A raíz de la reciente confirmación de los actos de corrupción en los que habría estado involucrada la empresa Odebrecht, respecto de obras públicas desarrolladas en diversos países, incluido el Perú; las mismas voces de siempre reaparecen para advertir sobre los riesgos generados por el gran poder que tienen las empresas transnacionales y sus estrategias para invertir mediante actos ilegales, en complicidad con políticos de turno. Y que los acuerdos comerciales internacionales, como los tratados de libre comercio (TLC), sirven para ese propósito, por lo que se hace cada vez más necesario contar con un tratado internacional que regule y controle las acciones de las empresas transnacionales.

No entendemos si es por carencia de vocación investigadora, flojera de leer unas cuantas páginas, falta de comprensión de lectura o por un simple y deliberado afán de desinformación, pero la necesidad de contar con herramientas para que los Estados puedan prevenir y combatir la corrupción, representada por actos de soborno relacionados con el comercio y la inversión internacionales, fue reconocida, desde su inicio en el año 2004, en las negociaciones del TLC suscrito entre el Perú y EE.UU., vigente desde el 1 de febrero de 2009, mucho antes que el tema fuera materia de discusión pública, como lo es actualmente.

Así pues, el capítulo diecinueve de dicho acuerdo, denominado Transparencia, contiene una sección B referida a la lucha anticorrupción. En ella se afirma la determinación de las partes para eliminar el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión, a través de la adhesión a diversos instrumentos internacionales, como los Principios de Conducta para Funcionarios Públicos del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, se reconoce que la tipificación de los delitos que sean adoptados o mantenidos, así como los principios legales aplicables que rijan su legalidad, serán de conformidad al ordenamiento jurídico de cada parte.

Asimismo, se dispone que cada parte deberá adoptar las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios legales, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas por estos delitos. En particular, disponer que las personas jurídicas que se consideren responsables de los delitos sean objeto de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, penales o no penales, que incluyan sanciones monetarias.

Con el fin de prevenir la corrupción, cada parte deberá adoptar las medidas necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos, en relación con la transparencia de los libros y registros, divulgación de estados financieros y normas de contabilidad y auditoría. De otro lado, con el fin de combatir la corrupción, se dispone que las partes adopten medidas para promover la integridad de sus funcionarios públicos, como capacitación, transparencia y adopción de códigos de conducta.

Fue justamente como consecuencia de estos compromisos que, en el proceso de implementación del TLC, se promulgó el Decreto Legislativo N.° 982, por el que, entre otros, se modificó el artículo 105 del Código Penal, referido a las medidas aplicables a las personas jurídicas, mediante el cual se dispone un mandato al juez (antes era potestativo) para aplicar las medidas dispuestas en caso el delito sea cometido en el ejercicio de la actividad de una empresa o en su beneficio.

Cabe resaltar que este tipo de disposiciones ha sido incluido en acuerdos posteriores suscritos por el Perú, como con Canadá e incluso en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), aún pendiente de entrar en vigencia, pero que ha sido muy cuestionado por, entre otros motivos, promover esta supuesta liberalización en la actuación de las empresas transnacionales, lo que resulta falso por lo anteriormente descrito.

Más aún, el Acuerdo de Profundización Económico Comercial suscrito entre Perú y Brasil, en abril del año pasado, y aún pendiente de entrar en vigencia, incluye medidas relacionadas con inversiones y comercio de servicios, entre las que dispone expresamente que, a la par con el compromiso de las partes de adoptar o mantener medidas y esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, nada las obligará a proteger inversiones realizadas con capitales o activos de origen ilícito, inversiones en cuyo establecimiento u operación se verificaron actos de corrupción, o actos ilícitos que, de conformidad con sus leyes y regulaciones, hayan sido sancionados judicialmente con la pérdida de activos.

Así pues, lejos de que las disposiciones previstas en los acuerdos comerciales internacionales puedan considerarse como permisivas frentes a actos de corrupción, estos constituyen herramientas sólidas que equilibran tanto el aspecto promocional como protector de las inversiones, con las acciones soberanas de los Estados para resguardar sus políticas públicas, en diferentes ámbitos, como el de la seguridad. A cazar fantasmas a otra parte.