El Programa del Vaso de Leche (PVL) está diseñado para distribuir alimentos a la población en situación de pobreza. Este año se habrían asignado más de S/ 472 millones para su administración. Sin embargo, la mitad de los recursos son destinados a personas no pobres, porque las municipalidades y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no identifican correctamente a los beneficiarios. 

La infiltración en el PVL, definida como la población que accede al programa, pero no debería, representa la mitad de los beneficiarios. Este es un problema recurrente en los programas sociales, pero los resultados del PVL son excesivos. A pesar de la magnitud del problema, los esfuerzos del Estado para destinar mejor estos recursos a la población que verdaderamente los requiere han sido mínimos. 

El año pasado, se registraron 2,725,729 beneficiarios del programa, pero 1,263,499 (46.4% de ellos) no eran pobres, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). La evolución de los beneficiarios del PVL evidencia que la cobertura del programa disminuyó desde la pandemia. También, que la mayoría de la reducción de beneficiarios se concentró en los infiltrados, pero aun así continúan representando casi la mitad. En contraste, los beneficiarios en situación de pobreza extrema se mantienen casi invariable, a pesar de que se registraron casi 300,000 peruanos en situación de pobreza extrema adicionales entre 2022 y 2023. Lo mismo sucede con los pobres no extremos. 

Los departamentos con mayor proporción de infiltrados fueron Madre de Dios (87.1% de beneficiarios no son pobres), Ica (78.5%), Moquegua (78%), San Martín (74.7%) y Tumbes (71.5%). Sin embargo, las municipalidades con peor capacidad para identificar a la población beneficiaria fueron Ica, Tacna, Arequipa y Junín. Esto porque más de la mitad de los beneficiarios son infiltrados y casi el 40% o más de ellos eran no vulnerables. 

¿CÚANTOS RECURSOS SE PIERDEN ANUALMENTE?

El costo promedio para atender a un beneficiario asciende a S/ 198, aproximadamente, lo cual se mantuvo constante en los últimos años. La estimación corresponde al presupuesto ejecutado por programa anualmente, dividido entre la cantidad de beneficiarios que reportan directamente las municipalidades. Al respecto, es importante precisar que la cifra de beneficiarios estimada a través de la Enaho supera lo registrado directamente por las municipalidades. Estas omisiones se explicarían por los problemas administrativos en la gestión y las infiltraciones al programa. 

Así, el presupuesto utilizado para atender a los infiltrados totalizó S/ 250 millones el año pasado. Los departamentos que más recursos gastaron fueron Lima (S/ 53 millones), Piura (S/ 19.8 millones) y Áncash (S/ 16.8 millones). Esta cifra superó el presupuesto asignado a otras intervenciones de asistencia alimentaria para los más pobres, como los comedores populares (S/ 233 millones) y las ollas comunes (S/ 89 millones). 

Cabe resaltar que, la mayoría de las infiltraciones ocurrieron en las instituciones educativas, donde se atendió a 561,812 beneficiarios que no estaban en situación de pobreza (44.5% del total). Le siguen las casas coordinadoras, con 474,399 infiltrados (37.5%). En ambos casos, la discrecionalidad de a quién dar los beneficios no depende de las municipalidades, sino de las escuelas o comités vecinales, los cuales enfrentarían mayores limitaciones para identificar quiénes son verdaderamente pobres o no. 

Es decir, las infiltraciones en el programa se explicarían por la menor participación de las municipalidades, que encargan la distribución a otras instituciones, a pesar de que son ellas las responsables de la ejecución del PVL. La distribución de responsabilidades debe incrementar la cobertura del programa, pero la falta de acompañamiento en el proceso genera que la mayoría de los recursos se asignen a la población errada.

Debido a que las infiltraciones son un problema común en los programas sociales, es probable que estos resultados y limitaciones en la administración se repliquen en los demás. El PVL representa tan solo uno de los programas alimentarios del Estado, que reciben un presupuesto total de S/ 2,981 millones. Así, cada año se pierden cuantiosos recursos que no llegan a la población que realmente los necesita.