El anuncio del presidente Vizcarra para adelantar las elecciones generales a abril de 2020 ha generado nuevamente un periodo de incertidumbre política en nuestro país. Opiniones a favor y en contra, argumentos de expertos constitucionalistas de uno y otro lado, reacciones airadas de congresistas, eso es lo que capta la atención de todos hoy en día. Ello nos sitúa nuevamente en un ambiente de tensión, ruido y conflictividad política que solo genera inestabilidad. Hoy nadie tiene claro qué pasará en nuestro país en el corto plazo.

Lo que sí está claro es que esta inestabilidad política viene afectando seriamente el crecimiento económico, el impulso a las inversiones, la generación de empleo y, por ende, la reducción de la pobreza. Ante un contexto incierto, las inversiones se paralizarán, lo que afectará terriblemente a un país que ya tiene un crecimiento débil. La proyección de crecimiento revisada por el Banco Central de Reserva del Perú, del 3.4% para 2019, será muy difícil de alcanzar en este escenario, y probablemente ni siquiera lleguemos a un 3%. Esta es una terrible noticia para todos los peruanos, aquellos que no viven de la política, sino que luchan día a día por sacar adelante a sus familias y buscan mejores oportunidades. Eso parece no importarle a nuestra clase política.

Debemos recordar que la inversión privada representa alrededor del 80% de la inversión total en el país, y aproximadamente un 18% del PBI. Es esta la que genera empleo, producción, formalidad y pago de impuestos. Pero para atraer más inversión se requiere predictibilidad, seguridad jurídica y señales de confianza que, claramente, hoy no existen. Nuestras autoridades parecen olvidar que su responsabilidad está con los ciudadanos, a los que deben ofrecerles mejores condiciones de vida, acceso a servicios de salud y educación de calidad, infraestructura y seguridad. Para ello, se requieren recursos que solo se consiguen con el cobro de impuestos, que a su vez se generan únicamente si la economía despega, si hay inversión, si se produce. Sin crecimiento, no habrá recursos, y el Gobierno, Ejecutivo y Legislativo, habrán fallado en la misión para la que fueron elegidos: generar mejores condiciones de vida para la población.

El Ejecutivo debe centrarse en trabajar y echar a andar la economía. Esa es su responsabilidad. Por ejemplo, implementar las medidas aprobadas recientemente en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ejercer liderazgo y autoridad para destrabar proyectos de inversión como Tía María, Majes-Siguas II, la ampliación de la Carretera Central, la ampliación de los Muelles Norte y Sur del Callao, la ampliación de la Autopista del Sol, entre otros, así como acelerar la ejecución de inversiones en hospitales y centro educativos en todo el país. Ese debe ser el foco del Gobierno, bajo el liderazgo del presidente y de la mano con sus ministros, a fin de reducir la brecha de infraestructura. Pero, sobre todo, ejerciendo la autoridad que el pueblo les confió, trabajando por el Perú y dejando de lado intereses particulares.

No hacerlo, solo deja el camino libre para aquellas fuerzas políticas que quieren patear el tablero, que quieren un cambio constitucional con un rol fortalecido del Estado empresario, políticas probadamente fallidas en muchos países del mundo. No ejercer autoridad ni gobernar hoy, solo nos llevará al abismo.

Más allá de anuncios políticos y enfrentamientos, nuestro país requiere el diálogo de las fuerzas políticas con el fin de lograr estabilidad de una vez por todas, poniendo a la economía y al ciudadano primero, brindándole una economía que despegue, que genere oportunidades y un mejor futuro para todos. ¡Abramos los ojos y seamos responsables!