En la edición anterior analizamos el capítulo vigesimoquinto, sobre coherencia regulatoria, del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), por lo que a continuación procederemos a analizar el capítulo vigesimosexto, sobre transparencia y anticorrupción[1].

El presente capítulo busca promover el objetivo compartido por todas las partes del TPP, de fortalecer el buen gobierno y abordar los efectos corrosivos que el soborno y la corrupción pueden tener en sus economías.

En cuanto al tema de transparencia, se busca asegurar que las partes publiquen o pongan a disposición del público en general, oportunamente, sus leyes, regulaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general con respecto a cualquier asunto cubierto por el TPP. Asimismo, que en la medida de lo posible prepubliquen las mencionadas medidas o sus modificaciones, a efectos de dar una oportunidad razonable para comentarlas.

De otro lado, se busca asegurar la implementación de un debido procedimiento administrativo, esto es, (i) que quien sea afectado directamente por un procedimiento reciba un aviso razonable de cuándo el procedimiento es iniciado, incluyendo una descripción de la naturaleza del procedimiento, el fundamento legal de su inicio y una descripción general del asunto en cuestión; (ii) que se brinde al notificado una oportunidad razonable de presentar hechos y argumentos en apoyo a su posición antes de que se tome cualquier acción administrativa final; y (iii) que los procedimientos estén de conformidad con su ordenamiento jurídico.

Finalmente, se dispone la obligación de establecer o mantener el principio de doble instancia independiente, tanto en sede judicial como administrativa, con el propósito de revisar prontamente y, de ameritarlo, corregir un acto administrativo definitivo con respecto de cualquier asunto cubierto por el TPP.

En cuanto al tema de anticorrupción, se afirma la determinación de las partes para eliminar el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión, a través de la adhesión a diversos instrumentos internacionales, como los Principios de Conducta para Funcionarios Públicos del APEC y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, se reconoce que la tipificación de los delitos que sean adoptados o mantenidos, así como los principios legales aplicables que rijan su legalidad, serán de conformidad al ordenamiento jurídico de cada parte.

Asimismo, cada parte deberá adoptar medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas por estos delitos. En particular, disponer que las personas jurídicas que se consideren responsables de los delitos sean objeto de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, penales o no penales, que incluyan sanciones monetarias.

Con el fin de prevenir la corrupción, cada parte deberá adoptar medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos, en relación con la transparencia de los libros y registros, divulgación de estados financieros y normas de contabilidad y auditoría.

De otro lado, con el fin de combatir la corrupción, se dispone que las partes adopten medidas para promover la integridad de sus funcionarios públicos, como capacitación, transparencia y adopción de códigos de conducta.

A diferencia de los capítulos analizados en anteriores ediciones, el mecanismo de solución de controversias del TPP sí aplica ante cualquier incumplimiento del presente capítulo.

Adicionalmente, con el objeto de asegurar la transparencia y equidad procedimental de los aspectos relativos a productos farmacéuticos y dispositivos médicos, sin que ello signifique modificar el sistema de salud de las partes ni determinar sus prioridades de gasto en salud, se incluye un Anexo específico destinado a promover la transparencia y divulgación de información respecto de este sector.