A diario vemos cómo nuestros representantes, en el Ejecutivo o en el Legislativo, diseñan, proponen y ejecutan políticas públicas, las cuales tienen un impacto en la economía, ya sea directo o indirecto. Sin duda, estas decisiones, que exigen un minucioso análisis previo, deberían estar orientadas a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Sin embargo, nuestros representantes no pueden, o al menos no deben, tomar decisiones que sobrepasen el alcance de sus funciones. Es decir, el Estado también tiene límites y reglas que debe respetar, así como un rol que debe cumplir (ver Semanario N.° 838). Lamentablemente, este rol suele confundirse en reiteradas ocasiones, lo que conduce a que iniciativas excesivamente intervencionistas sean aprobadas e incluso apoyadas por parte de la población. Al respecto, analizaremos la Ley N.° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes[1].

Como punto de partida, debemos entender las principales disposiciones de la referida ley, cuyo objetivo sería “proteger” el derecho a la salud pública. Primero, incorpora programas que promueven hábitos alimentarios saludables en el diseño curricular de educación básica. Segundo, obliga a las instituciones básicas a fomentar la práctica de actividad física de los alumnos. Tercero, prohíbe el uso de campañas publicitarias para incentivar el consumo de alimentos con contenido elevado de grasas y azúcares (a los que, sin ningún sustento técnico, se cataloga coloquialmente como alimentos “chatarra”). Cuarto, solicita que el empaquetado de estos productos incluya advertencias sobre los efectos negativos de su consumo. Quinto, exige que los quioscos y comedores escolares vendan exclusivamente alimentos y bebidas “saludables”, según los estándares del Ministerio de Salud.

De lo anterior, se desprende el verdadero objetivo de la ley que, lejos de defender un derecho, impone una obligación: la de proveer y consumir alimentación considerada “saludable”. Así, papá Estado considera que consumir alimentos chatarra o “no saludables” es dañino para nuestra salud, por lo que establece su prohibición. Normas como esta, cuyo objetivo pareciese tan benevolente y paternal, son difíciles de cuestionar, lo que permite que sean aprobadas sin ser sometidas a un riguroso análisis previo. Incluso, cuentan con el apoyo de “especialistas internacionales”, lo cual para muchos es prueba suficiente de sus bondades. En consecuencia, estas normas no son únicamente aprobadas e implementadas en nuestro país, sino que su populismo transciende fronteras. Por ejemplo, en los próximos días entrará en vigencia la Ley N.° 20606 en Chile, Ley de Etiquetado de Alimentos, con el mismo fin de disminuir la demanda por productos “chatarra”.

No obstante, aunque nos cueste creerlo, el Estado no tiene la función de “protegernos” de nuestras propias acciones o decisiones, ni debe restringir nuestra libertad de elección. Por ello, para justificar la intervención, los defensores de esta ley han desarrollado nuevos argumentos, que apelan a la función del Estado para corregir fallas de mercado. Por ejemplo, se afirma que el consumo de comida chatarra es el principal causante de obesidad y desnutrición infantil, lo que a su vez incrementa el riesgo de padecer otras enfermedades[2]. Ahora bien, si una persona se enferma debido al consumo de productos chatarra, puede elegir entre atenderse en un centro de salud público o privado. Si escoge un centro público, los costos asociados a su salud serían financiados con gasto público, es decir, con el aporte de todos los contribuyentes. Así pues, los costos de salud no serían interiorizados por el consumidor de comida chatarra, pero sí implicarían un costo para todos los peruanos, por lo que se produciría una falla de mercado. 

En ese sentido, la intervención del Estado podría ser una opción, siempre y cuando los costos asociados a la regulación (fallas de gobierno) sean menores a las fallas de mercado. Y es que para corregir estas últimas, que se generan porque los individuos no interiorizan los costos de salud, no basta con intervenir en el mercado alimenticio. Por el contrario, el Estado debería intervenir activamente para desincentivar los diversos hábitos que pudiesen causar obesidad u otras enfermedades, por ejemplo, el sedentarismo de nuestros niños. Al respecto, los niños de esta generación tienen mayor acceso a servicios tecnológicos como internet, televisión y juegos electrónicos, los cuales fomentan el sedentarismo. Por tanto, la ley de alimentación saludable debería complementarse con nuevas normas que regulen los servicios tecnológicos dirigidos a niños y adolescentes. ¿Le parece razonable esta afirmación? Claramente no, pues las fallas de gobierno han demostrado ser mayores que las de mercado.

En conclusión, la ley de alimentación saludable no respeta las reglas de una buena intervención gubernamental, lo que es incluso peor si se considera su pésimo diseño (ver Semanario N.° 774). Esperemos que nuestro próximo Gobierno sepa tomar cartas en el asunto.