La pandemia causada por la COVID-19, no solo ha generado impactos en la economía nacional, sino que también se ha visto reflejada en el deterioro de los indicadores de bienestar social de nuestro país. Así, en 2020, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la pobreza en niños menores de 18 años ha aumentado en 13 puntos porcentuales (pp.), mientras que la incidencia de pobreza para la población total ha pasado del 20.2% en 2019 al 30.3% en 2020.

Si se tiene en cuenta que la economía peruana ha crecido a una tasa promedio anual del 5.6% y el 4% para los periodos 2001-2010 y 2011-2019, respectivamente, la problemática social en nuestro país no sería producto de la falta de recursos generados por los distintos sectores de la economía, sino que estaría vinculada con su uso eficiente. Un ejemplo de esto serían los recursos transferidos por concepto de canon, un mecanismo de redistribución de riqueza que constituye una fuente de ingreso importante para algunos Gobiernos regionales y locales. El canon representa la participación de la que gozan estos últimos sobre los ingresos y las rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos naturales. Según la Ley 27506, este recurso económico resultante de la actividad extractiva privada debe ser utilizado principalmente para el financiamiento de proyectos de infraestructura, a fin de generar productividad en las localidades, de forma tal que se retribuya por la extracción de los recursos naturales.

En los últimos cinco años, los departamentos que han recibido mayores transferencias por este concepto han sido Cusco, Áncash, Arequipa y Piura. Lamentablemente, el desempeño de sus autoridades ha frenado la ejecución de los ingresos provenientes por canon y, con ello, el desarrollo de proyectos de infraestructura necesarios para reducir la brecha entre departamentos (ver Semanario 1071), además de alentar el descontento social.

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL

El Instituto Peruano de Economía (IPE) pública anualmente el Índice de Competitividad Regional (Incore). Este set de indicadores permite evaluar el desempeño entre los departamentos en los distintos sectores. Con ello se busca comparar los niveles de infraestructura de los departamentos que reciben mayores transferencias por canon en los últimos cinco años (Cusco, Áncash, Arequipa y Piura) y analizar si dichos recursos han servido para su fin último durante el periodo mencionado, comparando los resultados de 2016 y 2019.

Según los resultados del Incore, Piura ha sido el departamento con peor desempeño entre los cuatro analizados. En 2016, el porcentaje de la red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada de Piura fue del 20.7% (puesto 22 de 25), 15.2 pp. por detrás del porcentaje nacional. Por otro lado, el porcentaje de hogares con acceso a electricidad, agua y desagüe de Piura para el año 2016 fue del 56.8%, 10.9 pp. por detrás de la proporción a nivel nacional. Cabe resaltar que el departamento se vio perjudicado por el Fenómeno de El Niño (FEN) de 2017, el cual agudizó las brechas en dicho departamento. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con acceso a electricidad, agua y desagüe tan solo aumentó en 1.9 pp., mientras que el porcentaje de la red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada retrocedió 1.9 pp.

De igual forma, Áncash también se ha mantenido por detrás del porcentaje nacional para ambos indicadores. En 2016 ocupó el puesto 19 en el ranking del indicador de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada, y el puesto 9 del ranking de hogares con acceso a electricidad, agua y desagüe. En 2019, en el primer indicador subió un puesto (18) y no presentó ninguna variación para el segundo. 

Por otro lado, el Cusco presenta el mejor desempeño de entre los cuatro departamentos comparados para el porcentaje de la red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada, probablemente por la importancia del turismo en el departamento. Sin embargo, retrocedió tres puestos entre 2016 y 2019. Asimismo, Arequipa se mantuvo también por debajo de la proporción nacional para este mismo indicador, tanto en 2016 como en 2019, al ocupar los puestos 20 y 18, respectivamente. Esta situación se invierte para el indicador de hogares con acceso a servicios básicos, en el que aumentó su cobertura en 6.9 pp. en 2019.

De esta forma se observa que el problema no es la falta de recursos, sino una baja ejecución de estos para lograr su fin último, el cual es aumentar la productividad y reducir las brechas sociales con bienes y servicios públicos de calidad para la población. Esto se demuestra con la ejecución de la inversión proveniente del canon y sobrecanon, regalías y participaciones de estos cuatro departamentos juntos. A nivel de los Gobiernos regionales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó que la ejecución para el sector transporte y saneamiento en los cuatro departamentos, en conjunto, fue del 63.9% y el 46.6% en 2019, respectivamente.

A partir de lo descrito, un aumento continuo del presupuesto de los Gobiernos regionales no sería la solución para reducir las brechas estructurales entre los departamentos, dado que existen muchos que carecen de capacidades técnicas o interés para traducir recursos en bienestar de su población. Lo que urge es mejorar la ejecución de la inversión pública en todos los niveles de Gobierno; juntos, Gobierno central y subnacionales pueden y deben hacerlo posible. De lo contrario, se acrecienta el descontento social, caldo de cultivo para las alternativas radicales que plantean tirar abajo todo lo avanzado.