Hace poco menos de una semana, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció un nuevo proceso para la compra de tablets, debido a que la empresa inicialmente elegida no pudo ejecutar el contrato. Esto, bajo la previsión de que a fines de junio ya se estarían distribuyendo a los alumnos y docentes. Recordemos que la adquisición de estos equipos (más de 940,000 tablets por un monto mayor a S/ 600 millones) se ejecutó con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo remoto en zonas rurales y zonas urbanas catalogadas como pobres. Más allá de los pormenores, esta situación nos lleva a preguntarnos hasta cuándo nos seguirá pasando factura la falta de conectividad en nuestro país. 

Sin duda, el acceso a internet es uno de los indicadores que más ha progresado en los últimos años. Por ejemplo, según cifras del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020, actualmente, un 60.3% de la población de seis años y más ha hecho uso de internet, frente a un 32.5% en 2010. No obstante, gran parte de este acceso se produce fuera del hogar. Si analizamos la fuente de abastecimiento de internet, nos damos cuenta de que la mayoría accede por conexión exclusiva desde su teléfono móvil (un 53.4%). En particular, solo un 40.1% de los hogares tiene una conexión de internet en sus viviendas.

Sin duda, ahora somos un país mucho más conectado que antes, pero también debemos reconocer que una gran parte del país aún no cuenta con este beneficio. Por ejemplo, los que más acceso poseen son los jóvenes, pero solo el 1% de aquellos que pertenecen al quintil 1 (más pobre) tiene acceso a internet desde su casa, según cifras de la Enaho 2020. Por ello, en plena emergencia sanitaria, cuando el acceso en otros espacios es restringido, dicha situación lleva a una mayor desigualdad de oportunidades. Por otra parte, estas limitaciones ocasionan que en seis departamentos del país aún no se tenga el 100% de municipalidades conectadas, según cifras del Registro Nacional de Municipalidades, y menos del 50% en el caso de los colegios de educación básica (ver Semanario 1016). 

INICIATIVAS QUE AYUDAN Y OTRAS QUE NO

Como se ha descrito, para tener un país más conectado necesitamos mayor cobertura. En este sentido, la iniciativa Internet para Todos, conformada por Telefónica del Perú, Facebook, BID Invest y la CAF, pretende dotar de mayor acceso a este servicio a alrededor de 6 millones de peruanos de zonas rurales, que viven en más de 30,000 localidades. Esta empresa de infraestructura móvil busca alinear incentivos que no permiten que las operadoras por sí solas inviertan en estas zonas, dado que no sería rentable por los altos costos, y se convierte así en un Operador de Infraestructura Móvil Rural que ofrecerá la infraestructura a otros operadores de telecomunicaciones para brindar el servicio. En su primer año de operación (hasta mayo de 2020), ha logrado conectar a 1.6 millones de peruanos en 10,000 comunidades rurales y se prevé que este año llegue a 2.3 millones de ciudadanos.

Otra iniciativa que ha ayudado parcialmente en este proceso es la implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, mediante el despliegue de una red de fibra óptica de 13,500 kilómetros a nivel nacional y la prestación del servicio portador de señales de telecomunicaciones. A la fecha, esta red está instalada, pero existen problemas de rentabilidad y subutilización. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en 2018, solo se empleó el 17% de su capacidad, lo que se debería al menor tráfico de datos en relación con lo proyectado y las tarifas poco atractivas, situación que mantendría al proyecto estancado (ver Semanario 1002). Además, se requieren redes regionales que aún tienen problemas de mantenimiento, e inclusive en Cajamarca se encuentra en un proceso de arbitraje entre el MTC y la empresa adjudicada, de modo que la red no puede ser usada.

Por otra parte, también existe el reto de la velocidad. Por ejemplo, según cifras del Osiptel, si bien un poco más del 80% de la población puede potencialmente navegar a una velocidad de internet móvil de 4G, menos del 60% de las líneas accede a esta. Respecto del internet fijo, todavía queda un 43% de conexiones fuera del mayor rango de velocidad (16 megabits por segundo), sin mencionar que la inserción de la tecnología 5G todavía se espera para 2021, mientras que países como Chile y Brasil ya la están desarrollando (ver Semanario 1025).

En este sentido, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el Decreto Legislativo 1477, ha dispuesto un procedimiento temporal con el objetivo de hacer más ágil y sencilla la instalación de infraestructura (antenas o fibra óptica), mientras que con el Decreto Legislativo 1478 busca otorgar espectro radioeléctrico adicional a las empresas que lo soliciten. Si bien con ámbitos de mejora, estas iniciativas buscan dinamizar el mercado, lo cual no sucede con algunas iniciativas legislativas recientes que, aunque busquen beneficiar al usuario, terminan por perjudicarlo al restar incentivos a las inversiones en el sector. Tal es el caso del dictamen recientemente aprobado del Proyecto de Ley N.º 2502/2017-CR, el cual propone que los usuarios de servicios de telefonía fija y móvil puedan acumular los minutos para llamadas, mensajes de texto y megas no usados en un determinado mes, de modo que puedan emplearlos irrestrictamente en meses posteriores. Iniciativas como esta ignoran que las redes de telecomunicaciones tienen una capacidad limitada, lo que puede terminar afectando aún más las decisiones de inversión y, sobre todo, originar un colapso de las redes de cara a los consumidores.

Tenemos situaciones bastante heterogéneas. Algunas zonas ya cuentan con internet y requieren mayor velocidad, y otras aún no poseen dicha facilidad por demoras en proyectos o dificultades geográficas. Por ello, las medidas que se adopten deben contextualizar y focalizar dichos problemas. Por ejemplo, poco más de 400,000 hogares ni siquiera cuentan con acceso a electricidad, entonces hay que comenzar por solucionar esa deficiencia. Recordemos que existe una brecha de infraestructura básica del sector igual a S/ 20,377 millones y de calidad igual a S/ 106,124 millones, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, y superarla es una tarea impostergable para que más peruanos accedan a diversas oportunidades de desarrollo. No esperemos más.