En 2024, el déficit fiscal fue de un 3.6% del PBI, cifra que supera la regla fiscal establecida para ese año en 0.8 puntos porcentuales (pp). La menor recaudación esperada y el mayor gasto público fueron las razones detrás de este resultado. 

El 31 de enero de 2025, José Antonio Salardi Rodríguez fue designado ministro de Economía y Finanzas, en reemplazo de José Arista, quien duró 11 meses y 17 días en el cargo. Salardi enfrentará el desafío de recuperar la sostenibilidad fiscal, la cual se vio comprometida por la gestión de su antecesor. 

Uno de los principales retos en este ámbito es el manejo responsable y prudente de la política fiscal, ya que esto permite mantener un bajo nivel de déficit. Gracias a ello, es posible afrontar choques adversos, como la crisis generada por la COVID-19; alcanzar o preservar calificaciones crediticias soberanas en grado de inversión; acceder a financiamiento en mercados internacionales a tasas competitivas y reducir la deuda pública. 

Por ello, el Consejo Fiscal (CF) destaca la disciplina fiscal como un pilar fundamental para atraer la inversión privada, impulsar el crecimiento económico y garantizar la estabilidad macroeconómica. 

En los últimos cinco años, la regla fiscal inicial fue transgredida en cada periodo. Sin embargo, al considerar su versión modificada, el incumplimiento se restringió exclusivamente a 2023 y 2024. Esto se debe a la suspensión de la norma durante 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19; así como el ajuste al alza de la regla fiscal de 2022, con el propósito de implementar medidas orientadas a la recuperación económica, según lo establecido en el Decreto de Urgencia N.º 079-2021. El CF se pronunció en contra de este último ajuste, pues superaba la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 2.6% del PBI. En el informe N.º 01-2022, recomendó reducir el límite de déficit fiscal vigente para no afectar la consolidación fiscal de ese año. 

En abril de 2024, el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2024-2027 ajustó al alza la meta del déficit fiscal, que pasó del 2% al 2.5% del PBI. En julio, el Decreto Legislativo N.º 1261 redefinió la regla fiscal y la fijó en un 2.8% del PBI, con el propósito de asegurar el financiamiento de medidas destinadas a la reactivación económica. Esta nueva cifra se incorporó posteriormente en las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2025-2028. 

El déficit fiscal del año previo superó en 0.8 pp la regla fiscal modificada del 2.8% del PBI y en 1.6 pp. la regla fiscal inicial del 2%. Estas desviaciones lo posicionaron como el año con el mayor nivel de incumplimiento respecto de la regla fiscal vigente al inicio del periodo y el segundo más elevado en relación con la establecida al cierre del año desde 2000, según el CF. 

El incumplimiento de la regla fiscal por segundo año consecutivo responde a un menor crecimiento de los ingresos fiscales, un mayor gasto público no financiero y una expansión de la inversión pública, según el último informe trimestral de Reglas Fiscales de Gasto de 2024 del MEF. Los ingresos fiscales crecieron solo un 2.7% en términos reales, lo cual está por debajo del 4% proyectado en el MMM 2025-2028. Asimismo, la recaudación se redujo al 19.1% del PBI (0.5 pp menos que en 2023). 

Este menor flujo de ingresos estuvo acompañado por un incremento del 7.1% real del gasto, impulsado por la inversión del Gobierno general en un contexto de recuperación económica. A su vez, la inversión pública alcanzó un 5.1% del PBI, lo que representó un incremento de 0.4 pp con respecto a 2023. 

El reiterado incumplimiento de la regla fiscal puede erosionar la confianza de los agentes económicos en el compromiso de las autoridades con la sostenibilidad fiscal, según el CF. A mediano plazo, este escenario comprometería la estabilidad de las finanzas públicas. Entre 2022 y 2024, la acumulación de déficits redujo los activos fiscales en 4 pp del PBI y elevó la deuda neta en 3 pp. 

Restablecer el equilibrio fiscal es clave para evitar mayores desequilibrios en las finanzas públicas y asegurar un crecimiento estable. Sin una corrección oportuna, la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados pueden deteriorarse, lo que afectaría el acceso a financiamiento y limitaría la inversión a futuro.