Hace un año se promulgó la Ley N.º 31814, que fomenta el uso de la inteligencia artificial (IA) en el Perú, y su reglamentación está próxima a publicarse. Sin embargo, los legisladores continúan presentando iniciativas enfocadas en regular la IA para prevenir delitos y aplicarla en sectores específicos como la administración de justicia, la seguridad ciudadana y el sector de transportes. La normativa que se emita no debe desincentivar el uso de la IA. 

Lo más importante en relación con la normativa sobre IA es mantener un enfoque que promueva el uso de esta tecnología. Este enfoque se refleja en la Ley N.º 31814 y en la Política Nacional de Transformación Digital. Asimismo, el Poder Ejecutivo se encuentra reglamentando dicha ley, a fin de establecer lineamientos para su uso, promoción y desarrollo. Por lo tanto, las nuevas iniciativas regulatorias sobre IA deben estas alineadas con lo dispuesto en estas normas. 

No obstante, se advierte que, en muchos aspectos, estos proyectos de ley no guardan una correlación con las normas aprobadas y establecen medidas que desincentivarían el uso de la IA. De la revisión de los proyectos, se observa que algunos parten de una concepción negativa sobre la IA, y proponen regularla estrictamente, debido al aumento de delitos cometidos mediante su uso. 

Por ejemplo, el Proyecto de Ley N.° 7033/2023-CR plantea imponer responsabilidades a los desarrolladores y proveedores de sistemas de IA por el mal uso de esta tecnología, obligándolos a reparar los daños causados y compensar a las personas afectadas. Esto generaría un ambiente negativo que podría desincentivar la incorporación de tecnologías emergentes, debido a las posibles consecuencias impuestas por el marco regulatorio. 

El enfoque del legislador debería cambiar, ya que el problema no radica en la creación de herramientas de IA, sino en el uso desproporcionado e ilegal que algunas personas hacen de ellas. Las medidas que se propongan deben enfocarse en las conductas de los usuarios de la tecnología, quienes son, en última instancia, los responsables de su uso inapropiado. 

No toda nueva tecnología necesita un marco regulatorio específico. Por el contrario, las normas generales son aplicables a las situaciones que puedan presentarse con cualquier tecnología actual o futura. Los problemas jurídicos que puedan surgir en materia penal, civil, de consumo o de derechos de autor, entre otros, pueden resolverse bajo la legislación vigente. 

Preocupa que algunos proyectos generen duplicidad normativa respecto a lo dispuesto en la Ley N.° 31814. Esto causaría confusiones y cargas adicionales para quienes trabajan con tecnologías de IA, al tener que cumplir múltiples regulaciones similares. En lugar de fomentar la claridad y la eficacia, la normativa podría generar obstáculos que desincentiven la adopción de tecnologías avanzadas. 

Es necesario evaluar cuidadosamente la necesidad de nuevas disposiciones para evitar caer en la sobrerregulación y garantizar que las medidas adoptadas se sometan a un análisis de proporcionalidad. Una regulación estricta podría impactar negativamente en el desarrollo innovador del país. 

Para evitar la proliferación de normas, las precisiones adicionales deberían realizarse mediante el Reglamento que desarrolla la Ley N.° 31814, y no mediante otras normas con rango de ley. Esto ayudaría a prevenir la dispersión regulatoria y contradicciones con la normativa vigente, lo que garantizaría mayor claridad en su aplicación. 

Otro aspecto importante es que el Perú está en proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que el Congreso debe alinearse con las políticas de dicho organismo. La OCDE recomienda a los Estados miembros fomentar una regulación basada en la experimentación de la IA, para permitir su prueba y expansión posterior. Además, sugiere evaluar mecanismos que promuevan la innovación y la competencia en torno a una IA confiable. 

Dado que en el Congreso existen distintas iniciativas que buscan regular la IA, al imponer múltiples exigencias que podrían obstaculizar el desarrollo tecnológico, sugerimos convocar más mesas de trabajo con la academia, la industria y la sociedad civil para conformar un comité de expertos encargado de analizar cada una de estas iniciativas y emitir recomendaciones de política pública que las comisiones del Congreso podrían considerar. 

Solo si mantenemos la coherencia con el ordenamiento jurídico nacional, adoptando estándares internacionales y enfocándonos en el uso específico de la tecnología, podremos garantizar que el país desarrolle las mejores propuestas de política pública. Esto permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la IA y fomentar el desarrollo tecnológico.