Un gasto público eficiente es esencial para proveer a la población de los bienes y servicios de calidad que necesita para mejorar su calidad de vida y contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo. No obstante, año tras año, nuestro país enfrenta grandes dificultades para hacerlo sin que haya progreso alguno a la vista. Un ejemplo de ello es el Programa Vaso de Leche (PVL), cuyas cifras exigen concentrar los esfuerzos en implementar medidas de focalización más estrictas y eficientes.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el PVL consiste en proporcionar una ración alimentaria diaria a poblaciones que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Su prioridad deberían ser los niños entre 0 y 6 años, y las madres gestantes o en periodo de lactancia; y, en segunda instancia, los niños entre 7 y 13 años, adultos mayores y personas afectadas por tuberculosis. Evidentemente, en todos los casos, los beneficiarios deben ser pobres o pobres extremos en términos monetarios[1].

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en dicho año, 917,477 hogares se beneficiaron con el PVL; sin embargo, ¡el 60.2% de estos hogares no califica dentro de la categoría de pobreza! Así, del total de hogares beneficiados, solo un 7.4% califica dentro de la categoría de pobreza extrema y un 32.4%, dentro de pobreza. En este sentido, 552,470 hogares no debieron beneficiarse del programa, porque ni siquiera cumplieron el requisito principal. Asimismo, al añadir las demás condiciones necesarias (niños entre 0 y 13 años, hogares con madres gestantes o en periodo de lactancia, y adultos mayores), estaríamos hablando de un total de 554,491 hogares infiltrados o un 60.4% de hogares que no debieron ser partícipes del PVL. Peor aún, si bien esta situación se repite año tras año, este porcentaje ascendió al 58.6% en 2017, es decir, en 2018 el porcentaje de infiltraciones aumentó.

Si analizamos los beneficiarios por departamento, tenemos que Lima fue el de mayor número de hogares beneficiarios y concentró un 19.5% del total, seguido por Cajamarca (8.7%) y Piura (6.5%). En cuanto a los departamentos con mayor tasa de infiltraciones, Ica ocupó el primer lugar al registrar un 96.4% de hogares beneficiarios que no debieron recibir el PVL. A este le siguieron Madre de Dios (95.7%), Tumbes (83.1%) y Ucayali (79.7%). Así, solo tres departamentos registraron una tasa de infiltración menor al 50%: Puno (49.9%), Amazonas (42.9%) y Cajamarca (38.7%).

¿VERDADERAMENTE SE AYUDA A LOS QUE MENOS TIENEN?

Si bien el programa tiene como objetivo mejorar el nivel nutricional de las personas que, dada su situación, no pueden cubrir sus necesidades elementales, se estaría beneficiando a un gran número de hogares que sí cuentan con dicha capacidad.

Así, el 89.4% de los jefes de hogar de las familias infiltradas tiene un empleo y un 1.3% posee un negocio propio. Además, en promedio, el ingreso mensual que recibió el jefe del hogar de una familia infiltrada ascendió a S/ 2,497. Asimismo, en el 83.6% de estos casos, el jefe de hogar percibió ingresos superiores a S/ 1,000, y en el 51.5%, superiores a S/ 2,000. Sin embargo, lo más sorprendente es que existieron familias (0.38% del total) que se beneficiaron del programa aun cuando su jefe de hogar percibió un ingreso superior a S/ 10,000.

Al analizar las condiciones de vida de estas familias, el 73.7% tiene una casa propia, y esta fue construida con material noble en un 38.4% de los casos. Asimismo, el 58.1% de los hogares infiltrados cuenta con desagüe; el 57.7%, con servicio de agua potable, y el 93.9%, con alumbrado eléctrico. Además, un 33.4% tiene por lo menos un televisor; un 17.4%, acceso a internet; un 8.7%, teléfono fijo, y el 93.9%, celular. Por tanto, es evidente que estas personas también tienen la capacidad para atender aquellas necesidades que están siendo cubiertas por el programa.

Ahora bien, esta problemática no es propia del PVL, sino que también sucede en otros programas sociales. Así, un 35% de los hogares infiltrados recibió ayuda de un programa adicional al PVL y un 19.5% se benefició de 2 más. ¡Incluso, un 0.9% de los hogares infiltrados participó de 4 programas adicionales!

La situación descrita anteriormente es solo uno de los muchos casos de ineficiencia del gasto público que ocurren en nuestro país y nos llevan a desperdiciar recursos tan limitados. Esta situación conduce a cuestionar la efectividad de la gestión pública. ¿Si el Estado no puede resolver este problema, dónde está entonces su capacidad para administrar un país con más de 30 millones de peruanos y dirigirnos hacia el desarrollo?

[1] Se considera pobre a todo aquel cuyo gasto per cápita mensual sea inferior a los S/ 344. Igualmente, se considera pobre extremo a toda persona cuyo gasto per cápita mensual se encuentre por debajo de S/ 183.