La incertidumbre se apodera de nuestra economía, no solo por los efectos de la crisis sanitaria, cuyo proceso de vacunación aún es lento, sino también por un escenario electoral que se percibe como carente de soluciones efectivas para las urgencias de la población y, peor aún, con intenciones que nos harían retroceder treinta o cuarenta años.

La economía peruana ha venido creciendo ininterrumpidamente por 21 años hasta 2019, bajo un modelo de economía social de mercado, el cual, a su vez, redujo la pobreza sostenidamente, al pasar del 48.6% en 2004 al 20.2% en 2019. Aun así, existen posiciones que cuestionan la efectividad de este sistema aduciendo que permite, por ejemplo, la existencia de monopolios o que se limita la posibilidad de controlar precios “en beneficio de la sociedad”. ¿Realmente necesitamos normas que impidan la existencia de monopolios o que establezcan el control de precios en la economía? ¿Cuánto afectarían a la libre competencia y a la población?

Recordemos que, según la teoría económica, las empresas cuentan con características monopólicas u oligopólicas cuando obtienen lo que se conoce como “poder de mercado” o “posición de dominio”, es decir, la capacidad para influenciar el precio y cantidad de un producto con mayor o menor independencia de sus competidores. Pero obtener dicho poder no es, de por sí, “malo” para la sociedad. De hecho, en muchas ocasiones los consumidores se ven beneficiados, ya que la empresa o empresas con posición de domino suelen ser aquellas que se volvieron más eficientes (con lo cual pueden sacar de competencia a sus rivales), lo que se traduce en menores costos y por ende menores precios finales en el mercado. Por otro lado, también existen los denominados monopolios naturales, mercados que por su propia naturaleza se caracterizan por contar con costos muy altos al inicio, pero con tendencia decreciente, lo cual lleva a que no existan muchas empresas (en muchos casos solo queda una), no por falta de competencia, sino por el mismo hecho de que es imposible que varias pueden soportar dicha estructura de costos.

Así, cuando en el artículo 61° de la Constitución se estipula que los monopolios no son restringidos, se toma en cuenta estos motivos, y se reconoce que no porque existan se está dañando a la sociedad. No obstante, el Estado sí establece que combate el abuso de la posición de dominio o monopólica, lo cual suele hacer por medio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), o por medio de los entes reguladores como el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Pero no solo ello, el Estado también posee el rol de promover la competencia, ya que entiende que es necesario generar incentivos para que las empresas, por más pocas que sean, busquen mayor eficiencia a fin de dinamizar sus mercados. Tal es el caso, por ejemplo, de Osiptel y su intervención en el mercado de internet fijo. La data evidencia que la empresa con mayor participación en el mercado pasó de concentrar el 80% en el primer trimestre de 2016 al 70.2% en el tercer trimestre de 2019. Además, el precio implícito por conexión de internet cayó un 16.1% entre el primer trimestre de 2017 y 2019 (de S/ 62.9 a S/ 52.8), y la velocidad promedio ha aumentado un 181.6% (de 4.9 Mbps a 13.8 Mbps). Así, a setiembre de 2019, el 56.6% de conexiones de internet fija contaba con una velocidad mayor a 16 Mbps, frente a un 2.8% en 2016, lo cual evidencia las mejoras provistas al consumidor.

Respecto de los controles de precios, estos vulneran los artículos 58° y 59° de la Constitución, que establecen el régimen de economía social de mercado y la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la libertad de contratar, lo cual incluye el derecho a fijar precios libremente. Solo en casos con fallas de mercado la regulación de precios puede ayudar a acercarse al ideal competitivo; sin embargo, para determinar tal escenario se necesita efectuar un análisis del mercado en cuestión.

Por otro lado, recordemos lo fallidas que han sido a través de la historia económica del Perú y de otras economías las imposiciones de políticas de precios máximos. Estas solo se tradujeron en escasez de productos, incluso de los de primera necesidad (ver Semanarios 794 y 830).

EL EJEMPLO DEL MERCADO DE SALUD EN EL PERÚ

Solo para dar un ejemplo de lo incongruente que pueden ser las propuestas que prohíben los monopolios y abogan por el control de precios, con el objetivo de “beneficiar” a la sociedad, tomemos el caso del sistema de salud peruano. Si bien en este se percibe una amplia participación del sector privado, es en realidad el Estado quien concentra por mucho la mayor participación. En el Semanario 1033 y el Semanario 1037, señalamos que el Gobierno acapara el mercado tanto en lo que respecta a cobertura en salud y la provisión de medicamentos. Así, por ejemplo, los seguros de salud públicos, como el SIS, EsSalud y las sanidades de FF. AA. y PNP, abarcan el 75% de la cobertura de la población, mientras que el 4% corresponde a seguros privados. Además, también posee el monopolio del mercado farmacéutico, ya que compra el 80% de las medicinas en unidades, mientras que el sector retail y las farmacias privadas, representan solo un 18.2% del mercado.

Dicho esto, uno de cada dos pacientes que recibe receta médica por consulta en un establecimiento público de salud debe gastar dinero de su bolsillo, porque no recibe la totalidad sus medicinas. Además, cabe mencionar que, según el Informe de calidad del gasto público en salud 2019, entre 2015 y 2019, no se ejecutó el 10% del presupuesto asignado al sector, por un valor de S/ 8,718 millones, lo cual habla de la ineficiencia en la gestión de los recursos destinados al sector.

Entonces, prohibir los monopolios en el sector salud, ¿significaría impedir que el Estado dé cobertura y provea medicamentos? Súmese a las ineficiencias del sector las distorsiones económicas que significan establecer controles de precios, y con gran seguridad se generaría una nueva crisis en el sector, con costos altísimos que terminarían perjudicando al consumidor, al paciente, al enfermo.

No olvidemos inclusive otros costos de medidas de este estilo. Prohibir de golpe monopolios o establecer precios máximos incrementaría sin dudas la carga del Indecopi y demás entidades reguladoras, ya que esta labor requiere esfuerzos de supervisión, conocimientos específicos de los distintos mercados que se analizarían, el diseño de metodologías, etc., y todo ello, por supuesto, requiere un mayor presupuesto. Además, incentivaría el desarrollo de mercados negros para los bienes o servicios regulados, lo cual traería escasez en los mercados formales y altos precios en el mercado informal, y perjudicaría aún más a los consumidores.

Hablar de libre competencia es hablar de eficiencia, no solo de los mercados, sino de la intervención del Estado, de manera que la población no se perjudique por las malas decisiones de este último. En ese sentido, no basta únicamente con tener un sistema de regulación que supervise al privado, sino que también se necesita un Estado que mejore su gestión en los mercados en los que participa, enfatizando en el manejo de recursos, el cual aún es deficiente.