Solemos decir que uno de los principales problemas del país es la falta de presencia del Estado en muchas zonas de nuestro vasto territorio, especialmente las zonas más vulnerables, las más alejadas de la capital o de los centros urbanos. La pobreza, la inadecuada provisión de servicios básicos, la anemia, la desnutrición y la baja empleabilidad son allí pan de cada día, y el resultado de un Estado ausente, que no ha cumplido con brindar las mismas oportunidades para todos.

Así, por ejemplo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hacia finales de 2016, un 20.7% de peruanos se encontraban en situación de pobreza (6.5 millones de personas) y un 3.8%, en pobreza extrema (1.2 millones). Aunque esto representa una mejora respecto de años anteriores, es aun preocupante su incidencia en ciertas zonas del país. Por ejemplo, a diferencia de Lima Metropolitana, donde un 11% de la población se encuentra en situación de pobreza, en la sierra rural esta tasa llega a casi el 50%. Lo mismo sucede en la selva rural y la costa rural, que tienen una incidencia del 39.3% y el 28.9%, respectivamente.

Esta alarmante situación se puede ver también en la carencia que existe en dichas zonas. Según datos del mismo INEI, en el primer trimestre de 2017, en el área urbana, a las personas les tomaba 29 minutos en promedio llegar a algún establecimiento de salud. En el área rural, este tiempo asciende a 48 minutos y, en particular, a 1 hora y 39 minutos si hablamos de un hospital o policlínico de EsSalud (en el área urbana es de 38 minutos). Asimismo, mientras que en el área urbana (sin contar Lima Metropolitana) el 31.9% de hogares tiene al menos una persona con déficit calórico, en el área rural esta tasa asciende al 45%.

En cuanto a la situación del agua potable también hay grandes diferencias. Mientras que en las áreas urbanas un 87% de los hogares cuenta con abastecimiento dentro de sus viviendas, en el área rural solo el 60% de hogares cuenta con ello. Y ni qué decir del saneamiento, aspecto clave que incide en la higiene, salud e inocuidad de la población. En el área urbana, el 91% de hogares accede a la red pública de desagüe y en el ámbito rural, solo el 20%.

En este contexto, la necesidad de un Estado presente en las zonas vulnerables es cada vez más urgente. Si queremos un país que avance en igualdad de oportunidades y que brinde desarrollo y bienestar a todos y cada uno de los peruanos, el Estado debe ser capaz de llevar agua, atención médica, educación de calidad, programas de nutrición, identidad e institucionalidad a todos los rincones.

Tambos versión reloaded

Durante el imperio incaico, los tambos eran recintos situados al lado de los principales caminos incas que albergaban a los chasquis durante sus jornadas y, a la vez, servían como centros de acopio de productos importantes para la alimentación de los poblados cercanos, sobre todo durante el invierno. Siguiendo esta premisa, en 2012, el Estado peruano creó el Programa Nacional Tambos, mediante el cual buscó brindar servicios y actividades en materia social y productiva en las zonas más alejadas de nuestro país, principalmente altoandinas, selváticas, zonas de conflicto y fronterizas. Asimismo, lleva a estos lugares instituciones que usualmente no llegarían, como Reniec, Indeci, Senasa, Banco de la Nación, entre otros.

Los Tambos de este siglo son recintos equipados con distintos ambientes, como salas para eventos, dormitorios para los funcionarios que los requieran, cocina y comedor, una oficina, tópicos y servicios higiénicos, y se encuentran a cargo de un “tambero”, quien se desempeña como gestor institucional y recoge las necesidades propias de la zona, conoce la problemática y se comunica en el idioma nativo de su población.

Hasta la fecha, se han construido 308 tambos en 18 regiones del país, que han beneficiado a más de 9,500 centros poblados y que han realizado ya más de 100,000 intervenciones, brindando casi 4 millones de atenciones. De hecho, en su plataforma “Tambook” uno puede hacerle seguimiento a todas las actividades que se realizan en todos y cada uno de ellos, día a día.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tiene como meta instalar cerca de 200 tambos más hasta 2021, y para esto ha incluido 133 de ellos dentro de sus proyectos priorizados para obras por impuestos, de manera que el sector privado pueda apoyar en la labor. Los montos de inversión requeridos dependen en gran medida de la ubicación de cada tambo, pero van desde los S/ 354,000 hasta los S/ 1.3 millones, por lo que hay un amplio universo para elegir.

Acercar los beneficios del Estado a la población rural es una tarea sumamente importante si queremos reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país. Brindar a todos los ciudadanos los mismos derechos, la posibilidad de adquirir capacidades productivas, oportunidades de desarrollo y mejora, es la manera más saludable para seguir reduciendo la pobreza. Hoy no solo está en cancha del Gobierno hacerlo, sino que, a través de obras por impuestos, se ha puesto a disposición del sector privado la oportunidad de destinar sus impuestos a mejorar la calidad de vida de cientos de centros poblados, directamente y sin escalas. Felicitamos al Midis por este importante avance en materia de igualdad de oportunidades y desarrollo rural.