El congresista José Enrique Jerí, de Somos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.° 5892/2023-CR, denominado Nueva Ley de Industrias, con el objetivo de iniciar un proceso de industrialización enfocado en ocho sectores. 

Las medidas incluyen una serie de exoneraciones tributarias de impuesto a la renta e IGV, deducción de renta por reinversión de utilidades, beneficios tributarios en polos de desarrollo en zonas amazónicas y altoandinas que deben ser aprobados por los Gobiernos regionales, preferencia en compras públicas para postores nacionales, un fondo de desarrollo industrial para crédito subsidiado, incentivos a las empresas que utilicen materia prima nacional, exoneración del pago de aranceles a productos importados destinados al consumo en la Amazonía, preferencias a inversionistas nacionales, etc. 

Con este proyecto de ley, pareciera que se quiere volver al pasado, ya que se pretende aplicar políticas industriales probadamente fallidas. La evidencia muestra que estas medidas no funcionan, solo benefician a unos “privilegiados” y acentúan la corrupción y el mercantilismo. 

Basta ver el caso de la Amazonía, con beneficios tributarios como reducción del impuesto a la renta y exoneración del IGV (Ley N.° 27037) como mecanismo de atracción de la inversión privada. El resultado: el costo tributario suma S/ 5,450 millones al año, pero predominan la pobreza y precarias condiciones de vida. En Loreto, casi el 40% de su población es pobre y 3 de cada 5 loretanos es pobre multidimensional, es decir, carece de al menos un servicio básico que le asegure una calidad de vida digna. 

Peor aún, algunas de las medidas propuestas en el proyecto, como los beneficios para aquellos que utilicen materias primas nacionales, van en contra de nuestros compromisos internacionales y tratados de libre comercio (TLC). ¿Por qué el Estado fomentaría la adquisición de un bien nacional más costoso para beneficiar a alguien y no elegir el más competitivo y de mejor calidad? 

Además, las propuestas crearían incentivos para la corrupción, tanto para congresistas que buscarían aprobar “privilegios” para sus regiones o ciertas industrias, como para las autoridades regionales que decidirían qué actividades favorecer con beneficios tributarios. Como si no hubiésemos tenido suficientes casos de corrupción en los Gobiernos regionales durante los últimos años. 

El sector empresarial no puede ni debe pedir favores o beneficios especiales al Estado. Le corresponde exigir que se asegure un entorno competitivo, seguro y predecible para impulsar la inversión privada y, con ello, el empleo formal. Además, que el Estado cumpla su rol de proveedor de servicios públicos de calidad, como educación, salud, transporte, conectividad, y seguridad. Todo ello en favor del ciudadano, no de una industria o empresa. 

Otorgar beneficios a algunos “elegidos” sin sustento técnico tiene también un alto costo fiscal (dejar de recaudar impuestos) que termina afectando a la población en su conjunto. No se puede permitir que un congresista otorgue privilegios a unos cuantos, a costa de la mayoría de los ciudadanos. 

No podemos mirar hacia atrás con iniciativas como esta. Miremos al futuro y siempre pongamos al ciudadano en el centro.