mucho por trabajar, el nivel de provisión de servicios online ofrecidos en el Perú se encuentra muy cerca al de los países de ingresos alto [1]. Lo expuesto es un punto a favor ante la persistencia de la crisis sanitaria, contexto en el cual la digitalización de los servicios de atención al ciudadano y la transformación de los peruanos en usuarios digitales se vuelve cada vez más necesaria.

En esta línea, el BID, en su informe La gestión de la identidad y su impacto en la economía digital, sostiene que un paso clave hacia el Gobierno electrónico es la gestión de la identidad digital, es decir, facultar al usuario elementos que le permitan identificarse y autenticarse en espacios digitales. En ese sentido, llama la atención que, si bien el Perú empezó a emitir el DNI electrónico (DNIe) al público en general desde 2016, según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, durante 2019 solo un 3.1% de la población contaba con este.

La cifra resulta preocupante si se tiene en cuenta que el DNIe, además de la identificación, permite firmar documentos digitalmente con la misma validez legal que la firma manuscrita (ver Ley 27269). Así, con la correcta adaptación de los servicios en línea, el usuario podría realizar cualquier transacción de forma 100% digital. De esta manera, si consideramos que, en América Latina, un trámite totalmente digital demora en promedio un 74% menos que uno presencial, la masificación del uso del DNIe, además de romper la cadena de contagios de la COVID-19, implicaría una amplia reducción de costos para el Estado y de tiempo para los usuarios.

Por ejemplo, la experiencia internacional de Estonia ha demostrado que la introducción de la firma digital redujo en 20 minutos el tiempo de trámite, lo que equivale a una semana de trabajo al año por persona y, en general, a un 2% del PBI de ese país. En el caso peruano, si se estima un tiempo promedio de 8.6 horas para finalizar un trámite [2], en un escenario conservador, el tiempo de transacción se reduciría un 50%, a 4.3 horas, si se migra a plataformas digitales. En esa línea, si el usuario realiza apenas un trámite mensual, en solo 10 meses habrá evitado invertir el tiempo equivalente a una semana de trabajo.

Además, ya que el 40% de los peruanos adultos realiza al menos un trámite en una oficina del Estado [3], el uso del DNIe y de canales digitales sería bastante beneficioso en términos de optimización de tiempo y recursos, puesto que se debe considerar los costos evitados por conceptos administrativos como gastos en útiles y papelería. Asimismo, las oportunidades de corrupción se reducirían. Esto último es especialmente importante si se tiene en cuenta que, según un estudio de Transparencia Internacional, en 2019, un 30% de la población peruana admitió haber sobornado a servidores públicos durante los últimos 12 meses.

Sin embargo, es importante recordar que toda estrategia de masificación del DNIe y la adaptación de diferentes canales digitales deben velar por la igualdad de acceso al servicio. Una posible primera barrera para la construcción de la identidad digital sería la necesidad de contar con una lectora smartcard, por lo que, en línea con lo pensado para la cuenta DNI, las propuestas deberían articularse y fusionarse bajo la idea de claves dinámicas. Velar por la igualdad de acceso es fundamental si se considera que, según el BID, los costos de trámites afectan más a las personas de bajos ingresos.

Ante lo expuesto, queda claro que la eficiencia de los servicios gubernamentales, la digitalización de la población y la reducción de la corrupción son beneficios de la adopción del e-Government, que permitirán reducir costos e impulsar la competitividad del país. Sin embargo, debemos hacer hincapié en la necesidad de utilizar las estrategias adoptadas en su máximo potencial. Por ejemplo, se abre la posibilidad de extender el uso del DNIe de los trámites a las urnas virtuales en futuros comicios.

[1] Según la e-Government Survey 2020, 16 de 58 países del grupo de ingresos medios-altos, incluido el Perú, poseen esta característica.

[2] Según el informe Fin del trámite eterno. Se incluyen los trámites para solicitar o renovar documento de identidad, acceder a un programa social, abrir o cerrar una empresa, denunciar un crimen, pagar impuestos, entre otros.

[3] Información para 2017 disponible en Latinobarómetro.