La competitividad puede entenderse como el conjunto de instituciones, políticas y factores que influye sobre el nivel de productividad de un país y que, en consecuencia, determina el nivel de ingresos y bienestar que la población puede alcanzar. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) elabora anualmente un ranking de competitividad de países y genera el Índice Global de Competitividad (GCI). En su reporte 2016-2017, ubica al Perú en la posición 67 de 168 países. Este resultado nos ubica por detrás de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, Chile (puesto 33), México (puesto 51) y Colombia (puesto 61); sin embargo, lo más preocupante es que, según el WEF, nuestra competitividad general no habría mejorado durante los últimos años: en el reporte 2012-2013 obtuvimos un puntaje que nos ubicó en el puesto 61 de 144 economías, un resultado mejor que el actual. Si bien esta posición es un indicador de lo atrasados que nos encontramos en materia de competitividad en el mundo, el resultado alcanzado en los pilares y aspectos que se evalúan nos brinda mucha información acerca de cuáles son los puntos en los que se ha tenido un desempeño aceptable y en cuáles no ha sido así.

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El desarrollo de nuestro mercado financiero es un primer factor que favorece una mejora de la competitividad. En este rubro ocupamos el puesto 26 del ranking, resultado que nos ubica terceros en América Latina, solamente por detrás de Chile y Colombia. Cabe mencionar que, como bien sostiene el WEF, un mercado financiero competitivo será eficiente y confiable si asigna los recursos ahorrados por la población a los negocios y proyectos de inversión con las mayores tasas esperadas de retorno.

Al respecto, el Perú ha realizado importantes avances en la sofisticación del mercado financiero y la inclusión financiera, a través de iniciativas como la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Se realizaron cambios respecto a la regulación y capacidad del sistema financiero peruano para favorecer el desarrollo de los negocios, sobre todo para promover que un mayor número de pequeñas y medianas empresas (Pyme) acceda a créditos. Reflejo de ello es haber obtenido el puesto 16 (de 190 países) en el rubro de obtención de créditos del ranking Doing Business 2017. Sin embargo, pese a las mejoras en inclusión financiera, el acceso de la población a estos servicios todavía es bajo, pues solamente un 35% de la población se encuentra dentro del sistema financiero, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2016.

Otro aspecto en el que vamos bastante bien es el referido a un entorno macroeconómico sólido y estable, condición necesaria para que las empresas y el Gobierno puedan operar eficientemente e impulsar el crecimiento del país. Según el ranking del WEF, ocupamos el puesto 33 en el pilar de entorno macroeconómico, que considera factores como la deuda del Gobierno como porcentaje del PBI, el balance fiscal, la inflación y la calificación crediticia del país. Como se recuerda, la deuda pública general del Perú fue de un 24% del PBI a fines de 2016, uno de los niveles más bajos de América Latina; mientras que el déficit fiscal fue de un 2.7% del PBI, por debajo del promedio de 7.6% que se registró en la región.

Por otro lado, en ciertos aspectos que determinan la competitividad de un país nos encontramos muy rezagados. En el pilar de innovación del ranking del WEF, que incluye factores como el gasto en investigación y desarrollo (I+D), disponibilidad de científicos e investigadores, y protección de la propiedad intelectual, nos ubicamos en el puesto 119. Nuestro gasto en I+D representaría apenas el 0.2% del PBI, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); mientras que respecto a los recursos humanos dedicados a I+D existen únicamente 180 investigadores por cada millón de habitantes (ver Semanario N.° 896).

Otro aspecto en el que claramente queda mucho por mejorar es en el relacionado con nuestras instituciones, en el cual ocupamos el puesto 106, de acuerdo con criterios como derechos de propiedad, eficiencia del gasto público, corrupción, comportamiento ético de las empresas, rigidez regulatoria en el Estado, entre otros. Muchos de los países de América Latina, como Colombia y México, también muestran un pobre entorno institucional, que claramente merma su competitividad y crecimiento. Según el WEF, dos de los principales obstáculos para hacer negocios en nuestro país derivan de un pobre desempeño de las instituciones públicas: burocracia gubernamental ineficiente y corrupción.

En línea con lo anterior, promover la eficiencia del Estado es una de las áreas que más retos presenta para el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), encargado de generar e impulsar reformas que potencien la competitividad del país. Si bien esta institución ha logrado importantes avances, el progreso registrado en su agenda de competitividad 2014-2018 representaba menos del 40% en 2016, indicador del amplio trabajo que aún debe llevarse a cabo. En este sentido, impulsar nuestra competitividad como economía siempre será una tarea pendiente.