Uno de los problemas de salud pública que también debemos hacer frente es el de la adecuada gestión de los residuos sólidos. ¿A dónde van los desechos que generamos? ¿Quiénes velan por su buen destino? ¿Qué deberíamos hacer para mejorar su manejo? Veamos cómo va nuestro país en este tema. 

De acuerdo con cifras del Ministerio del Ambiente (Minam), en 2020, el país generó 7.9 millones de toneladas de residuos sólidos municipales (RSM)[1]. De estos, el 76.4% lo conforman residuos orgánicos e inorgánicos que tienen potencial de valorización (es decir, de ser aprovechables); sin embargo, solo se llegó a valorizar 59,021 toneladas, equivalentes a un 0.98%.

Ante esto, recordemos que las municipalidades provinciales y distritales cumplen un rol fundamental en la limpieza pública. Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es responsabilidad de estas entidades la recolección, el transporte, el tratamiento o reciclaje, y la disposición final segura de los residuos sólidos comunes. Así, a nivel provincial, estas deben contar con un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, mientras que, a nivel distrital, se recomienda tener un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. No obstante, la realidad dista de lo idóneo.

Según cifras del Registro Nacional de Municipalidades 2020, el 11.9% de municipios a nivel nacional no cuenta con ningún instrumento de gestión de residuos sólidos y solo el 55% dispone de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Ahora, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, la cobertura de recolección domiciliaria de residuos sólidos en hogares urbanos pasó del 90% en 2012 al 97.7% en 2019. No obstante, existen debilidades significativas en cuanto a su disposición final. De las 1,844 municipalidades que realizan el servicio de recojo de residuos sólidos, el 84% los deposita en un botadero, el 31.2% los dispone para reciclaje, el 18.3% los destina a un relleno sanitario, el 10.1% lo quema o incinera y el 5.9% restante va para compostaje y otros. Esto es preocupante si consideramos que los botaderos son lugares ilegales que, por ley, deben ser clausurados por las municipalidades provinciales.

Esto se explicaría porque el país carece de una infraestructura adecuada para la gestión de estos residuos, lo que termina por crear basurales mal administrados y que representan un grave riesgo para el entorno. Para tener una idea, según información del Minam, a nivel nacional, contamos con 64 rellenos sanitarios que atienden a 210 de los 1,874 distritos, es decir, solo al 11.2% del total. Peor aún, los departamentos de Arequipa, Madre de Dios y Tacna no tienen ninguno.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Invertir adecuadamente en la gestión sostenible de residuos tiene sentido, ya que los desechos no recogidos o mal eliminados tienen un impacto significativo en la salud, el ambiente y el desarrollo económico; y uno todavía mayor en las poblaciones vulnerables y de menores recursos.

No obstante, existe un problema de gobernanza en el sector que hace que los planes de gestión de residuos no se apliquen adecuadamente, por lo que se requiere fortalecer los organismos encargados de darles seguimiento. Por ello, no basta con crear planes municipales, sino también se debe velar por su implementación efectiva. Según un estudio del INEI, los planes de desarrollo urbano y rural inciden positivamente en la eficiencia de las municipalidades con respecto a la gestión de residuos. A pesar de esto, la gestión de residuos suele pasarse por alto al momento de planificar comunidades.

Por otro lado, se necesita contar con un sistema de información actualizado que permita realizar una adecuada planificación y una gestión integrada de los desechos. Esto permitirá a los Gobiernos locales asignar mejor el presupuesto considerando aliados estratégicos como el sector privado o las ONG para la prestación de servicios.

En suma, el problema de los residuos sólidos es uno de los grandes desafíos que debemos atender si queremos salvaguardar nuestra salud futura. Tenemos una tarea pendiente en cuanto al cierre de los basurales a cielo abierto para garantizar una infraestructura mínima que dé un adecuado final a los residuos. Una alternativa eficiente es la regionalización de la disposición final en zonas urbanas. Un análisis para el caso uruguayo demostró que la regionalización, es decir, la construcción de un único relleno que sirva para un grupo de municipios permite tener economías de escala entre localidades cercanas y optimizar los costos.

De igual manera, un caso de éxito a considerar es la experiencia de Corea del Sur. Este país cuenta con un Plan Nacional de Tratamiento de residuos sólidos que data de décadas atrás y su éxito ha dependido de tres principales factores. En principio, se puso énfasis en la reducción de la fuente de origen de los residuos, para lo cual se brindó incentivos económicos o exigencias monetarias basadas en el volumen de los desechos. En segundo lugar, la política de reciclaje en el país fue de la mano con el fomento y la creación de un mercado de reciclaje a través, por ejemplo, de compras gubernamentales. Finalmente, se reforzó la estrategia de concientización de la ciudadanía para apoyar la gestión de los desechos.

Pero no todo viene del Estado. Los ciudadanos también tenemos obligaciones que cumplir y aportar en el ciclo. Esto va desde realizar una segregación adecuada, almacenar los residuos según las disposiciones sanitarias y ambientales, sacar la basura en el horario indicado y pagar los arbitrios a tiempo. A la par que cumplimos con nuestras obligaciones, exijamos la construcción de un sistema de infraestructura adecuado que soporte los niveles de basura que generamos.

[1] En función a su manejo y gestión, existen dos tipos de residuos sólidos: los residuos de gestión municipal (no peligrosos o comunes) y los residuos de gestión no municipal (no peligrosos, industriales hospitalarios, de construcción y demolición, entre otros).