Tenemos un Gobierno de izquierda, débil, sin liderazgo y que apuesta por la supervivencia. Al lado, un Congreso populista, fragmentado y oportunista. Los peruanos al medio, con una economía que no se recupera, un mercado laboral precario y una creciente inseguridad ciudadana. 

Esta combinación explosiva de Gobierno débil y Congreso populista está destruyendo la economía y la posibilidad de todos los peruanos de mejorar sus ingresos. Una de las consecuencias de ese deterioro institucional ha sido la rebaja de la calificación crediticia del Perú. 

Esto nos afecta a todos, ya que aumenta el costo del crédito tanto para el Estado como para las empresas y las personas. Será más caro conseguir dinero para que el Estado pueda invertir o que el ciudadano pueda financiarse para abrir un negocio, comprar una casa o iniciar un emprendimiento. La inversión de todo tamaño se hace más costosa y difícil, con lo que se dificulta la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejora de los ingresos familiares. 

El Gobierno agrava ese deterioro institucional que viene desde hace algunos años. Lo ocurrido con el Consejo Fiscal es una vergüenza e irresponsabilidad. Este había alertado en los últimos meses sobre el mal manejo de las finanzas públicas: el intento de maquillaje de cifras de la anterior gestión del MEF, el sobrendeudamiento de la Municipalidad de Lima, el aumento del gasto público por parte del Congreso —lo que viola la Constitución—, y los recursos otorgados al Gobierno Regional de Ayacucho a pesar de la “austeridad fiscal”. 

El Gobierno perdió la oportunidad de mostrar un compromiso con la disciplina fiscal. Claramente, no le gustaron estas críticas y puso por delante a sus aliados políticos, con lo que decidió no renovar al presidente del Consejo. Y el MEF no hizo nada. Otro ministro ya hubiese renunciado. Pero esto ya se está volviendo “común”. Cómo se extrañan esas épocas en las que teníamos un MEF con liderazgo, cuando su opinión era escuchada y respetada. 

Preocupa también el pedido de facultades delegadas. Estas deben ser una oportunidad para reactivar la economía y reducir la burocracia y la tramitología. Tienen que contener, por ejemplo, un nuevo régimen agrario que elimine las distorsiones que tanto daño le hacen al empleo en el campo. Pero, con un Gobierno que deja hacer al Congreso, esas facultades pueden terminar siendo un saludo a la bandera. 

A su lado, tenemos un Congreso populista y fragmentado que viene impulsando leyes que aumentan el gasto público, a pesar de su inconstitucionalidad. La última fue la aprobación de su aumento salarial para “premiarse” ellos mismos, a pesar de la difícil situación que vive el país. A esto se suman los proyectos para encarecer el empleo formal, el “premio” a los maestros desaprobados en sus evaluaciones, la reducción del IGV a salones de belleza, la eliminación de las comisiones bancarias y el retroceso en la lucha contra la minería ilegal. Populismo puro. 

Los peruanos estamos a merced de políticos que, en lugar de servir, se sirven del Estado. Urge madurez y responsabilidad para poner primero al país. ¡Siempre el Perú por delante!