El pasado 10 de setiembre (hace más de un mes), renunciaron casi todos los directores de Petroperú (salvo el representante de los trabajadores), al considerar que el Gobierno se demoraba en adoptar las decisiones propuestas por ellos para recuperar financieramente a la empresa estatal. 

Hasta el momento no se nombra a sus reemplazantes. Debe ser complicado encontrar profesionales honestos y competentes dispuestos a lidiar con las injerencias políticas. O, más difícil aún, ratificar a la mayoría de los directores renunciantes e impedir que regresen personajes que han sido parte del problema. Una dura negociación que seguramente estarán teniendo los accionistas de la empresa (el MEF y el Minem). 

La propuesta del directorio consistía en un apoyo financiero de la mano con un proceso de reestructuración llevado a cabo por una empresa especializada de alto nivel. Días después de la renuncia de los directores, el 13 de setiembre, se publicó el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, mediante el cual se aprueba el apoyo financiero y se posibilita la contratación de dicha empresa. 

El problema está en que, si no se cuenta con directorio vigente, no se puede proceder a su contratación ni iniciar el proceso de reestructuración. Y ya va más de un mes. Por ello, resulta clave que los directores que se designen o ratifiquen apoyen las acciones aprobadas. El regreso de actores que han sido parte del problema, simplemente, significaría un nuevo caso de inyección de recursos públicos sin soluciones estructurales. ¡Eso ya no se puede permitir! 

El principio constitucional del rol subsidiario del Estado en la economía dispone que podrán crearse empresas estatales cuando no exista oferta privada o por evidente interés público. En el caso de Petroperú, se podría entender la provisión de combustibles en zonas remotas, donde no hay oferta privada, pero para ello no se requiere una refinería. 

Sin duda, se necesita recuperar financieramente a la empresa para hacerla atractiva y pensar en venderla en parte posteriormente. Por ley puede recibir participación privada hasta en un 49% de su accionariado. Pero, para llegar ahí, se necesita implementar el proceso de reestructuración propuesto. El costo de oportunidad de no hacerlo es muy alto. Con tantas brechas por cerrar en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, no se puede seguir dilapidando los recursos públicos de forma tan inmoral e irresponsable. 

Por otro lado, en el marco de la última delegación de facultades, se expidió el Decreto Legislativo N.° 1693, que ordena, sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, y fortalece la estructura y gestión del Fonafe. 

En virtud de esta norma, se dispone un marco legal que permita implementar buenas prácticas de desempeño empresarial y gobernanza corporativa establecidas en las directrices de la OCDE, aplicables a las empresas del Estado, y reforzar la estructura y gestión del Fonafe, orientándolo a la supervisión y el monitoreo estratégico. 

Esta es una gran oportunidad no solo para que Petroperú regrese al ámbito del Fonafe, sino también para revisar todas las empresas estatales, a fin de asegurar que se enmarquen en el rol subsidiario y, de ser así, que se manejen de la mejor manera, con profesionalismo, tecnicismo y las mejoras prácticas de gobierno corporativo, sin injerencias políticas. La pelota está en la cancha del Gobierno.