El 79% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República, de acuerdo con la última encuesta de Ipsos Perú. El peor nivel de aprobación y confianza desde el inicio de su gestión. Cabe destacar que este Poder Legislativo empezó sus actividades en agosto de 2016 con una aprobación de 46%, que fue disminuyendo progresivamente hasta cerrar ese año con un 32%. El 2017 no fue tampoco bueno para el Congreso. Tras los enfrentamientos políticos constantes con el Ejecutivo, la censura de varios ministros de Estado y el juego de poderes interno entre bancadas, el año finalizó para ellos con una aprobación de tan solo un 26%; porcentaje que luego siguió descendiendo tras el debacle político que culminó con la renuncia del presidente de la república en marzo de 2018. En dicho mes, la aprobación del Congreso tocó fondo y logro solo un 14%, cifra que se repitió este junio último, debido también a los escándalos de corrupción por compras sobrevaloradas.

Pero no solo los asuntos mencionados hacen que la credibilidad del Congreso esté tan venida a menos. Un asunto que muchos evalúan es su capacidad para discutir y proponer leyes que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos. ¿Cómo va nuestro Congreso en este aspecto?

A la fecha, son 3,093 las iniciativas legislativas que han sido presentadas por el actual Congreso: 844 en el segundo semestre de 2016, 1,430 durante 2017 y 819 en lo que va de 2018. Las comisiones que más proyectos han recibido para análisis y discusión han sido las de Descentralización y Modernización de la Gestión del Estado (446); Justicia y Derechos Humanos (378); Constitución y Reglamento (357); Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (318), y Trabajo y Seguridad Social (279). De todos estos proyectos, 521 han sido finalmente publicados en El Peruano; 494 tienen ya un dictamen (es decir, han sido aprobados en las comisiones donde se han discutido, pero aún no han sido debatidos en el Pleno); poco más de 200 no han procedido, y 1,554 se encuentran en comisiones esperando ser discutidos.

Pero, independientemente de las cifras, queremos destacar la forma en que vienen siendo propuestos y analizados algunos proyectos de ley en el Congreso, pues está lejos de ser un proceso eficiente. Es el caso, por ejemplo, de la reducción del consumo de plástico, proyecto del que hablamos en la edición anterior, y, en general, de muchos otros proyectos que nacen de una coyuntura social agitada, como la regulación de las concentraciones y fusiones, el control de precios de los medicamentos, la violencia contra la mujer o abuso de menores, la situación de las AFP, entre muchos otros.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

En el caso particular de la reducción del uso de plástico, si bien creemos que la iniciativa es atendible, pues busca reducir la contaminación ambiental, una tendencia que va fortaleciéndose en casi todo el mundo, estamos aún lejos de llegar a una ley seria, útil y eficiente. A la fecha, son dieciocho las iniciativas legislativas presentadas con el objeto de regular, de una forma u otra, este asunto, varias presentadas incluso por la misma bancada[1]. Luego de un análisis detallado de todas ellas, podemos notar que varias se traslapan, no tienen una exposición de motivos sólida, incluyen propuestas muy alejadas de la realidad o, en el otro extremo, contienen artículos muy generales. Lo que resulta de mayor preocupación es que varios de estos proyectos no han sido siquiera consultados con académicos o con personas que estén día a día en dicho campo, por lo que no consideran si son aplicables en la realidad peruana, sobre todo por los plazos previstos. Fuera de ello, cada proyecto (salvo tres) ha sido enviado a dos comisiones distintas, una principal y la otra secundaria, lo que hace que tarden más tiempo en llegar a una conclusión.

Es resumen, estamos ocupando tiempo, en más de una comisión (cada una con distintas prioridades y, por tanto, con plazos distintos), para analizar dieciocho iniciativas que no han probado su eficiencia. Recién cuando los proyectos están en comisión, se piden opiniones a instituciones involucradas para cada uno de ellos, que no siempre son tomadas en cuenta. Esto no solo alarga el plazo para que un proyecto sea consensuado y aprobado, sino que muchas veces culmina en uno que no es sólido ni eficiente para la realidad nacional.

MEJORES PRÁCTICAS EN EL MUNDO

De acuerdo con el Rule of Law Index 2017-2018, que evalúa el estado de derecho en 113 países del mundo, el Perú se encuentra en el puesto 63 en cumplimiento normativo. Este indicador examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones, y en ese aspecto nuestro país se encuentra por debajo de otros de la región, como Colombia (54), Brasil (48), Panamá (46), Chile (26) y Uruguay (21).

Es importante notar que para tener mejores normativas, así como un mejor proceso de elaboración de las mismas, no hace falta inventar la pólvora. De acuerdo con el documento preparado por el World Justice Project, los países que mejor implementan sus regulaciones a nivel mundial son Países Bajos, Singapur y Dinamarca. En el caso de Singapur, por ejemplo, que tiene una división de poderes muy similar a la peruana, el proceso de elaboración y aprobación de una ley inicia con una primera discusión en el Parlamento (lo que sería aquí el Pleno del Congreso), en la que se presenta la iniciativa; luego de al menos siete días, se tiene una segunda presentación en el Parlamento, pero esta vez se debate sobre sus principios y contenido en general. Luego, el proyecto pasa a Comisión, donde es pulida y corregida, y donde se reciben, además, opiniones del público y de académicos en la materia. Posteriormente, vuelve a ser debatida una tercera vez en el parlamento, aunque esta vez solo se pueden hacer precisiones sobre el contenido en sí del proyecto. Finalmente, el proyecto pasa a un comité que asegura que la normativa no contenga ninguna claúsula perjudicial para ningún grupo étnico o comunidad religiosa, tras lo cual se envía para la aprobación y firma del presidente.

Una de las cosas que resalta en el modelo singapurense es que nunca han basado la elaboración de sus políticas en dogmas o ideologías, sino que se guían por dos simples cuestiones: si es necesaria y si es probadamente eficaz. Este es un claro ejemplo de cómo un adecuado análisis de calidad regulatoria aplicado en el Congreso puede conducir a una mayor eficiencia en la implementación de normas. Aún tenemos mucho por aprender y mejorar.

[1] Cinco proyectos ingresados por Fuerza Popular, cuatro por Nuevo Perú, tres por Peruanos por el Kambio, dos por Frente Amplio y cuatro por otras bancadas.