Recientemente, se ha retomado la discusión de reformar el sistema previsional peruano, el cual se constituye principalmente por el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). Esto porque, a pesar de que el Estado estableció en la Constitución la necesidad de la protección social a los adultos mayores, el diseño del actual sistema presenta diversos problemas que imposibilitan dicho objetivo. Así, si bien su sostenibilidad financiera resulta muy importante (ver Semanario 1036), la baja cobertura es otro de los problemas históricos que enfrenta. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el primer trimestre de 2020, apenas un 38.6% de los adultos mayores a nivel nacional se encontraban afiliados a algún sistema previsional. Situación que evidencia un leve progreso en los últimos 10 años, pues en 2010 la cobertura ascendía al 37.4%. Actualmente, el SNP concentra a la mayoría de los pensionistas, con el 20% del total, mientras que el SPP apenas alcanza el 11.4%. Cabe resaltar que, si bien el resto de los regímenes de pensiones acumulan un 7.2%, estos ya no aceptan nuevas afiliaciones o se encuentran restringidos a determinados oficios, lo que explica su decreciente participación[1].

Al respecto, este problema se explicaría principalmente por el nivel de informalidad laboral en nuestro país, según el Instituto Peruano de Economía. En particular, si bien la estructura del actual sistema previsional exige a todo trabajador afiliarse y contribuir a algún régimen previsional, garantizarlo resulta imposible cuando el 72.9% de trabajadores pertenecía al sector informal en 2019, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Más aún, dicho aporte obligatorio, que para el SPP asciende a un 10% del salario y para el SNP a un 13%, se traduciría en un costo adicional asociado a pertenecer al sector formal, lo que desincentiva la posible afiliación de los trabajadores informales, quienes se caracterizan por no poder o no querer asumir estos costos.

No obstante, los problemas de afiliación también se extienden a los trabajadores formales de bajos ingresos, según una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo realizada el año pasado. Esto debido a la rigidez del mercado laboral, pues ellos no permanecen constantemente empleados en dicho sector. Inclusive, el Boletín Informativo Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ilustra este problema al mostrar que, en promedio, los trabajadores cuyos salarios ascendían a una remuneración mínima vital (RMV) pertenecían nueve meses del año empleados en el sector formal, mientras que aquellos con ingresos menores a una RMV apenas lo hacían cuatro meses, durante el periodo 2014-2017.

PROPUESTAS POR CONSIDERAR

Si bien estos problemas han sido considerados en las propuestas presentadas ante la Comisión Especial Multipartidaria, conformada recientemente para elaborar una reforma integral del sistema previsional peruano, existen recomendaciones desarrolladas por comisiones previas capaces de complementarlas. En particular, en 2017 se conformó la Comisión de Protección Social con un objetivo similar, cuyo informe final también apunta a la creación de un sistema previsional multipilar. Cabe resaltar que, a diferencia de la actual comisión, las reformas propuestas de esta última estuvieron condicionadas a no generar mayor informalidad en el mercado laboral.

Entre las recomendaciones de dicha comisión para alcanzar una cobertura universal, se considera establecer una pensión básica antipobreza. Esta sería equivalente al valor de la transferencia del programa nacional Asistencia Solidaria Pensión 65 y se aplicaría a todos los peruanos independientemente de si trabajaron en el sector formal o informal. Además, en caso el afiliado realice aportes, esta transferencia no desaparecería, aunque sí se ajustaría de manera gradual y decreciente hasta un tope determinado que coincidiría con la línea de pobreza vigente, de manera que se mitigaría el incentivo del trabajador informal para no realizar aportes y, posteriormente, acceder a una compensación por encontrarse en situación de pobreza.

Asimismo, se requiere facilitar el acceso para los trabajadores al sistema previsional, para lo cual se recomendó establecer un subsidio a los aportes de los trabajadores de bajos ingresos. En particular, la comisión propuso conservar un requerimiento de este grupo equivalente al 10% de los salarios, pues una tasa de ahorro obligatorio menor no permitiría generar pensiones adecuadas, pero que, durante los primeros años, solo se contribuya con una parte de ella. Es decir, para no desincentivar la formalización del empleo, el aporte que realizarían los afiliados ascendería al 5% si son menores de 25 años, el 7% si su edad se encuentra entre los 26 y 30 años, y el 10% tras superar estos.

Evidentemente, en caso se decida continuar con el proceso de reforma del sistema previsional peruano, se requiere considerar los impactos que esta generaría sobre el mercado laboral. Si bien alcanzar una cobertura universal puede ser un objetivo deseado, se debe evitar que se introduzcan complicaciones adicionales a la formalización. El problema de la cobertura sería explicado por la decisión de cada trabajador respecto de asumir los costos adicionales de incorporarse al sistema, lo cual solo puede corregirse con un adecuado programa de incentivos que alinee las decisiones de los trabajadores, empresas y gobierno.

[1] El régimen de la cédula viva fue cerrado en 2004. Los afiliados a la Caja de Pensiones del Pescador/Estibador fueron trasladados al SNP, y la Caja de Pensiones Militar/Policial solo admite a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.