En reiteradas ocasiones, instituciones internacionales han advertido sobre la necesidad de invertir y desarrollar políticas que promuevan el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación (CTI). Por ejemplo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), invertir en CTI es fundamental para el desarrollo económico y progreso social, ya que la innovación permite aplicar las técnicas científicas y conocimientos tecnológicos adquiridos al desarrollo de bienes y servicios, y a generar empleo. Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) señala que las políticas de CTI correctamente integradas en las estrategias nacionales de desarrollo pueden contribuir a un incremento en la productividad y una mejora en la competitividad de las empresas.

En este sentido, en nuestro país ya se han dado algunos avances importantes. Un ejemplo de ello es el incremento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D) que, según cifras de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt), se incrementó de un 0.08% del PBI en 2011 a un 0.12% en 2016. Asimismo, otro gran paso fue la promulgación de la Ley 30806, que busca mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt) y reforzar el rol del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), como ente rector del Sinacyt.

No obstante los esfuerzos, diversos indicadores internacionales —específicamente los desarrollados por el Ricyt y los pertenecientes al pilar Capacidad innovadora del Índice de Competitividad Global (GCI, por sus siglas en inglés) elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)— muestran que aún existe una gran debilidad en lo concerniente a CTI. Por ejemplo, en el GCI 2018, nuestro país obtuvo una puntuación de 0.01 sobre 4 en el Índice de calidad de las instituciones de investigación y 2.9 sobre 7 en colaboración academia-empresa. Asimismo, el GCI nos muestra que tan solo se dan 0.21 aplicaciones de patentes por millón de habitantes, mientras que en Chile dicha cifra asciende a 4.79. De la misma manera, según cifras de Ricyt 2015, contamos únicamente con 0.2 investigadores por cada mil integrantes de la población económicamente activa (PEA), mientras que el promedio de América Latina es de 1.57. Asimismo, tal como adelantamos, si bien se ha incrementado la inversión en I+D, aún nos encontramos lejos de otros países de la región, como Brasil (1.27% del PBI) o México (0.5%).

Bajo este contexto, es evidente la necesidad de implementar políticas que tracen el camino al desarrollo y permitan una adecuada articulación entre Gobierno, empresa y academia. De hecho, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), entre sus objetivos prioritarios, establece la necesidad de generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas, por medio de mecanismos que incrementen el nivel de investigación científica y desarrollo tecnológico, transferencia de habilidades, garantías a la propiedad privada e intervenciones articuladas públicas y privadas con apoyo de la academia.

Así, el Consejo Privado de Competitividad (CPC), a partir de un riguroso análisis e investigación, ha desarrollado diez propuestas que, de implementarse, contribuirían con el progreso económico del país. Una de ellas, en busca de mejorar la institucionalidad en materia de CTI, consiste en aprobar la actualización del Plan Nacional de CTI (PNCTI) en el marco de la rectoría del Concytec y el programa presupuestal único para CTI. En esta línea, el PNCTI 2006-2011 fue creado bajo la necesidad de articulación y concertación entre los actores del Sinacyt, atender las demandas tecnológicas en áreas prioritarias y asignar los recursos bajo un único lineamiento de prioridades. No obstante, según la CPC, su implementación y la asignación de recursos consecuentemente alineados no se ha concretado. Asimismo, diversas entidades públicas aún no han elaborado las políticas de innovación que les compete. De esta manera, la CPC justifica su propuesta en la necesidad de contar con un plan que articule correctamente las distintas acciones del sector público y bajo un único programa presupuestal. Igualmente, señala que, para dicha actualización, se debería considerar herramientas como la vigilancia académica y tecnológica.

Otra de sus propuestas, que responde a la necesidad de generar conocimiento, consiste en la creación de un portal único de información para CTI, que articule y consolide información y que permita la vinculación entre los actores del ecosistema. De esta manera, todos los actores del Sinacyt, tales como universidades, sector empresarial, integrantes de la comunidad científica e instancias públicas dedicadas a actividades de CTI, deberán incorporar información. Así, se buscaría manejar estadísticas que permitan un planeamiento eficiente; una mayor difusión de los conocimientos académicos, técnicos e industriales; y el acceso abierto a la información generada.

Asimismo, en busca de una mayor transferencia de conocimiento, el CPC propone identificar y compartir información y temas de interés a través del Portal Único de Información, por parte de los gremios empresariales. El CPC basa su propuesta en la poca coordinación entre el sector empresarial y la academia, ya que los tópicos de I+D de proyectos en CTI en los centros de investigación no suelen recoger las necesidades de las empresas. De esta manera, la propuesta del CPC buscaría identificar a nivel gremial las áreas y temas de interés en CTI para su publicación en el Portal Único de Información.

Tal como las cifras indican, nuestro país aún tiene mucho por mejorar. Si bien ya se han dado algunos avances, las diez propuestas del CPC contribuirían enormemente a aumentar nuestra competitividad y afrontar los retos que establece la cuarta revolución industrial e, incluso, aprovechar sus beneficios.