En los últimos meses, el aumento del costo de vida se ha consolidado como uno de los principales problemas que afecta a las familias peruanas. Según cifras del INEI, la inflación interanual pasó del 2.94% en marzo de 2021 al 7.45% en marzo de este año, la tasa más alta desde 1998. Las razones detrás de este incremento serían el aumento en los precios de productos con alto contenido importado y de los combustibles, así como la depreciación del sol.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el significativo aumento de los precios internacionales de la energía y los alimentos, desde la segunda mitad el año pasado, acentuados por los conflictos internacionales, ha generado un incremento en las tasas de inflación a nivel global en magnitudes no vistas en economías avanzadas y países de la región.

Sin embargo, el impacto de la inflación no es igual para todos y ello se evidencia a través del incremento de precios en las principales ciudades a lo largo del país. Mientras que, a nivel nacional, la inflación a 12 meses de marzo alcanzó el 7.45%, 21 ciudades registran tasas superiores y, peor aún, en siete ciudades la inflación interanual superó el 10%. Estas son Moquegua (12.5%), Chachapoyas (12.5%), Huaraz (11.7%), Chiclayo (11%), Puerto Maldonado (10.6%), Pucallpa (10.3%) y Chimbote (10.1%). 

Cabe destacar que esta gran diferencia con el promedio nacional se explicaría porque la inflación registrada para Lima Metropolitana ascendió al 6.8% y, debido a la importancia de esta ciudad en el gasto total, hay un sesgo del promedio hacia abajo.

A esta heterogeneidad se suma el grave impacto que origina el alza de los precios en las familias más vulnerables. Ello debido a que los productos que evidencian mayores incrementos ocupan una considerable proporción en su canasta básica. Para tener una idea, en los hogares más pobres, los alimentos y las bebidas representan más de 50% del total de su consumo, según el INEI.

Al evaluar el aumento de la inflación según los componentes que la explican, identificamos cómo el incremento en las cotizaciones internacionales de los commodities se traspasa a los niveles de precios de nuestra economía y, con ello, afecta más a ciertos segmentos de la población. Bajo el análisis interanual para marzo de este año, las divisiones de consumo que más variaron son alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+11.5%); alimentos y bebidas no alcohólicas (+11.39%) y transporte (+10.02%).

Ahora, diversas instituciones ya comentan sobre un escenario de inflación global que no será de muy corto plazo. A nivel internacional, de acuerdo con el Commodity Markets Outlook, publicado recientemente por el Banco Mundial, los precios de los productos básicos se mantendrían en niveles altos hasta fines de 2024, debido al impacto que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania en los mercados globales. En esa línea, los precios de la energía se dispararían un 50.5% este año respecto del año pasado, mientras que se proyecta un aumento del 22.9% en el precio de los alimentos.

En el plano local, según las proyecciones del BCRP, se espera que la inflación retorne al rango meta entre el segundo y tercer trimestre del próximo año, y empezaría a decrecer desde julio del presente año. Sin embargo, este desempeño esperado dependerá, en cierta medida, del trabajo que se desarrolle desde el lado político. A la fecha, a incertidumbre política ha deteriorado las perspectivas económicas y se ve materializada, entre otros indicadores, en el alza del tipo de cambio y la caída de las expectativas del sector empresarial.

Ante este escenario inflacionario y heterogéneo a lo largo de nuestro país, diversos especialistas han recomendado desarrollar un enfoque territorial y multisectorial con medidas más efectivas que encaucen el trabajo hacia los más pobres. Entre las medidas que se podrían aplicar de manera temporal deben contemplarse la entrega de bonos a beneficiarios de programas sociales que compense el aumento en los precios de los productos de la canasta básica, la rebaja en los recibos de electricidad, fortalecer el programa Qali Warma, mejorar el apoyo a los comedores populares y ollas comunes, entre otros.

Tal como se indicó en la pasada edición, ahora más que nunca, los recursos deben ser utilizados responsablemente y estar focalizados en reducir el impacto para los hogares más vulnerables en todo el país. Y la respuesta debe ser rápida, de manera que mitigue los ánimos populistas (con medidas obsoletas como el control de precios o el pedido de cambio de la Constitución), pero que, a su vez, asegure la eficiencia del gasto público.