De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el teletrabajo se define como la realización de las labores desde una ubicación alternativa al lugar de trabajo predeterminado y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A pesar de su mayor relevancia a raíz de la pandemia, esta modalidad de empleo se regula en nuestro país desde 2013 a través de la Ley N.° 30036 y su reglamento, aprobado dos años después mediante el Decreto Supremo N.° 009-2015-TR.

No obstante, con aquel reglamento, apenas se registraron 2,116 teletrabajadores en diciembre de 2019, menos de 0.1% del total de empleos formales en el sector privado, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Entre los principales motivos se consideran las imprecisiones que mantenía la norma y la rigidez para cambiar de modalidad presencial a remota.

En cuanto a lo primero, la regulación no esclarecía las responsabilidades de los empleadores, pues mencionaba que ellos debían compensar la totalidad de los gastos incurridos por los trabajadores, sin precisar cuáles y cómo debían contemplarse, suponiendo calcular y compensar, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica e internet utilizados únicamente en las labores, a pesar de lo complejo que ello pueda resultar.

Respecto de lo segundo, para cambiar de la modalidad convencional a la de teletrabajo se requería un acuerdo escrito entre el trabajador y empleador, enfatizando el carácter voluntario de la transición. Por ejemplo, si esta norma se hubiese aplicado durante la pandemia, las empresas que decidieron migrar a la modalidad del teletrabajo habrían tenido que requerir la aceptación por parte de los trabajadores, quienes podían rechazar aquella opción, lo que limitaría la capacidad de adaptabilidad y resiliencia de las empresas.

Es por ello que, en el marco de la pandemia y la suspensión de actividades presenciales, el 15 de marzo de 2020, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.° 26-2020, el cual contemplaba y definía medidas excepcionales para mitigar la expansión de la COVID-19. Este fue acompañado por el Decreto Supremo N.º 010-2020-TR, que reglamentó la aplicación del trabajo remoto en el sector privado y corrigió las principales limitaciones que mantenía la norma anterior.

En particular, se definió que la compensación de los gastos de los teletrabajadores para efectuar sus labores se calcularía a través de un acuerdo entre las partes y que la decisión de cambiar de modalidad presencial a teletrabajo dependería únicamente del empleador. Esto facilitó la determinación del monto de compensación y agilizó el proceso de transición al trabajo remoto.

No obstante, debido a la naturaleza del decreto de urgencia, estas simplificaciones regulatorias únicamente estarían vigentes durante la duración de la Emergencia Sanitaria, la cual fue extendida en agosto pasado hasta marzo de 2022. Esto es preocupante puesto que las limitaciones del reglamento original de teletrabajo no pasaron desapercibidas, inclusive sin la pandemia, pues el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) contemplaba promulgar una nueva Ley de Teletrabajo que facilite su adopción, la cual se esperaba emitir en julio de 2021.

Por desgracia, actualmente, al plan solo ha alcanzado un progreso del 12%, sin ni siquiera haber culminado la iniciativa legislativa que modificaría la Ley N.° 30036, para lo cual se estimaba como fecha límite diciembre de 2019, según el Ministerio de Economía y Finanzas. 

¿Y LAS LIMITACIONES ESTRUCTURALES?

En el Perú, desde el año pasado, se observa una mayor adopción del teletrabajo, con un total de 20,982 teletrabajadores entre mixtos (es decir, que alternan entre presencial y remoto) y completos (de manera remota en su totalidad) en mayo en el 2020, cuando se observó la mayor reducción mensual del total de trabajadores formales del sector privado, según el MTPE. A la fecha, se mantiene una tendencia creciente que alcanzó los 249,763 teletrabajadores en agosto de 2021, lo que representa un 6.8% del total de trabajadores formales del sector privado.

A pesar de ello, la proporción continúa siendo bastante pequeña en comparación con las expectativas de adopción del teletrabajo en América Latina y el Caribe. Según estimaciones de la OIT, un 23% de la fuerza laboral de la región vive en países con una adecuada infraestructura que les permitiría trabajar desde casa. Entre los factores que explicarían esta diferencia se encuentra el bajo nivel de PBI per cápita en nuestro país y la elevada informalidad laboral, como lo reconoce el Banco Central de Reserva del Perú.

Ante esta situación, resulta relevante evaluar cuáles son las limitaciones que impiden que más trabajadores migren a la modalidad remota. La principal sería la falta de acceso a internet desde el hogar, pues únicamente 5,162,999 peruanos tuvieron internet en sus hogares en 2019, es decir, un 17.4% del total de la población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). 

