Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha publicado el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado (MMMR), en el que se esbozan las principales perspectivas de la economía peruana hacia 2021. De acuerdo con el documento, mientras que el contexto internacional se mantendrá incierto, la economía cerrará en 2016 con un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 4%, impulsado por la actividad minera, que crecerá un 20.1% y aportará al PBI 1.7 puntos porcentuales (pp) en su crecimiento. Mientras que, para los siguientes años, el MMMR indica que el PBI crecerá un 4.8% en 2017, un 4.3% en 2018 y un 4.1% en 2019.

Detrás del elevado crecimiento en 2017 resalta la inversión privada, cuya variación se espera pase del -1.7% en 2016 al 5%. El incremento de esta variable se sustenta en la recuperación de la confianza empresarial durante el presente año, que según las estimaciones del MEF se debe primordialmente a factores locales y no externos. Este es un punto importante, ya que da un mayor margen de acción al Gobierno para mejorar las expectativas de inversión por sus propios medios, como el destrabe de proyectos y la simplificación administrativa. En particular, la nueva inversión provendrá de sectores distintos al minero y de hidrocarburos (ambos equivalentes a un 22% de la inversión privada en 2015), y estará enfocada en proyectos de infraestructura. 

A partir de esta mayor inversión privada, el MMMR plantea que se generará un círculo virtuoso entre inversión, consumo y empleo. Las inversiones en infraestructura crearán nuevas oportunidades de inversión y nuevos negocios, lo que debería incrementar el empleo formal y, por consiguiente, el consumo de las familias. De esta forma, en 2018 y 2019, la inversión crecerá a un ritmo menor (5.5% y 5.9%, respectivamente), pero el crecimiento del consumo privado aumentará del 3.7% en 2017 al 4.5% en 2019.

Dadas estas proyecciones, el MEF estima que la tasa de crecimiento del PBI potencial[1] en el periodo 2016-2021 será del 4%, un número bajo considerando que entre los años 2004 y 2010 esta fue equivalente al 6.4%. Por ello, uno de los objetivos principales consiste en incrementar esta tasa a un 5%, mediante reformas estructurales. Estas se centrarán en dos ejes: una mayor acumulación del capital de infraestructura y un aumento de la productividad total de factores (PTF) a través de la formalización.

No obstante, cabe resaltar que el MMMR trata los efectos de estos dos ejes en diferentes momentos en el tiempo. Si bien se ha estimado que ambos aportarán 0.5 pp a la variación promedio del PBI potencial en los próximos cinco años —tomando en cuenta un escenario muy probable en el que los procesos de formalización tardarán un tiempo considerable en tomar forma—, será la inversión en capital la que, en un primer momento, impulsará el crecimiento, para luego enfocarse en la formalización.

Es decir, se pretende, en primer lugar, crear una infraestructura productiva (agricultura, puertos y carreteras) y de servicios públicos necesaria para reducir brechas de competitividad y generar ambientes propicios para el desarrollo humano y económico. Y, en segundo lugar, realizar políticas a favor de la formalización, tales como la reducción de los costos para hacer negocios, la simplificación tributaria, el mayor acceso al crédito, entre otros, para crear una nueva mano de obra que cuente con los beneficios que trae la formalidad y aprovechar también el nuevo capital, para así aumentar la productividad.

Por lo tanto, a partir de lo expuesto en el MMMR, se entiende que el crecimiento del país hacia el 2021 se encuentra fuertemente vinculado a la inversión. Por ello, será vital que el Gobierno plantee condiciones favorables para esta, pero a su vez deberá estar preparado en caso se presenten situaciones de riesgo. Por ejemplo, si se da un aumento más rápido de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU., el crédito se encarecerá y los capitales se moverán hacia ese país, con lo cual el Gobierno no podría actuar pasivamente, sino que debería generar un ambiente positivo para invertir en el Perú, sacando adelante nuevos proyectos. De igual forma, será importante evaluar el gasto público, ya que un comportamiento desmedido de este podría generar restricciones que impidan la inversión pública, tanto en el nivel nacional como el regional y local. Otras restricciones podrían surgir por malas gestiones de la inversión o la aparición de nuevas trabas.

En síntesis, el Estado debe estar completamente preparado para evitar el atraso de las inversiones, ya que a partir de ellas crecerán el empleo, el consumo y la productividad. De lo contrario, cinco años no serán suficientes.