El año pasado fue el peor de la historia para el turismo a nivel mundial y el Perú no ha sido ajeno a este problema. Según Canatur, las empresas del sector acumularon pérdidas por US$ 10,000 millones. Además, fue un año negro para la industria aeronáutica. Según IATA, en 2020, la industria perdería US$ 118,000 millones y en 2021, US$ 38,000 millones. Por otro lado, mientras que en 2019 llegaron un total de 25.4 millones de pasajeros al aeropuerto Jorge Chávez, en 2020 solo se tuvo 6.7 millones de visitantes. Nuestro principal destino turístico, Machu Picchu, también tuvo un año difícil en cuanto al arribo de turistas, con solo 252,000 visitantes, cuando en 2019 tuvimos 1.58 millones. Hemos retrocedido a niveles de hace 18 años. Realmente, es una terrible situación la que atraviesa el sector.

Sin embargo, en lugar de que el sector público, el privado y la sociedad civil trabajen de manera articulada para la pronta recuperación del sector, estamos disparándonos a los pies de manera irresponsable.

Por un lado, el sector público ha dictado normas irracionales, sin sustento técnico o evidencia científica, y sin coordinación alguna con los actores relevantes. Cuarentenas obligatorias para viajeros cuando ya se les solicita pruebas negativas. Los pocos extranjeros que tenían reservas de viaje al Perú las cancelaron, como era de esperarse. Además, ha cedido ante chantajes como las huelgas de los controladores aéreos de Corpac, con lo que ha puesto por delante intereses particulares que solo atentan contra los derechos de los ciudadanos y el país. Por último, ha sucumbido frente a la violencia y las protestas radicales, sin ejercer su función de defensa del Estado de derecho, lo que activa las alarmas internacionales de un destino inseguro.

Por otro lado, ciertos grupos de la sociedad civil en Machu Picchu vienen atentando contra el derecho de libre tránsito y de trabajo de los ciudadanos, al bloquear las vías férreas con exigencias como la anulación de contratos de concesión de operadores ferroviarios que han logrado posicionar al Perú como un destino con servicios turísticos de clase mundial. Bloqueos ilegales y exigencias irracionales que son un duro golpe para la recuperación del turismo. Los principales afectados son los miles de cusqueños que viven del turismo, quienes verán más lejana la llegada de los turistas y, con ello, estarán impedidos de llevar el sustento a sus hogares. ¿Quién defiende sus derechos? Queda claro que el Estado no.

Nuestro sector turismo está muy golpeado, con proyecciones de recuperación todavía inciertas. Miles de empresas en situación vulnerable seguramente no sobrevivirán y se sumarán a las muchas que tuvieron que desaparecer.

Es hora de que dejemos de dispararnos a los pies y sentemos las bases para una recuperación del sector. Existen dos temas claves: el impulso del Perú como un destino seguro, con políticas basadas en evidencia científica, y la mejora de la competitividad, representada por la ejecución de la infraestructura aeroportuaria y el plan de gestión territorial de Machu Picchu, con el fin de ofrecer servicios de calidad a los viajeros cuando regresen al Perú.