La salud es uno de los pilares claves para el desarrollo del país; no obstante, es también uno en el que el Perú enfrenta varios retos. Así, implementar políticas eficientes para la provisión y el acceso a servicios de salud de calidad es fundamental para crecer sostenidamente, mejorar nuestra competitividad y, sobre todo, elevar los estándares de vida de los peruanos, para lo cual el acceso a medicamentos es un factor importante.

Si bien el gasto público destinado al sector salud se incrementó a nivel nacional un 63% en los últimos años (2013 y 2018), aún nos encontramos rezagados respecto de otros países de la región, como en el caso de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, que registran un mayor gasto en salud como porcentaje de su PBI. Pero tan o más importante que destinar más recursos al sector —capital humano y recursos monetarios— es la eficiencia en su ejecución para prevenir y atender los casos que afectan la salud pública del país.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), al tercer trimestre de 2018, un 37.2% de la población peruana presentó algún problema de salud crónico; no obstante, el 59.6% de la población que reportó tener un problema de salud no acudió a los centros de salud, hecho que evidenciaría barreras estructurales y culturales que impiden un acceso efectivo a este servicio, pese a que el 75.5% de la población cuenta con algún tipo seguro, altamente concentrado en el Seguro Integral de Salud (SIS). Así, un 18.6% de la población optó por acudir a farmacias o boticas, y únicamente un 14.6% por las instituciones prestadoras de salud del Ministerio de Salud (Minsa), un 6.6% por las instituciones privadas y un 5.5% por EsSalud.

Según la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), una de las causas de mayor disconformidad entre los ciudadanos es el acceso a los servicios de salud. Entre estas destacan, en primer lugar, las dificultades para afiliación por desactualización de datos en las instituciones prestadoras de salud (IPRESS) e instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud  (IAFAS); y, en segundo lugar, dificultades para adquirir medicamentos o productos sanitarios. Por ejemplo, en las atenciones efectuadas en el primer trimestre de 2018 en las dependencias del Minsa y los Gobiernos regionales financiadas por el SIS, se registró un déficit del 0.9% entre los medicamentos prescritos y los entregados, lo que en términos absolutos correspondió a 6.1 millones de unidades de medicamentos.

Así, el 79.5% de las atenciones a usuarios de consulta externa conllevan una prescripción médica; sin embargo, solo el 56.7% de los pacientes que se atendieron en el Minsa y los Gobiernos regionales reciben todos sus medicamentos. De este modo, el 58% de las prescripciones atendidas en farmacias privadas son recetas de instituciones de salud públicas. Mas aún, el 66.8% de usuarios que acuden a boticas o farmacias están afiliados a un seguro de salud, de los cuales el 95% lo está a un seguro público.

MEDICAMENTOS DE CALIDAD

Estudios relacionados al acceso eficaz de medicamentos evidencian que esto obedece, entre otros, a factores como el establecimiento de atención, edad y nivel de ingresos o condición de pobreza. Por tanto, entender las causas que impiden contar con medicamentos de calidad para la población es crítico para diseñar e implementar intervenciones públicas adecuadas. En nuestro país, dos aspectos fundamentales han empezado a cobrar relevancia dentro de este análisis: el mercado ilegal de medicamentos y los precios de los medicamentos.

En el lanzamiento de ComexSalud, se puso a disposición información sobre estos puntos. Se estima que el mercado ilegal de medicamentos en el Perú (falsificados, adulterados y robados) moviliza alrededor de US$ 200 millones al año[1], con efectos negativos para el país, pues, como bien señala la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos de calidad subestándar y falsificados perjudican la salud, debilitan los sistemas de salud y merman la confianza en la atención sanitaria. Cabe mencionar que, según la Pharmaceutical Security Institute, nuestro país se encuentra entre los cinco países con mayor incidencia de falsificación de medicamentos, detrás de Rusia, China y Corea del Sur.

Por otro lado, en el Perú, los precios de los medicamentos son un 30% más bajos respecto de otros países de la región, incluso de aquellos con precios controlados, como Ecuador[2], lo que evidencia que en nuestro país no existe un problema de precios. No obstante, este aspecto ha motivado iniciativas legislativas que, si bien buscan asegurar precios “razonables” para los usuarios, en la práctica terminarían por afectar la oferta de aquellos medicamentos que cumplen los estándares nacionales e internacionales requeridos.

El foco debería ponerse en el acceso y la calidad de los medicamentos, y establecer una agenda con plazos para lograrlo. Urge la unificación de criterios en los sistemas públicos que permitan dar trazabilidad al expendio y uso de los medicamentos. Igualmente, mejorar los criterios de compras públicas con factores que ponderen más la calidad de los medicamentos que se adquieren. No menos importante resulta implementar la intercambiabilidad, que permita asegurar, por ejemplo, que los medicamentos genéricos sean, además de seguros, eficaces. Todo ello con una política de educación sobre prevención y cuidado de la salud con medicamentos de calidad. No hacerlo nos costará más que crecimiento económico.

[1] Videnza Consultores (2019). Medicamentos ilegales en el Perú: Diagnóstico de la situación y recomendaciones de política. Disponible en https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/publicaciones/estudios/Medicamentos_Ilegales_Final.pdf

[2] Ipsos Perú (2019). Análisis comparativo de precios en el Perú y Latinoamérica. Disponible en https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/publicaciones/estudios/Precios_Peru_vs_LATAM_2019.pdf