Cabe precisar que, sin considerar la ubicación, el 51,7% de los peruanos tenía acceso a internet.

Respecto del tiempo de acceso a internet, 4,642,522 peruanos (15.6%) podían hacerlo desde sus hogares los siete días de la semana en 2019. De ellos, solamente 2,847,675 lo hizo desde una computadora o laptop (9.6% del total), a pesar de lo relevantes que son estas herramientas para desempeñar labores de manera remota.

Cuando consideramos únicamente a los miembros de la población económicamente activa (PEA) (es decir, aquellos que estuvieron trabajando o buscaron activamente empleo, y tienen 14 años o más) que tuvieron acceso a internet desde sus hogares durante toda la semana y lo hicieron a través de una computadora o laptop, la cifra se reduce a 1,773,646 peruanos.

Al respecto, es importante considerar que no todos los sectores productivos tienen las mismas capacidades para migrar al teletrabajo. De acuerdo con la OIT, la agricultura, la manufactura, la construcción y el turismo son las actividades con mayores complicaciones para hacerlo. Si excluimos del análisis que estamos haciendo a quienes laboran en estos sectores, encontramos que solo 560,201 trabajadores tuvieron acceso a internet desde el hogar durante toda la semana y lo hicieron desde computadora o laptop.

UNA MIRADA AL TELETRABAJO EN 2021

En el segundo trimestre de 2021, la cantidad de peruanos con acceso a internet aumentó considerablemente a 22,032,190, lo que significó un incremento en cinco millones de casos y un 29.9% más respecto a los resultados de 2019. Respecto de las características de acceso a internet, el mayor aumento se concentró en los peruanos que acceden fuera del hogar y no todos los días. Además, la cantidad de peruanos que accede a internet todos los días desde el hogar a través de computadora o laptop disminuyó a 2,357,085 (-17.2% respecto de 2019).

Esto también se tradujo en una menor cantidad de miembros del mercado laboral con facilidades para realizar labores desde casa, pues la PEA con acceso diario a internet desde el hogar a través de computadora o laptop se redujo a 1,352,818 (-23.7% respecto a 2019). Asimismo, aquellos que trabajaron fuera de los sectores con mayores limitaciones para cambiar de modalidad presencial al teletrabajo y que tuvieron facilidad de trabajar remotamente disminuyeron a 466,524 (-16.7%). Es decir, cerca de medio millón de trabajadores podría pasar al teletrabajo con un marco regulatorio adecuado en el corto plazo.

Pese a que en el segundo trimestre de 2021 se redujo el número de personas con acceso diario a internet desde el hogar a través de computadora o laptop, y que trabaja en sectores con mayores facilidades para adoptar el teletrabajo, es importante resaltar que dicha cifra (466,524) aún supera ampliamente a los teletrabajadores registrados por el MTPE (249,763) en agosto. Esto representa una oportunidad, ya que más peruanos podrían laborar desde sus hogares porque cuentan con las condiciones necesarias.

Incluso, dentro de los sectores con mayores limitaciones para migrar al teletrabajo existen diferentes perfiles de trabajadores. Por ejemplo, en el sector turismo se consideran, dentro de varios otros perfiles, a los trabajadores a cargo del transporte de pasajeros y los que laboran en agencias de viajes. Estos últimos podrían tener la posibilidad de realizar sus labores de manera remota.

Asimismo, se debe considerar que la cantidad de PEA con facilidades para teletrabajar (acceso diario a internet desde el hogar a través de una computadora o laptop) supera el millón, lo que evidencia un mayor grupo de posibles teletrabajadores para los cuales también sería efectivo un mejor reglamento. Esto, por supuesto, acompañado de un mayor apoyo para adoptar dicha modalidad.

En ese sentido, si bien todavía persisten limitaciones para teletrabajar, debemos estar preparados para facilitar la entrada de la fuerza laboral a dicha modalidad. Esto porque, con el desarrollo y la adopción de mayor tecnología, la presencia de más actividades que faciliten el trabajo remoto y la reducción de la brecha de acceso a internet desde el hogar, se espera que la demanda por empleos remotos se incremente considerablemente.

Urge una nueva regulación que considere las características de esta moderna modalidad de trabajo, sin exigir que se asemeje lo más posible a los regímenes tradicionales, pues son bastante diferentes. Se requieren normas claras que no se traduzcan en mayores impedimentos para adoptar el teletrabajo.