El proyecto de ley N.° 5997 busca financiar gastos asociados con la reactivación económica y la respuesta ante el fenómeno de El Niño. Este proyecto tiene un costo total de S/ 5,447 millones, de los cuales S/ 3,019 millones se financian con el crédito suplementario y el resto con reasignaciones presupuestales, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero asignar más fondos resultaría una medida contraproducente si la cantidad no es significativa o, peor aún, si estos ni siquiera son utilizados. Es decir, si bien en coyunturas como la que atravesamos aumentar el gasto es una medida técnica, debe enfocarse de la manera correcta y no caer en saco roto, pues los resultados no serían los esperados. 

A setiembre de 2023, el Gobierno nacional ejecutó S/ 13,267 millones de su presupuesto destinado a proyectos de inversión pública, lo cual solo equivale al 53.9% de lo asignado para el presente año, de acuerdo con cifras del MEF. Por ello, en medio de una recesión, resulta cuestionable el efecto que traería consigo la aplicación de una medida que no cumpliría su objetivo. Al respecto, Hugo Santa María, socio y economista jefe de APOYO Consultoría, menciona la importancia de tener instituciones sólidas y reglas de juego claras para lograr un verdadero crecimiento sostenible; asimismo, critica fuertemente los niveles de ejecución actuales. Por su parte, Carlos Casas, exviceministro de Economía, considera que, a pesar de las buenas intenciones del mayor crédito, este no lograría dinamizar la economía. 

De acuerdo con la estructura del proyecto, el Ministerio de Salud es la entidad del Gobierno central que más recursos recibirá directamente, con S/ 506 millones. Sin embargo, el sector salud enfrenta severos problemas de ejecución presupuestal si se considera que, a setiembre, solo se invirtieron S/ 1,231 millones por concepto de inversión pública del gobierno central, un 45.5% de su presupuesto anual. El segundo ministerio más beneficiado es Transportes y Comunicaciones, al cual se le asignó S/ 314 millones. De manera similar, se invirtieron S/ 4,471 millones en estos sectores en conjunto, el 58% de su presupuesto anual. La crítica a la ley aprobada que se desprende de esto incluye que esta podría ser inadecuada para cuando se necesitan resultados, el avance logrado es insuficiente o nulo en el peor de los casos. 

¿CÓMO VAN LOS OBJETIVOS DEL CRÉDITO HASTA EL MOMENTO?

Entre los objetivos del crédito, se encuentra el impulsar la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19. Sobre esto, se tiene que, durante el año 2020 —cuando se comenzó a implementar el programa de reactivación— se destinaron S/ 1,619 millones para inversión en proyectos públicos, de los cuales se terminó utilizando solo S/ 692 millones, un 42.8% del total, según el MEF. En 2021, la perspectiva mejoró considerablemente, al lograr una ejecución de S/ 1,821 millones (78.5% del presupuesto de ese año), pero esto se revirtió en 2022 al invertirse solo S/ 348 millones (55% del total). Por su parte, las proyecciones de ejecución para 2023 aún son imprecisas. Por el lado del programa que entró en vigor este año, “Punche Perú”, si bien no se cuenta con una cifra actualizada de su avance, recibió un presupuesto de S/ 8,993 millones, por lo que es cuestionable que un monto inferior a la tercera o cuarta parte haga la diferencia. 

Por otro lado, también se busca mitigar los efectos de riesgo por el fenómeno de El Niño. Al respecto, se tiene que ya se han asignado S/ 1,279 millones para proyectos con este fin en 2023, según cifras del MEF. Lamentablemente, la ejecución en prevención de desastres asociada a este fenómeno, a pesar de lo recurrente que es para el país, siempre resulta insuficiente por la falta compromiso y capacidades técnicas de las entidades competentes de realizar los proyectos necesarios, y las consecuencias se observan cada cinco años. En ese sentido, es evidente que el panorama económico adverso que enfrenta el país es una consecuencia de aquello que se hizo mal o se dejó de hacer en los últimos años, lo que corresponde a un problema estructural, en vez de una falta de presupuesto. 

Con miras a 2024, es fundamental que el Gobierno central y los Gobiernos subnacionales agilicen la ejecución de los planes, proyectos y obras con los que ya cuentan, además de monitorear su desarrollo. Debemos tener siempre presente que la inversión es el verdadero motor de toda economía. En nuestro país, alrededor del 80% de esta proviene de la empresa privada. En ese sentido, si Estado y empresariado no comulgan en la búsqueda de objetivos comunes, será difícil revertir la situación que atravesamos.