Por tercer año consecutivo, las entidades públicas han publicado sus agendas tempranas. Estos son instrumentos que permiten informar a la ciudadanía sobre sus planes regulatorios. Existen oportunidades de mejora para garantizar su eficacia. 

Las agendas tempranas forman parte de los instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria. El Decreto Supremo 063-2021-PCM, que desarrolla el marco institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria, indica que, por medio de la agenda temprana, la entidad pública programa y publica sus problemas públicos y posibles intervenciones regulatorias. Ello con la finalidad de lograr mayor predictibilidad, participación y transparencia en el proceso de producción regulatoria. 

El DS 063-2021-PCM dispone que las entidades públicas deben elaborar y publicar sus correspondientes agendas tempranas, a más tardar, el último día hábil del mes de enero. Entre sus elementos mínimos se exige la definición del problema público debidamente sustentado. 

Los lineamientos para la aplicación de la agenda temprana y de la consulta pública en el marco del análisis de impacto regulatorio ex ante, aprobados por Resolución Ministerial 163-2021-PCM, sugieren poner a disposición un documento resumen con el sustento, así como enlaces a páginas web o a documentos con información adicional. 

DEFINICIÓN Y SUSTENTO DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS: UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA

Las entidades públicas empezaron a publicar sus respectivas agendas tempranas en 2023. En las presentadas a finales de enero de 2025 habría oportunidades de mejora, específicamente en la definición del problema público. 

Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha indicado como problema público la inseguridad en el desarrollo de operaciones con sistemas de aeronaves a distancia. Como sustento, hace referencia a casos del extranjero, sin que se haya validado que estas operaciones se hayan dado en nuestro país ni tampoco que existe el número de operaciones con estas aeronaves en territorio nacional, lo que evidencie la existencia de riesgos. Así, esta sería una problemática en otros países, no en el Perú. 

Asimismo, se aprecia la delimitación de problemas públicos sobre la base de información con antigüedad de 2 años. El MTC emplea información de 2023 para sustentar el problema público consistente en la inadecuada prestación de servicios en el transporte terrestre de personas. Contar con información actualizada a 2024 le permitiría a la autoridad tener mayores elementos para sustentar la permanencia del problema público, o para actualizarlo. 

Otro ejemplo se observa en la agenda temprana de la Superintendencia del Mercado de Valores. En su documento se delimitó como problema público la insuficiencia del nivel de transparencia de la información con la que cuentan los inversionistas con relación a las remuneraciones de los directores y la alta gerencia. Como sustento se indica, principalmente, que esta información permite a los inversionistas evaluar la política remunerativa y conocer los beneficios y costos de las empresas. Sin embargo, no se hace referencia a documentos adicionales que den cuenta de los beneficios invocados ni se ha considerado el contexto de alta inseguridad ciudadana. 

Las agendas tempranas son las que informan hacia dónde se dirigirán sus esfuerzos regulatorios durante el año. Los ejemplos descritos evidencian la importancia de que los problemas públicos no hagan referencia a casos específicos, solo informen de casos extranjeros (y no de casos en el país), o cuenten con información incompleta, desactualizada o descontextualizada (sin considerar la inseguridad en el país). 

De esta forma, las entidades podrán dirigir mejor sus esfuerzos regulatorios, sin que se creen normativas que regulen todo un sector cuando el problema es específico, o cuando este podría solucionarse aplicando la normativa vigente. Para evitarlo, se sugiere convocar a reuniones con los sectores involucrados antes de definir la problemática, de modo que puedan contar con más insumos.