El proceso de transformación digital en el Perú es crucial por varias razones. Mejora la eficiencia administrativa y reduce la burocracia. Facilita el acceso a servicios públicos y disminuye la corrupción. Permite a los ciudadanos acceder a servicios en línea, reduce tiempos de espera y mejora la calidad de vida. Fortalece la seguridad y confianza digital. Impulsa la economía. Genera nuevas oportunidades de negocio y empleo. Todos estos aspectos son fundamentales para el desarrollo y la modernización del país. 

Si bien el Gobierno ha avanzado en este frente, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, es mucho lo que falta por trabajar en diversos ámbitos, como gobernanza, conectividad (cobertura y acceso), apropiación, economía y gobierno digital. Para mayor detalle, en 2021, encargamos a Apoyo Consultoría la formulación de una Agenda Digital 2021-2026. Es poco lo avanzado desde esa fecha.  

Mas bien, lo que vemos con preocupación es un exceso de iniciativas desde el Congreso y el Ejecutivo con el objeto de regular distintas áreas del sector, que podrían impactar negativamente en el ecosistema digital. 

En el marco de la Ley N.º 32809 —que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional—, recientemente, se ha publicado el Decreto Legislativo N.º 1623, que regula la aplicación del impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC) sobre el uso en el país de servicios digitales y la importación de bienes intangibles a través de internet. 

Sin perjuicio del efecto recaudatorio de la medida, se debería considerar también que puede acarrear efectos adversos para los usuarios, así como para el desarrollo del ecosistema digital. Más aún en un escenario de reactivación económica. 

Más allá de que la mayor carga tributaria podría generar un incremento de precios para los consumidores, preocupan las disposiciones relacionadas con la revisión de protocolos de internet u otros medios de localización, que irían en contra de disposiciones sobre protección de datos personales, así como el breve periodo de implementación de la medida que contrasta con los mejores estándares y buenas prácticas internacionales. 

En cumplimiento de los estándares de mejora regulatoria y de la construcción multiestamentaria, participativa y transparente de los temas digitales, prevista en la Política 35 del Acuerdo Nacional, se requiere que, para la formulación del reglamento, se considere un espacio de participación público-privado, justamente para debatir los temas de preocupación que genera este decreto legislativo. 

No deberían darse exclusiones en la aplicación del marco legal de mejora regulatoria, como ha ocurrido con este decreto legislativo. La mejora regulatoria es una herramienta eficaz para evaluar los problemas públicos identificados y atenderlos correctamente, con transparencia y consulta desde el inicio. No hacerlo generará malas regulaciones o regulaciones que sean difíciles de implementar en la práctica. 

Tenemos que subirnos al tren de la transformación digital, pero hacerlo bien. Veamos la experiencia internacional y escuchemos las recomendaciones de las organizaciones expertas. Quedarnos rezagados en estos temas impactará fuertemente en nuestros ya reducidos niveles de competitividad y productividad.