En el mercado laboral peruano persisten considerables rezagos en competitividad y calidad del empleo desde hace varios años. Una muestra de ello es que, en el Perú, alrededor del 50% de los trabajadores operaban en condición vulnerable en 2021 (ver Semanario 1119) y con una tasa de informalidad que ascendió al 76.8% el mismo año, lo cual casi igualó los resultados de 2010 (77.1%), según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Es importante resaltar que estas cifras se mantuvieron inclusive durante periodos de crecimiento en la productividad laboral nacional —el valor promedio de la producción generada por cada trabajador—, la cual ascendió de S/ 20,651 a S/ 26,790 a precios constantes de 2007 (+29.7%), entre 2007 y 2014, aunque este dinamismo se redujo durante los últimos siete años, tras ascender a S/ 29,202 a precios constantes de 2007 (+9% respecto a 2014) en 2021.

Esta tendencia se replicó en casi todos los sectores productivos, con excepción de minería e hidrocarburos, los cuales crecieron más durante el periodo 2014-2021. Sin embargo, este crecimiento no permitió mejoras sustanciales en la productividad laboral sectorial, pues se mantuvo una severa heterogeneidad, con bajos resultados en el desempeño de los sectores que más trabajadores emplean. 

Es preocupante el limitado crecimiento de la productividad laboral en los sectores agricultura, pesca (+3.6% respecto a 2014) y comercio (+4%), si consideramos que el PBI nacional aumentó un 30.4% en términos reales durante ese periodo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto pues, en conjunto, ambos concentraron casi la mitad (47.5%) del empleo en 2021, aunque en 2007 ya explicaban el 46.8%. Estas cifras revelan que existe una situación que retrasa el crecimiento agregado de la productividad laboral y limita la mejora de las condiciones de empleo.

Como consecuencia, los niveles salariales se han estancado en los últimos años. En 2021, el salario promedio proveniente del trabajo a nivel nacional ascendió a S/ 1,327, lo cual todavía es un 8% menor con respecto a los resultados de 2019 (S/ 1,443). No obstante, lo más preocupante es la heterogeneidad en los niveles de ingresos, ya que la gran mayoría de los peruanos percibe ingresos mucho menores, inclusive por debajo del salario mínimo establecido.

Esto sucede por la amplia presencia del sector informal, en el que no existe regulación ni supervisión, y que evidencia una sustancial diferencia en productividad laboral respecto del sector formal. Sobre este tema, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estimó que un trabajador formal era, aproximadamente, 4.2 veces más productivo que uno informal en 2018. 

Lamentablemente, en el Perú, el 45.8% de los trabajadores asalariados recibieron ingresos menores o iguales a la remuneración mínima vital (RMV) vigente (S/ 930) en 2021, proporción que se mantuvo casi constante en años previos. Si consideramos el nuevo salario mínimo (S/ 1,025 desde mayo de 2022), la cantidad de trabajadores asalariados que recibió como máximo dicho monto ascendió a 51.5% el año pasado. Es decir, actualmente, las exigencias legales son onerosas para la gran mayoría de los trabajadores, lo cual limita la capacidad de formalización.

A manera de referencia, es importante resaltar que aproximadamente el 22% de los trabajadores en todo el continente americano recibieron ingresos menores o iguales al salario mínimo establecido en cada país en 2019, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta situación evidencia aún más el rezago en competitividad de nuestro mercado laboral.

¿Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CALIDAD?

Si bien existen esfuerzos para revertir la informalidad laboral, durante el actual periodo de Gobierno se han aprobado modificaciones en términos laborales que no se traducirán en una reducción de la informalidad ni crearán más empleos de calidad. Una muestra de ello es el incremento de la RMV, que desconoció los elevados niveles de informalidad e incumplimiento del salario mínimo anterior, pero que fue motivado porque el Perú era uno de los pocos países que no aumentaba la RMV desde hace cuatro años en la región, según el MTPE.

De la misma manera, persiste en el Congreso la intención de modificar el régimen laboral de los trabajadores de exportación no tradicional para incluirlos en el régimen laboral de la actividad privada. Esto supone un perjuicio considerable al reconocer que el 49% de las exportaciones no tradicionales de 2021 pertenecieron al sector agropecuario, según cifras de la Sunat. Además, la producción de este sector se caracteriza por la temporalidad de las cosechas, donde el 64.6% de los contratos formales del sector agropecuario fueron a plazo determinado de obra o servicio en diciembre de 2021, según el MTPE.

Es decir, se intenta replicar el formato de la derogación del régimen laboral agrario (ver Semanario 1094), solo que esta vez atentando directamente contra los exportadores. La propuesta desconoció las características intrínsecas del sector y tuvo la misma consecuencia: imponer regímenes laborales más onerosos sobre una fracción diminuta del total de trabajadores agrícolas, pues la tasa de informalidad de este sector ascendió al 96.1% en 2021, según cifras de la Enaho.

Asimismo, desde abril, se dio a conocer la propuesta del MTPE del nuevo Código de Trabajo, en el que se propone restringir el uso de contratos a plazo fijo, encarecer la indemnización por despido arbitrario, entre otros aspectos. Al respecto, es importante resaltar que el Perú se posicionaba como uno de los peores países en prácticas de contratación y despido antes de la pandemia, a raíz del fallo del Tribunal Constitucional de 2001, sentencia que limitó las capacidades de despido por parte del empleador (ver Semanario 1064).

Esta situación introdujo los contratos temporales en el mercado laboral como respuesta ante lo costoso que resulta despedir a un trabajador, incluso con motivos justificados. Además, existen otros mecanismos para eliminar la posibilidad de despidos arbitrarios, como el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Para solucionar los problemas del mercado laboral peruano se deben priorizar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se necesita reconocer que la regulación tiene efectos directos e indirectos, y que no solo influye en el sector formal. Iniciativas como las mencionadas anteriormente pueden, en teoría, mejorar ligeramente los beneficios de los trabajadores formales, pero a costa de exigirles más a los trabajadores informales que componen la mayoría de la población empleada.

Esto es perjudicial si se considera que los mayores beneficios no salariales e incrementos en la RMV, en caso se materialicen, solo favorecen a un grupo reducido de trabajadores formales, pues aquellos que operan en el límite de la formalidad pueden perder sus empleos ante incrementos onerosos, y aquellos que ya recibían más de lo exigido no son afectados. Por el contrario, se requiere facilitar la creación de empleos formales, pero sin precarizar las relaciones laborales (es decir, no reducir los beneficios indispensables y necesarios como la seguridad, el descanso vacacional, etc.).

Para lograr esto es indispensable capacitar más a la fuerza laboral, pero también priorizar el crecimiento económico, que trae consigo una mayor oferta de empleos de calidad, lo cual incentiva a la población en edad de trabajar a educarse más porque reconocen los mejores beneficios y salarios. Una de las maneras más eficaces para ello es a través de la mayor inversión privada, que rápidamente se traduce en una mayor eficacia productiva (tecnología, maquinaria, etc.) e incrementa la productividad laboral.