Tal parece que, de forma contraria al empeño del Gobierno por destrabar inversiones e incentivar la competencia, el dinamismo y el crecimiento de nuestra economía, algunos de nuestros congresistas buscan generar regulaciones y controles innecesarios. Así, el congresista Yonhy Lescano ha reavivado la discusión sobre la evaluación ex ante de toda fusión o adquisición empresarial, mediante el Proyecto de Ley N.° 353/2016-CR. En resumen, esta iniciativa dispone que sea el sector público quien analice y, en todo caso, apruebe las decisiones de inversión del sector privado, lo que consideramos traería consigo impactos negativos para los sectores económicos, aumentaría las trabas a las inversiones, reduciría la eficiencia de nuestros mercados e, inevitablemente, evidenciaría, frente a inversionistas nacionales y extranjeros, los desfasados deseos de control económico estatal. Más aún cuando, desde hace varios años, se cuenta con un marco legal que restringe el abuso de posición de dominio por parte de los agentes económicos.

Adicionalmente, lo que podría contradecir disposiciones constitucionales, esta propuesta busca ser retroactiva, ya que actuaría sobre fusiones y adquisiciones pasadas al exigir su revisión durante los 60 días posteriores a la promulgación de la ley. Esto, sin lugar a dudas, sería un cambio relevante en las reglas de juego, que impactaría en el modelo económico y afectaría la estabilidad jurídica del país. Asimismo, se pueden identificar una serie de aspectos que, al parecer, no son contemplados por el congresista Lescano y que demuestran lo deficiente de esta propuesta.

En primer lugar, el impulso de esta ley está ligado a las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al respecto, cabe precisar que la OCDE no impone reglas o procedimientos específicos en cuanto a las fusiones y adquisiciones en sus países miembros. Asimismo, enfatiza que no toda fusión ni concentración empresarial es desfavorable para el mercado; pero por más que la teoría económica y la evidencia empírica así lo sustentan, parece que los impulsores de esta ley están cegados.

En segundo lugar, existen tipos de monopolio y oligopolios que, dadas las características del mercado y la economía en general, no resultan perjudiciales para el país ni para los consumidores. Un mercado puede estar concentrado y presentar competencia, sea por su estructura, por contar con sustitutos y por no existir barreras. Esta ley significaría, a todas luces, una barrera burocrática más, ya que obligaría a las empresas a pasar por un control previo que, definitivamente, acarrearía un costo considerable y que, sin duda, generaría poca predictibilidad. Por ejemplo, una fusión vertical (entre una empresa productora de insumos y otra transformadora o comercial) genera mayor eficiencia en ese mercado, reduce costos y eleva la calidad de la producción. Así, una empresa que desea mantener su posición dominante buscará mejorar constantemente la calidad de su producción gracias a la reinversión de sus rentas en innovación. Si como consecuencia de esa posición dominante se cometen abusos, ya nuestra legislación cuenta con las herramientas legales para evitarlos o corregirlos.

Por otro lado, existen monopolios naturales, condiciones de mercado en las cuales una empresa o un número muy reducido de ellas podrán mantener altos costos de inversión para proveer un servicio público de mejor calidad a gran escala. Otra forma de monopolio que beneficia a la sociedad son las patentes. Todo Estado que fomente la innovación y la libre competencia incentiva la retención de beneficios extraordinarios a aquellas iniciativas de innovación, investigación en tecnologías y procesos en diversos sectores, otorgándoles el grado de monopolios (patentes) sobre su producción.

En tercer lugar, el alto grado de apertura comercial e integración de la economía peruana al mundo representa un freno para que los actos de concentración afecten a los consumidores en la mayoría de los mercados. Esto se relaciona con la variedad de insumos y productos de calidad que importamos a menores costos, lo que se ve favorecido por acuerdos de desgravación arancelaria y políticas de facilitación comercial. 

Independientemente de si el mercado peruano está efectivamente concentrado o no, ¿es esto resultado de fusiones y adquisiciones que buscan poder monopólico para manipular precios y cantidades? No existe evidencia de causalidad entre ambas variables.

La industria comercial peruana, por ejemplo, es reducida en comparación con la de otros países. Esta, en 2015, generó US$ 72,007 millones, la menor entre los países de la Alianza del Pacífico y que representa tan solo un 0.4% con respecto a los países de la OCDE. Un análisis detallado muestra que, dado el tamaño relativamente pequeño del mercado peruano, muchas de estas empresas son aquellas que han logrado economías de escala y de ámbito[1]. Así, el control propuesto desincentiva y frena el desarrollo que las empresas están alcanzando para competir internacionalmente. Un grupo “grande” en el Perú no podría serlo internacionalmente y controlar su expansión limitaría su competitividad desde el propio Gobierno.

Por último, es falso que esta medida no genere ningún costo al Estado. Otorgar a la agencia de competencia estas facultades no es poca cosa. Alrededor del 50% del presupuesto asignado a las agencias de competencia en el mundo está destinado a dicha regulación. Y de acuerdo con la magnitud del presupuesto de países como Chile, México o Brasil, el presupuesto estatal del Indecopi debería aumentar un 145% para dotarla de personal y capacidades necesarias a fin de abocarse a esta nueva tarea.

Al final, ser grande no es un crimen. Lo que está mal, y hoy está penado, es no dejar espacio para la llegada de competidores y concertar precios y cantidades, es decir, el abuso de la posición de dominio. Un mercado saludable es fruto de la eficiencia, no de aplicar ideologías intervencionistas. Enfoquémonos en promover las buenas prácticas en el mercado actual. Resultaría incoherente pensar que una ley que restringe actividades tenga como objetivo, justamente, el libre mercado.