El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de la organización Transparencia Internacional, clasifica a los países según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público, y está compuesto por una combinación de encuestas y evaluaciones efectuadas por diversas instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.

En su edición 2016, sobre una escala de 0 a 100, donde 0 implica que un país se percibe como sumamente corrupto y 100 significa que se lo percibe como muy transparente, el Perú ocupó la posición 101 (con un puntaje de 35) de un total de 176 países, lo que significa un retroceso de 13 posiciones respecto al índice de 2015. Si analizamos cuál ha sido la tendencia en el periodo 2008-2016, encontramos que nuestro país ha venido retrocediendo cada año, de manera sostenida, desde la posición 72 que tenía en 2008.

Según se menciona en el índice, actos generalizados de corrupción y de desigualdad social ocurridos en el mundo en 2016 (como los casos Panama Papers y Lava Jato) han provocado altos niveles de frustración y decepción de las sociedades frente a su clase política, lo que ha generado contextos propicios para que se impongan regímenes populistas. Así, el 69% de los países incluidos en el IPC 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, siendo dicho año más los países que descendieron posiciones que los que subieron.

Los países que mostraron los mejores resultados fueron Dinamarca (90), Nueva Zelanda (90), Finlandia (89), Suecia (88) y Suiza (86). En contraposición, en el fondo de la tabla encontramos a Yemen (14), Siria (13), Corea del Norte (12), Sudán del Sur (11) y Somalia (10).

Dentro del continente americano, los mejores resultados fueron obtenidos por Canadá (82), EE.UU. (74) y Uruguay (71), mientras que los peores fueron Nicaragua (26), Haití (26) y Venezuela (17).

Como bien se afirma en el índice, los países que se perciben como menos corruptos son aquellos que se caracterizan por tener políticas de gobierno abierto, libertad de prensa, libertades civiles y sistemas judiciales independientes; en cambio, los que se perciben como más corruptos se distinguen por una impunidad generalizada, gobernabilidad deficiente e instituciones frágiles. Así pues, contrariamente a lo que algunos afirman, los niveles de percepción de corrupción no estarían asociados a modelos económicos, sino a debilidad institucional.

En su libro Historia de la corrupción en el Perú, el historiador peruano Alfonso W. Quiroz encontró que, durante el siglo XX, la corrupción en el Perú ha estado asociada a los regímenes autoritarios y militares, con énfasis en las prebendas por compras de armamentos. Asimismo, destaca que los factores que han favorecido la corrupción son el control de precios, la presencia abundante de empresas estatales, las tasas altas de impuestos y aranceles, las prohibiciones, las cuotas, las barreras burocráticas, los permisos y licencias, y las malas reglas y prácticas en compras estatales.

En 2003, Ana Eiras, analista política senior de economía internacional de la Heritage Foundation, publicó el estudio titulado Ética, corrupción y libertad económica, en el que explica la corrupción en términos económicos y muestra cómo la libertad económica reduce las oportunidades de corrupción y promueve la ética, pero no por sus implicancias morales, sino por su valor económico.

Así, concluye que, a mayor libertad económica -entendida esta como mayor competencia, menor intervención estatal (ya sea a través de tributos, gasto público o sobrerregulación) y fortaleza e independencia del sistema judicial para aplicar las leyes y proteger los derechos de propiedad-, menor corrupción.

Eiras entiende la corrupción como un síntoma y no como la raíz del problema, y advierte que la mejor forma de combatirla no es restringiendo las actividades privadas, sino eliminando las sobrerregulaciones que propician estos actos de corrupción, además de preservar la independencia y efectividad del sistema judicial para castigarlos.

Por todo lo anterior, la solución al problema que enfrentamos no va por restringir las actividades de la empresa privada, cambiar el modelo económico o aprobar una nueva Constitución, como lo vienen sosteniendo algunos sindicatos de trabajadores y grupos políticos de izquierda, sino más bien por emprender las acciones que el Gobierno viene impulsando, pero tal vez de manera más enérgica y con mayor convicción.

Por el lado del Ejecutivo, es necesario continuar implementando las medidas aprobadas por delegación de facultades, referidas a la simplificación administrativa, eliminación de barreras y mejora de la gobernanza pública. Por el lado del Legislativo, blindar estas medidas y trabajar en las que sean necesarias para fortalecerlas. Finalmente, por el lado del Poder Judicial, asegurar esa independencia y predictibilidad que garantice su plena ejecución.

Solo a través de una acción coordinada y afín se logrará superar esta amarga coyuntura y concentrarnos en el objetivo tan deseado de seguir creciendo a futuro, en beneficio de todos.