La pandemia de COVID-19, las restricciones de actividades implementadas para mitigarla y el deterioro de la economía peruana afectaron considerablemente al mercado laboral el año pasado, al restringir la capacidad de encontrar empleos adecuados. Esto se apreció en la severa contracción a los 14,901,782 puestos de trabajo, significando el valor más bajo registrado durante la década pasada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Esta situación fue acompañada por una expansión de la tasa de desempleo que alcanzó un 7.4%, el mayor valor registrado desde 2004, y un aumento de la tasa de informalidad al 75.3%, el máximo de la década pasada, según la Enaho.

Lamentablemente, inclusive aquellos que lograron mantenerse empleados o comenzaron vínculos laborales resultaron perjudicados, pues el salario mensual promedio a nivel nacional disminuyó a S/ 1,258 el año pasado, lo que significó una contracción del 12.8% respecto de los S/ 1,443 registrados en 2019. No obstante, existe una proporción considerable de peruanos que reciben, en promedio, salarios equivalentes como máximo a la remuneración mínima vital (RMV), pues carecen de la instrucción necesaria para acceder a empleos mejor remunerados o no encuentran mejores oportunidades laborales. 

De acuerdo con la Enaho, esta fue la realidad para aproximadamente el 58.4% de los trabajadores a nivel nacional el año pasado, es decir, un total de 8,702,605 personas recibieron un salario mensual equivalente como máximo a la RMV. Si bien se registró una mayor incidencia por las condiciones desfavorables provocadas por la pandemia, es importante reconocer que, durante los últimos años, casi la mitad de los trabajadores se encuentra en la misma situación, pues en 2019 se registró un 49% de empleados en aquella condición e, inclusive, antes del aumento de la RMV, la proporción ascendía al 48.1% en 2017. Además, también resalta que la incidencia de bajos niveles salariales se agudiza en el sector informal, donde la proporción supera el 60% y alcanzó un 73.6% en 2020, aunque en el formal no deja de ser significativo al situarse en alrededor de un 8% en años previos y un 11.8% durante la pandemia.

Desafortunadamente, esta situación se agrava en diez departamentos donde más del 70% de los trabajadores del año pasado recibieron un salario promedio mensual menor o igual a la RMV: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno y San Martín. El peor resultado perteneció a Huancavelica, donde el 87.3% de sus trabajadores, un total de 245,096 casos, laboraron en dicha condición, aunque esto no sorprende al considerar que el salario promedio del departamento alcanzó apenas los S/ 647, lo que significa una reducción del 12.9% respecto de los S/ 742 registrados en 2019. Seguidamente, se ubicó Cajamarca con una incidencia del 81.6% (692,320 trabajadores) y un salario promedio mensual de S/ 832, mientras que Puno ocupó el tercer lugar, con una proporción del 78.8% (627,243 casos) y un promedio salarial de S/ 798.

Esto es relevante porque elevados valores de la RMV para la realidad nacional, sumados a onerosas exigencias para la formalidad —que llegan a suponer costos laborales adicionales equivalentes al 45.97% de las remuneraciones otorgadas a los trabajadores, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), lo que sitúa a nuestro país como uno de los más exigentes en esta materia en la región América Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo— suponen limitaciones para la creación de empleos adecuados. Esto porque cargas regulatorias más elevadas se traducen en mayores incentivos para pertenecer al sector informal, lo que priva de condiciones de trabajo dignas para los trabajadores al sacrificar pensiones, seguros de salud, entre otros beneficios.

Por ello, a pesar de la necesidad de recuperar los niveles de ingreso de las familias, es necesario reconocer que nuevos incrementos en la RMV no son la solución, además que su aplicación sería severamente limitada por la apremiante informalidad que caracteriza al mercado laboral peruano. Inclusive, aumentar las exigencias para la creación de empleos adecuados solo desembocará en una mayor carencia de estos y una mayor exclusión de los trabajadores menos capacitados, aquellos fueron más perjudicados por la pandemia.

HACIA UNA MAYOR CREACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS

Debido a que la generación de empleos adecuados está asociada con el desarrollo económico, poco sorprende que los diez departamentos mencionados anteriormente hayan obtenido también los diez peores resultados en el último Índice de Competitividad Regional (Incore), elaborado por el Instituto Peruano de Economía. Inclusive, Huancavelica también ocupó el último puesto, con la única excepción de Cusco, que se posicionó como el décimo tercer peor resultado. En ese sentido, resulta necesaria una política activa que promueva el desarrollo departamental a través de mecanismos efectivos, como la inversión pública y privada de manera eficiente.

Lamentablemente, existen limitaciones para lograrlo, pues la inversión pública nacional no supera un 70% de ejecución del monto programado desde 2015, lo que significa un desaprovechamiento de oportunidades en departamentos que la requieren para potenciar su competitividad y generar más empleos adecuados. Es el caso de Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica, que el año pasado se situaron por debajo del 62% registrado como promedio a nivel nacional. Por otro lado, la inestabilidad política actual y el respaldo de propuestas contraproducentes para el desarrollo socavan la recuperación de la inversión privada para este año, para la cual se proyectaba un crecimiento del 19.1%, aunque recientes estimaciones de Macroconsult esperan una expansión de apenas un 7.1%, en caso la gestión gubernamental sea moderada, pero ello se reduciría a un 2.7% en caso el Gobierno apueste por propuestas extremistas o radicales.

Recuperar los empleos perdidos por las complicaciones del año pasado no será una tarea fácil, pero resultará imposible si se apuesta por contraer aún más la demanda laboral mediante la destrucción del clima de inversión nacional o imponiéndose mayores exigencias al sector formal. Esto porque, como ya reconocía la gestión saliente del MTPE, los incrementos en la RMV afectan considerablemente la capacidad de contratación, sobre todo en las empresas más pequeñas. Es una situación preocupante, si se considera que el 95.2% de las empresas formales a nivel nacional fueron microempresas en 2020, según el Ministerio de la Producción.